Por Sandra Rodríguez
Cárcel de Choluteca- imágen compartida
Por una restricción en el centro penal de Choluteca, Aleyda Huete, lideresa del grupo de oposición “Bastión del Sur” volvió a su casa con los alimentos que le llevaba -como es costumbre- a su compañero preso político, Antonio Esquivel, en sus últimas visitas.
El miércoles 13 aprovechó el día de visita entre semana, encontrándose con la sorpresa que las autoridades del centro penal sólo permiten el ingreso de alimentos enlatados, y uno de pobre ¿Cómo va estar comprando comida así? cuestionó.
En el centro penal de Choluteca, al sur del país, antes se podía llevar comida preparada y seguir algunos lineamientos en cuanto a cantidades, pero le prohibieron el ingreso de embutidos, harina de trigo y harina de maíz, leche, avena y un pollo frito. Tan solo le permitieron el ingreso de frijoles, arroz y pastas para espaguetis, denunció la lideresa social, ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Aleyda Huete llega hasta el portón exterior de la cárcel, con apenas unos arbustos y 36 grados centígrados de temperatura, debe esperar a que los militares reciban y revisen lo que lleva, algunas cosas las manipulan tanto, que no han de llegar bien a las manos de Antonio, describió a Defensores en Linea, este lunes 18 de mayo.
Ayer le llevé 25 mínimos verdes (guineos o bananos), pensando en tantas restricciones y así que al menos cocidos los pueda comer, porque tiene problemas con su alimentación, pero los militares me preguntaron ¿Por qué tantos mínimos, si no es pulpería?
Le aceptaron las frutas, pero no la media libra de queso para acompañarlos, detalló Aleyda, quien en estos momentos de pandemia, es parte de equipos voluntarios de salud comunitario.
Esquivel está privado de libertad desde diciembre del 2019, cuando agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ejecutaron una orden judicial en busca de su compañera Aleyda Huete, y al no encontrarla, le imputaron cargos a él por delitos no cometidos.
La lideresa de oposición al régimen de Juan Orlando Hernández, estuvo huyendo de la persecución política judicial, hasta el 16 de marzo, cuando en un operativo policial-militar aprovechando el toque de queda municipal y la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 para evitar la propagación del COVID-19, allanaron la casa donde se hospedaba. Al día siguiente se le dictó libertad definitiva.
Yo no he podido ver a Antonio, porque cuando fui sobreseída empezaba esto del toque de queda y prohibieron las visitas a la cárcel, esperábamos pronto que le cambiaran medidas, pero no le vemos fin la situación, él está más enfermo de reflujo, dolor de cabeza y desesperación.
Gran riesgo sanitario en centro penal
Otra de las preocupaciones, además de las restricciones en la alimentación, es que los privados de libertad no cuentan con medidas de bioseguridad que mitiguen los contagios por Coronavirus que el departamento de Choluteca registra 39 casos positivos, de los 2,646 a nivel nacional.
Huete desmintió la propaganda del régimen, que dotó de paquetes sanitarios a los privados de libertad, apenas les dieron un rollo de papel higiénico y sin envoltura. No tienen jabón, gel anti bacterial, ni mascarillas, afirmó la perseguida política. Cuando le llevó papel higiénico, este fue tan manipulado que lo pudieron dañar.
En Honduras se reporta tres casos de Covid 19 en centros penitenciarios. Un privado de libertad (52), recluido en la cárcel de máxima tortura “El Pozo” ubicado en Ilama, Santa Bárbara, falleció el 20 de abril, el diagnóstico fue post-morten, declaró la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Dina Aguilar.
Mientras que en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, Distrito Central, un privado de libertad de nuevo ingreso resultó positivo a la prueba rápida de Coronavirus (PCR), el pasado viernes 15, y el sábado el INP declaró emergencia sanitaria en esa prisión, ubicada a 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Hoy se confirmó el primer caso de COVID-19 en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, identificado como un hombre de 40 años. El alcalde municipal, Luís Rubí, expresó su indiganción por la irresponsabilidad de la dirección de los centros penales, ya que el pueblo ha respetado el aislamiento social y, en los retenes comunales hasta han sido víctimas de amenzas por parte de los custodios, quienes cada 15 días salen para sus casas y no toman medidas de bioseguridad, según declaró en el noticiero TN5 estelar.
En el marco de esta pandemia mundial, el COFADEH y diversas organizaciones a nivel nacional e internacional han abogado por la liberación de los presos políticos en el caso de losambientalistas de Guapinol, privados de libertad en Olanchito, Yoro; y El Porvenir, Atlántida. Así como los casos de Choluteca, donde se les vincula a supuestos hechos delictivos ejecutados desde el grupo de oposición Bastión del Sur, con el objetivo de desarticularlo.
La demanda fue expuesta a través de una “carta abierta”, fechada el 7 de mayo de 2020 y dirigida a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú, uniéndose a acciones encaminadas el 24 de marzo, donde el COFADEH, un Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y juristas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En este recurso tiene el fin de que el Estado aplique medidas distintas a la prisión preventiva, a favor de los ciudadanos considerados como “presos políticos”, para evitar que sean víctimas de contagio del coronavirus o Covid19.
En la zona norte los presos políticos por defender el río Guapinol son: Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán.
En el sur del país está Antonio Felipe Esquivel y Víctor Castillo, presos en el centro penal de Choluteca; el joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Incluso la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones (ONU), Michelle Bachelet, ha exigido a los Estados que pongan en libertad a los presos políticos en el marco de la pandemia de coronavirus (o Covid19) que afecta a la mayor parte de países del mundo.
A algunos privados de libertad por delitos de corrupción y otros, han salido de la cárcel en estos dos meses, pero los presos políticos entre ellos mayores de edad y enfermos, siguen tras las rejas.
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