Estamos en la víspera de la presentación del segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante la pandemia del Covid19.
El primer documento elaborado por el Cofadeh cubría los hechos de los 15 días posteriores a la declaración oficial de la pandemia y el segundo nos transporta hasta la primera semana de mayo.
En las últimas dos semanas de marzo no teníamos la visión completa del desastre que acompañaría el confinamiento social, pero ahora a la luz del nuevo texto no tenemos dudas.
El régimen dio señales desde el arranque que utilizaría el encierro de la población para robar, reciclar a sus dirigentes implicados en el crimen organizado, e imponer a los militares hasta el extremo de convertir la cuarentena en una prisión domiciliar colectiva. En violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Hemos arribado a un momento de quiebre. O la dictadura abre paso a la multitud para retornar a la suicida “normalidad de siempre” o continuamos encerrados fingiendo la bioseguridad frente al virus que mata, esperando como lelos que “lo peor aún está por llegar”.
Ese será sin duda el tiempo del tercer informe en junio próximo, cuando habrá terminado igualmente la tercera vacación del código penal de los corruptos que nos obliga a pensar.
Regresemos al anuncio de nuestro segundo informe que verá la luz la próxima semana con el título “del Mitch al Golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”.
El texto ha sido completado con el apoyo de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos presentes en casi todo el país y también con el monitoreado de medios tradicionales y alternativos, además de un sondeo aleatorio realizado en zonas estratégicas el cual muestra que más del 70% de la población no cree en la información del régimen.
Igual que en el primer informe en este segundo hay un énfasis particular en el impacto de la pandemia en los derechos económicos y sociales, es decir en la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo y la alimentación.
Pero era imposible que el documento no recibiera una tempestad de pequeños reportes de toda Honduras sobre violaciones a la libertad de locomoción, reunión y asociación, libertad de expresión, y el derecho a la integridad física y la vida, entre otros. Estos temas por supuesto no son parte de las cadenas de radio y televisión.
Sólo para los fines de producción de este editorial hemos tenido acceso al borrador final de sus conclusiones y recomendaciones, donde podemos anticipar la fuerza de su contenido. Nos anticipamos a difundir en la víspera, porque la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos está impedida de circular y reunir.
Dice la primera conclusión que “las medidas impuestas para salvar la vida de la población durante la pandemia realmente responden al falso slogan policial-militar partidario “servir y proteger”, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos, de activismo sectario que aprovecha las necesidades esenciales de la gente que sufre para construir en su nombre otra vez el edificio de la corrupción”. Los ejemplos abundan.
La segunda conclusión es referida a la seguridad alimentaria de la población, una urgencia que estalló rápido en la coyuntura y que continúa al centro de la agenda nacional actual, porque expresa la vulnerabilidad económica de más de 3 millones de personas aisladas sin ingresos, en suspenso laboral o en proceso de estarlo, sin la calle para buscar el pan diario y sin transporte para mover la producción rural, enfrentados al final del mes con una factura eléctrica promediada arriba de toda normalidad de consumo, un contador de agua que marca aire y una factura telefónica o de internet que muerde sin compasión.
Estos temas provocaron alrededor de 160 manifestaciones de calle durante el mes de abril, muy a pesar del encarcelamiento de la población por una dictadura improvisada e irresponsable, bueno, qué más se podría esperar de una administración ilegal e ilegítima. Impostora. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Choloma, El Progreso, Trujillo, entre otras, fueron los escenarios de protestas y represiones.
El texto en sus últimas páginas sostiene que la cuarentena afecta la enorme masa trabajadora del sector industrial cuya casta ejecutiva alega la caída de los pedidos futuros por reducción del consumo, la obstrucción de la cadena de suministros de materias primas y el encarecimiento de costos por bioseguridad, dejando a 100 mil obreros/as suspendidos, más de 50 mil con salario reducido al 70% o menos. Y de esta masa, alrededor de 50 mil son trabajadores sindicalizados incluyendo periodistas que han denunciado también recortes salariales y pérdida de empleos.
Los toques de queda con aislamiento preventivo obligatorio han sido extendidos como parte de las medidas dentro de la emergencia Covid19, pero a su vez esa disposición se extiende a otras emergencias más próximas, la humanitaria y la de derechos humanos.
Este reporte al cual nos estamos refiriendo enumera casos estremecedores en los cuales los derechos civiles y políticos tocan a comunidades garífunas e indígenas, a liderazgos comunitarios, campesinos, de poblaciones resistentes a la dictadura, periodistas, comunicadores sociales, líderes nacionales de derechos humanos y sociales, y pobladores simplemente víctimas brutales de la estigmatización y de torturas.
La respuesta del régimen en el marco de la emergencia sanitaria no se diferencia de su respuesta a las protestas durante los fraudes electorales o las crisis nacionales por corrupción y narcotráfico, así lo dice el informe.
El reporte enumera el gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados y exacciones; en suma, la militarización total del territorio sin veeduría ciudadana y sin control institucional, en plena discrecionalidad e impunidad. Enfatiza el texto que estos mismos militares, a la vez, son los distribuidores de bolsas solidarias, constructores de hospitales desechables, patrulladores de barrios y colonias, y garantes de seguridad en centros de confinamiento.
Ese último párrafo que vienen ustedes de escuchar está plenamente respaldado con ejemplos dentro del documento que, repetimos, será lanzado en los próximos días por diferentes medios alternativos, incluyendo redes, plataformas electrónicas, radio y televisión. Ahí van a conocer ustedes, quienes no lo conocen ya, los casos de excesos brutos de la policía, los abusos criminales de los militares, la odiosa estigmatización entre nosotros mismos.
Entre las recomendaciones que hace el Cofadeh, organización responsable del informe, es de volver a la la garantía de igualdad ante la ley y al respeto de los derechos humanos, porque la desproporcionalidad y el autoritarismo observados hasta hoy tendrán un impacto decisivo en la población en el mediano y largo Plazo. Y en el Estado de Derecho.
El abuso de autoridad en medio de esta situación excepcional que sufre el país es, en efecto, otro tipo de pandemia que produce pérdidas irreparables de vidas entre las poblaciones vulnerables. Y no puede continuar eso.
El informe “del Mitch al Golpe y de la Pandemia al autoritarismo contra los derechos Humanos” recomienda el diseño y difusión de campañas nacionales contra la estigmatización de las personas contagiadas, los difuntos, sus familias, el personal sanitario y migrantes retornados especialmente. Tenemos que ayudar a la población a sentir y pensar diferente en esta situación, dice el informe, en particular a quienes ya viven cerca de una persona contagiada o de los centros de aislamiento identificados.
El Estado debe evitar la suspensión de derechos fundamentales en el marco del COVID para violar los derechos civiles y políticos de la población en especial de los pueblos indígenas, garífunas, oponentes políticos y defensores de derechos humanos, así como de la población que se moviliza por necesidades básicas de alimentación y medicina.
El Estado debe liberar los presos políticos!
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