El Ministerio Público junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal Atic, intervino la municipalidad de El Progreso, Yoro, por supuestos actos de corrupción en el manejo de fondos de emergencia relacionados a la entrega de la bolsa solidaria.
La municipalidad recibió del Gobierno central, 8 millones 460 mil lempiras destinados a la compra y distribución de alimentos para familias más pobres, pero ha sido denunciada por la ciudadanía de sobrevalorar precios, abusar de su autoridad y politizar la entrega de la bolsa solidaria en las comunidades.
El decomiso de información en la alcaldía estaba programado para las 10 de la mañana del 01 de mayo, sin embargo, el personal que resguarda el Palacio Municipal negó la entrada a los operadores de justicia argumentando que era feriado y existe un toque de queda absoluto.
Cinco horas más tardes el alcalde permitió el ingreso de los fiscales y agentes de investigación. Dentro del edificio ya se encontraba el Gerente Municipal, Jefe de Personal, Secretaria Municipal, Relacionadora Pública y personal del área administrativa.
El fiscal encargado del operativo César Alvarenga dijo en Radio Progreso que el Ministerio Público está actuando de oficio ante las múltiples denuncias que la ciudadanía, sectores organizados y empresarios han realizado contra la administración del alcalde Alexander López, a quien suponen responsable de incrementar los niveles de hambre y desigualdad en el municipio.
Avalada en la declaratoria de emergencia por el Coronavirus, la alcaldía de El Progreso, adjudicó un contrato de compra de 7 millones de lempiras a Inversiones y Suministros Bonilla Alberto, para el suministro de 16 productos que comprenden la “Bolsa Solidaria”.
Lea investigación de Radio Progreso que revela irregularidades en la compra de alimento por parte de la alcaldía de El Progreso.
Empresarios locales denuncian que ese contrato se hizo para beneficiar a un comerciante individual que no se dedica a la venta de alimentos, pero si tiene afiliación y cercanía con Juan Orlando Hernández y líderes nacionalistas del departamento de Yoro.
En defensa de la alcaldía el gerente municipal Roberto Zelaya aseveró que, no se trata de una intervención, y que no hubo decomiso de documentos por parte del Ministerio Público, sino una verificación del trabajo transparente que realizan.
El funcionario, entre risas y parodias aseguró que, la visita de las autoridades de investigación es un regalo en el Día del Trabajador, para los empleados que se movilización a la alcaldía desde temprano ante la amenaza de la intervención.
Sin embargo, las palabras del fiscal Alvarenga fueron otras. “Se decomisó la información necesaria para hacer una investigación exhaustiva y dar respuesta a la ciudadanía”, dijo luego de decomisar los expedientes donde se contemplan todas las compras de alimentos realizadas en la emergencia.
En Honduras, durante la emergencia sanitaria instituciones gubernamentales como Copeco, Invest-Honduras y las municipalidades están siendo fuertemente cuestionadas y denunciadas por malversar fondos públicos y beneficiar a empresas de familiares y amigos con las compras de alimentos e insumos.
Organizaciones sociales y comunitarias insisten en la necesidad de realizar una veeduría social auténtica, donde se garantice alimentación a las personas de escasos recursos, y se pueda deducir responsabilidades a quienes aprovechen la emergencia para su beneficio personal.
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