Durante los últimos dos años la sociedad hondureña hizo mucho para impedir la entrada en vigencia del nuevo código penal el domingo 10 de mayo, pero la clase política comprometida con el crimen organizado hace de todo para salirse con la suya y hacer felices a los lobos de toda la manada. Hoy le dieron 45 días más de vacación virtual a la vigencia del nuevo código, para contener la presión popular.
“Por última vez dijo uno de los diputados jurásicos”, después de dos extensiones de seis meses de vacaciones a la vigencia del código penal, el Congreso Virtual aprobó una tercera vacación de 45 días contados a partir de mañana. Y no se sabe qué es lo que pasará durante este período.
Llegamos al momento en el cual el Derecho, que legalmente es un producto del consenso social, ha sido impuesto por una banda de delincuentes y no por un grupo formal de poder. Este domingo viviríamos la manifestación de la fuerza y el lunes su aplicación formal. Pero la mafia prolongó este zarpazo a la Constitución hasta finales de junio próximo.
Todas las voces sensatas, las más informadas, concluían en la víspera que la iniciativa de cambiar la legislación penal de 1906 y de 1983 es correcta y que el proyecto borrador de 2018 era bueno, pero en el camino los operadores ocultos de la política, los criminales con poder, trastocaron todo para favorecerse a sí mismos.
Como lo dijo oportunamente el Consejo Nacional Anticorrupción “este instrumento jurídico está moldeado para generar mayor impunidad y tratar con guantes de seda a los corruptos”. Y, por tanto, no debe entrar en vigencia.
Diversos sectores sociales, profesionales, de derechos humanos, gremios y abogados independientes, han trabajado análisis y propuestas del nuevo código penal para arribar a esta misma conclusión. Pero todos fueron desoídos por un congreso que pasó de ser rabiosamente vertical a ser ridículamente virtual. Con una Corte Suprema enteramente al servicio de la dictadura.
Durante este debate las posiciones han sido entre dos extremos irreconciliables: Una, que propone dejar entrar en vigencia el nuevo código para reformarlo inmediatamente porque no se puede reformar durante la vaccacio legis y dos, que propone abolir su contenido absolutamente y consensuar verdaderamente uno nuevo.
En la discusión ha sido clara la voluntad de un porcentaje mayoritario de la población que rechaza las malas intenciones de los impulsores del nuevo código, quienes están escondidos detrás del cuestionado ejecutivo, en la corte cómplice, en el estado mayor de los militares asesinos, en el congreso autoritario de la red de Pandora, y otros están agazapados detrás de los poderes fácticos, esos señores de las tinieblas coludidos todos en el crimen organizado.
En la víspera de este domingo, la sala constitucional opinó delante del Congreso que el código debe ir adelante en su vigencia a partir de las próximas horas, pero la Convergencia de 93 organizaciones contra el continuismo dijo que no, que el nuevo código debe ser bloqueado por inconstitucional. Y ha llamado a la acción.
“Este es un código penal dictado en dictadura a la medida de la dictadura y para defender a la dictadura”, resumió Carlos H Reyes, en alusión perfecta al régimen que está embarazado de golpes, de fraudes, de corrupción y de criminalidad organizada.
Por su parte, Bertha Oliva, la coordinadora de nuestro Comité, en una teleconferencia de prensa entre liderazgos sociales resumió anoche que el nuevo código penal estigmatiza y criminaliza a las mujeres luchadoras de Honduras y, en general, consideró que es una ley cuyo contenido incita a la insurrección social y política del pueblo hondureño.
Este código perturbador entraría en vigencia en plena crisis ética de la cúpula que controla el Estado, con el impostor presidente buscando defensa legal en Nueva York y en plena pandemia causada por el coronavirus, que está matando impunemente a los más pobres.
A propósito, las propias Naciones Unidas han opinado este sábado en Tegucigalpa que el nuevo código penal contiene detalles que contravienen obligaciones internacionales ya suscritas por Honduras y que no contiene las nuevas recomendaciones hechas por el sistema interamericano de derechos humanos.
La oficina del alto comisionado de la ONU en la capital hondureña reconoce que el nuevo código penal incluye algunos tipos penales codificados en el Estatuto de Roma y también incluye algunas sanciones alternativas a la detención para disminuir la población carcelaria, pero rechaza la inclusión de la injuria y la calumnia, así como la definición de publicidad, de desórdenes públicos y las disposiciones relativas a la responsabilidad penal en los delitos cometidos a través de medios de comunicación.
Como ha sido reiteradamente señalado por la sociedad organizada, por nosotras mismas en este programa, esos tipos penales conducen a la afectación directa del ejercicio de la libertad de expresión. También las definiciones de reuniones y manifestaciones ilícitas, de asociación para delinquir, de perturbación del orden público y de asociación terrorista, son tipos penales que continúan siendo excesivos y ambiguos en este código de los criminales, abriendo puertas enormes para masacrar la libertad de reunión pacífica y asociación.
En lo que respecta a las violaciones de derechos humanos, la Oficina de la ONU en Honduras dice que es necesario revisar y adaptar la definición de los delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas y tráfico ilícito a los instrumentos internacionales y jurisprudencia en la materia, para asegurar la investigación, persecución penal y sanción adecuada de las graves violaciones a los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos además observa que existen disposiciones del nuevo código penal que debilitan la efectiva persecución de actos de corrupción e insta a revisar la definición de los delitos relacionados con el combate a la corrupción y garantizar que las penas aplicables sean proporcionales a la naturaleza de los hechos.
Al final de su planteamiento la ONU está del lado del clamor popular al señalar que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en el contexto actual de crisis sanitaria y humanitaria por el COVID-19, puede traducirse en una regresión brutal en materia de derechos humanos. Y esta es la misma advertencia que ha hecho concretamente el Cofadeh en sus dos informes de situación. El segundo está por salir al público.
Bueno, escúchenlo bien, en las próximas horas habrá dos tipos de mensajes alrededor de este tema del nuevo código penal: Uno, conciliador, que llamará a revisar el nuevo código, a reformarlo, a adecuarlo, aunque sea ilegal durante su vacación prolongada, y otro mensaje, ya suficiente paja, o lo anulan, o aquí comienza la nueva insurrección popular.
¿Dónde va a posicionarse usted? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Dónde vamos a posicionarnos nosotros?
“La gente ha entendido que la institucionalidad actual en Honduras es un enemigo público de la ciudadanía, alguien de quien sólo puede esperar males”, estas son las palabras del ex fiscal hondureño, el abogado Omar Menjívar.
Entonces, si tomamos esas palabras de nuestro querido compatriota, podemos concluir que ante un semejante código ambiguo en manos del diablo que Dios nos agarre confesados.
Buenas noches!
No, momentito, esperen, esta sería una pésima manera de finalizar una nota editorial con resignación cristiana. La mejor forma de finalizar este momento es yendo a la acción, ¡vamos al cacerolazo para empezar!. Y después sigue lo demás…. Nos parece que vuelven las calles!
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