sábado, 30 de mayo de 2020

Mujeres: Víctimas silenciosas del Covid-19



A los 20 años Carmen González se casó con José, hombre que juró amarla y respetarla por sobre todas las cosas. Carmen nunca imaginó que esa promesa se la llevaría el viento y que a pocos meses de casados, la imagen de hogar feliz cambiaría gracias a los gritos, regaños y acusaciones de infidelidades por parte de su pareja.

Carmen es originaria del municipio de Morocelí, El Paraiso, zona oriental de Honduras, provine de una familia pobre. Desde muy pequeña sus padres se desplazaron a la capital de Honduras, Tegucigalpa, de niña tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar, con mucho esfuerzo culminó la primaria y secundaria, pero la universidad fue un sueño sin cumplir.

Ahora Carmen tiene 50 años, han pasado 30 años de matrimonio en los que procreó tres hijos con José con quien ha tenido una relación llena de agresiones, Carmen cuenta que el principal pecado que cometió fue contarle a su esposo que, antes de casarse tuvo relaciones sexuales, a partir de ello su esposo comenzó una serie de insultos y acusaciones en su contra.

“En varias ocasiones me dijo que no salía a la calle conmigo porque no sabía con cuántos hombres me había acostado. Me decía que él había sido el único tonto que se juntó con una puta”, recuerda Carmen con la voz quebrada por el llanto.

A raíz de las agresiones, José y Carmen se separaron, ella al relatar la ruptura arrastra recuerdos dolorosos. Carmen hace pausas, respira, intenta mantener las lágrimas, pero todo vuelve a su cabeza, el dolor en cuerpo y alma están intactos aún.

Carmen sabe que la excusa para no separarse desde hace años eran sus hijos. Su esposo no permitió que trabajara, sentía que no podía criar solo a tres hijos. “Me propuse que mis hijos debían graduarse de la universidad, allí donde yo nunca llegué”, contó Carmen.

José es un hombre agresivo, Carmen recuerda que en una ocasión José agredió a su madre. “Su mamá es una anciana, debíamos bañarla, darle de comer, asearla y hacer todo por ella. Yo tengo problemas de columna, pedí a mis hijos y a él que me ayudaran a llevarla al baño. Él la levantó y sin intención la señora le arañó la espalda, inmediatamente él le gritó y la golpeó. Quedé helada, paralizada, le grité no seas animal, es tu madre, pero él se justificó diciendo que ella lo había arañado”. Ese fue el momento que motivó a Carmen a dejar a José, “me dije, no puedo seguir con ese hombre, si golpea a su madre, qué no me hará más adelante, puedo morir”.

De acuerdo a datos del Ministerio Público en el año 2019 se procesaron más de diez mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional, mismas que fueron trasladadas a los Juzgados de Familia.

La dirigente feminista, integrante de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, Cristina Alvarado asegura que la violencia de género en las familias ha sido una constante histórica en el país.

Alvarado afirma que esta realidad se ha agudizado en la crisis sanitaria que vive el mundo producto del Covid-19. “La pandemia solo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres producto de las violencias en sus hogares, esto ha sido denunciado desde hace años por las organizaciones feministas y de mujeres”, dijo Cristina.

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Datos del Ministerio Público dicen que durante el confinamiento solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula (las ciudades más importantes del país), se reciben de 15 a 20 denuncias diarias por violencia doméstica, de las cuales al menos 4 personas son detenidas por las autoridades.

Por otra parte, cifras de la Secretaría de Seguridad, indican que en los últimos 3 meses el Sistema de Emergencia 911 en Honduras registró más de 23 mil llamadas a nivel nacional de mujeres pidiendo auxilio porque estaban siendo víctimas de agresiones en manos de sus esposos.

Desde mediados de marzo, Honduras declaró estado de emergencia por la presencia del COVID-19, lo que ha paralizado la labor en el sector público y privado. Los juzgados a nivel nacional funcionan a medio gas, a pesar que las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar se han incrementado según el registro de llamadas del sistema de emergencia 911.

En el mes de marzo las autoridades reportaron  7,697 denuncias de violencia doméstica, en esos primeros 15 días del “quédate en casa” que corresponde del 15 al 30 de Marzo recibieron 4,245 denuncias de las cuales 2451 son por violencia doméstica y 1794 por violencia intrafamiliar”.

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Así como Carmen muchas mujeres toman la decisión de separarse de sus parejas, incluso interponen denuncias ante los órganos judiciales, las víctimas acuden a la justicia para evitar ser asesinadas por el agresor.

Cristina Alvarado dice que esa tipificación del castigo al agresor es un error, porque al permitir al victimario volver a su casa, la amenaza de que la agresión ocurra de nuevo es muy alta.

