Por Marc Allas
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró hoy “sin lugar”, nueve de 10 recursos de Hábeas Corpus presentados a favor de personas privadas de libertad.
La acción del máximo tribunal de justicia pone en peligro la integridad física de los ambientalistas de Guapinol y otros presos políticos que permanecen privados de su libertad en distintas cárceles del país, en vista del riesgo que supone la influencia del coronavirus o covid19 en Honduras.
Con este tipo de resolución el estado de Honduras falta a su deber de garante, poniendo en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, quienes están sometidas bajo su custodia.
Los recursos fueron presentados por el Área de Acceso a Justicia del COFADEH y un grupo de juristas a nivel internacional a favor de Jeremías Martínez Díaz (recluido en el penal de La Ceiba), Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orvin Nahúm Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez (que guardan prisión en el centro penal de Olanchito). Todos ellos componen el grupo de defensores del ambiente de Guapinol.Desde hace varias semanas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó 2 recursos de Hábeas Corpus ante la CSJ con el propósito de advertir al régimen, sobre el peligro de contagio que corren los ambientalistas de Guapinol y otros presos políticos.
Los ambientalistas están presos por órdenes del régimen, y su delito es por defender los ríos Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, amenazados por la extracción minera ejercida por Inversiones Los Pinares.
Los recursos también abarcaron a los presos políticos Felipe Ezquivel, Víctor Josep Castillo Quiroz y Rommel Baldemar Herrera Portillo, éste último, un joven docente que se encuentra bajo custodia policial en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, después de haber permanecido recluido en la máxima cárcel de tortura conocida como La Tolva, al oriente de la capital.
El pasado 6 de abril, el COFADEH presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, una solicitud de “pronta resolución” del Hábeas Corpus Correctivo que previamente había presentado el 24 de marzo de 2020 a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y los presos políticos del país.
El recurso de Hábeas Corpus Correctivo fue interpuesto por el Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y Juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De producirse un caso fatal de deceso, el estado de Honduras estaría siendo responsable directo, ya que los privados de libertad están bajo la custodia del régimen.Con el anuncio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el régimen hace caso omiso de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos, y de los llamados de la comunidad internacional para que dejara en libertad a los presos políticos en Honduras, que son virtuales víctimas de contraer el virus del Covid19 y cuyas vidas corren peligro.
Cualquier desgracia, abriría la puerta a una demanda a nivel internacional, en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en vista que el régimen fue advertido en reiteradas ocasiones, de la amenaza que representa el coronavirus en los centros penales del país.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte informó que el recurso fallado “ha lugar” por parte de los magistrados, fue el interpuesto a favor de los ciudadanos Carlos Alberto Álvarez, Marco Antonio Antúnez Pineda, Roberto Javier Alemán Castellón, Jorge Alberto Velásquez Paz, Florentino Pingarró, Denis Francisco Sabillón y William Navas, por presuntas actuaciones de la Penitenciaría Nacional de Támara.
Las personas arguyen que no tienen acceso a medicamentos para tratar sus enfermedades. En tal sentido se falló “ha lugar” la garantía para ejecutar el Hábeas Corpus Correctivo, por lo que las autoridades deben garantizar el acceso a las medicinas, alimentación e insumos de higiene.
Mientras tanto, en el grupo de los recursos declarados “sin lugar”, figuran los interpuestos a favor de Rosa Elena Bonilla Ávila, Mario Antonio Rojas, Jacobo Barrasa Mejía, Carlos Humberto Zúniga Aguilar, Rosario Evangelista Ortiz, Carlos Olman Rodríguez, Alfonso Ramírez, Hermes Antonio Córdova Licona y Rodolfo Pastor Vásquez.
Igualmente, se notificaron 14 recursos de amparo, de los cuales seis se admitieron, cinco fueron declarados inadmisibles y en tres más se solicitó un previo para posterior pronunciamiento de la Sala.
En ese sentido, Duarte especificó que los recursos de amparo admitidos son en contra de actuaciones de la Presidencia de la República, Copeco y Secretaría de Salud ante la falta de insumos médicos y equipo de bioseguridad para enfrentar la pandemia.
Aunque dentro de los casos declarados “sin lugar”, no se especificó los recursos presentados por el COFADEH, la resolución supone que también fueron rechazados en vista del tiempo transcurrido desde la fecha en que fueron presentados, y tomando en cuenta de que los mismos exigen una pronta resolución.
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