“Como la Ley solo tiene un punto de vista preventivo, entonces culmina en una acción comunitaria, pero sabemos que si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, entonces este proceso se convierte en uno penal”, explicó la jueza Claudia Isbela López.

En cambio las autoridades dicen que a raíz de casos de violencia doméstica en el país, se han habilitado 26 módulos de atención integrada,  los cuales se crearon para dar asistencia a grupos vulnerables, entre ellos: mujeres, niños, diversidad sexual y tercera edad. Los Módulos sirven como refugio para mujeres que a raíz de una situación de violencia no pueden volver a sus hogares junto al agresor.

Antes que Carmen tomara la decisión de separarse de su esposo, el miedo de denunciarlo a la justicia se hizo presente por las represalias, la reacción que podría generar en sus hijos y hasta el qué dirán los vecinos y amistades.

“Tomé el valor con el apoyo de las mujeres de la Organización Visitación Padilla. Llegué al juzgado a denunciarlo por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Son momentos difíciles, ahora el juzgado me permitió regresar a mi casa, emitieron una orden de restricción, él no puede acercarse a mi casa ni a mí, y debe entregarme un aporte de L.2,000 (80 dólares) mensuales para el sostenimiento de la casa”, relató Carmen.

Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP) dijo que como institución buscan agilizar el procesamiento de las denuncias de las víctimas, “cuando se hace la denuncia, el MP trata de que esto no se convierta en un femicidio, sabemos que la Fiscalía de la Mujer y el Módulo especializado ayudan a proteger a las mujeres”.

Las medidas otorgadas por el juzgado producto de la denuncia de Carmen contra su esposo, fueron aplicadas para seis meses, ese plazo se venció en marzo de 2020 justo en pleno confinamiento en Honduras. “Tengo miedo de lo que se pueda presentar, con la justicia nada está claro”, dice Carmen a quien se le programó la audiencia de seguimiento del caso para el pasado mes de abril y hasta la fecha no ha sido notificada de su reprogramación.

Para Cristina Alvarado el sistema hondureño ha colapsado en esta área, “esta situación es terrible porque nos vimos enfrentadas a un sistema que colapsó, que no atendía esas llamadas, muchas mujeres denunciaron que llamaban y nunca les contestaban.

“Debido a la pandemia solo se está trabajando con una juez y tres personas como auxiliares en la zona norte del país, en realidad lo que estamos haciendo por disposición de la Corte Suprema de Justicia, es suspender los procesos normales, es decir las audiencias programadas y estamos atendiendo solo a los casos que se detienen en el acto, es decir los casos donde la policía remite al acusado a los juzgados de San Pedro Sula por encontrarlos cometiendo el delito”, manifestó la jueza Claudia López.

López dijo que el Poder Judicial amplió el rango de acción de los juzgados de Familia, para que también atiendan casos de violencia doméstica. “Como jueza le puedo decir que hemos estado haciendo acciones para buscar mecanismos entre los jueces de paz para hacer un frente común”.

López también es consciente que se necesita un trabajo integral entre todas las instituciones, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, esto con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

“Son temas complejos, la desigualdad económica, que es una característica de la mayor parte de mujeres víctimas de agresión, también hay mujeres que han denunciado a sus parejas porque los hombres desobedecen hasta el confinamiento, y las agresiones verbales y físicas, en realidad es triste ver todos los casos que se dan en nuestro país por este tema”, compartió López.

Las mujeres han denunciado la falta de respuesta de la institucionalidad hondureña, una situación que no es solo producto del Covid-19, sino una constante de años en el país, “quienes se quedaron haciendo turnos fue la Fiscalía Especial de la Mujer pero la fiscalía históricamente ha enfrentado situaciones de falta de recursos y falta de equipo, empeorando en esta pandemia”, manifestó Alvarado.

Carmen dice que no confía en la justicia hondureña, y teme por desconocer lo que viene. “Acceder a la justicia es un privilegio de pocos en Honduras. En esta emergencia todo es imposible de prever. Tengo miedo porque ya no soy joven, estoy a punto de entrar a la tercera edad y padezco de la columna”, Carmen además tiene Parkinson y sufre de demencia, su salud es delicada.

Desde hace varios meses acude a citas médicas en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa. Tiene un cuadro de ansiedad y depresión que se fue agudizando con los años. El dolor, las agresiones e insultos dejan secuelas físicas y emocionales.

Carmen 30 años después de vivir con su esposo se pregunta por qué aguantó tanto, cómo pudo estar allí 3 décadas. Sabe que no puede volver atrás, pero lamenta haber esperado tanto.

Carmen en medio de todo aun ríe y agradece la complicidad de otras mujeres que para ella fueron impulso en el camino de salir de la violencia y represión de aquello que disfrazado de amor era agresión y maltrato.

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