En las primeras facturas, listados y testimonios de personas involucradas en el proyecto “Honduras Solidaria”, que consiste en la entrega de alimentos por la emergencia del Covid-19, se identifican irregularidades como la sobrevaloración de precios y politización por parte de las autoridades de El Progreso, Yoro.
La municipalidad recibió del gobierno central, 8 millones 460 mil lempiras destinados a la compra y distribución de alimentos para familias más pobres. En el Portal de Transparencia y Acceso a Información Pública, hasta la fecha de esta nota, aparecen ejecutados unos 7 millones de lempiras utilizados en compra de comida e insumos de bioseguridad.
Radio Progreso ha dado seguimiento a la ejecución de dichos fondos, para develar si existen vínculos de empleados municipales y activistas de partidos políticos en las contrataciones, especialmente porque a diario en el municipio se registran protestas ciudadanas por hambre, se denuncia la politización en la entrega de alimentos, y en el peor de los casos, la ausencia de los mismos.
Existe un contrato por más de 7 millones de lempiras a favor de Inversiones y Suministros Bonilla Alberto, propiedad de Héctor Alexander Bonilla Alberto, transportista y comerciante dedicado a la venta de pescado. Posee facturación legal emitida por el Servicio de Administración de Rentas SAR, pero su negocio no es un local establecido, opera desde su casa de habitación ubicada en la Residencial El Progreso.
Bonilla fue candidato a diputado suplente por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2017 por el departamento de Yoro. Se le conoce por su amistad cercana con Juan Orlando Hernández y el ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco Gabriel Rubí, señalado por posibles actos de corrupción en las compras de insumos durante la emergencia del Covid-19.
Bonilla es responsable de vender a la municipalidad los 16 productos de la canasta básica que comprenden la “Bolsa Solidaria”. En una factura con fecha 04 de abril, se refleja el primer pago a la empresa por un monto de 4 millones de lempiras correspondiente a las 8 mil 530 raciones que la municipalidad habría entregado hasta el 17 de abril.
La factura fue elaborada un día después de haberse firmado el contrato entre el comerciante y la municipalidad con el aval del presidente de la Cámara de Comercio Víctor Ramos Soto, reconocido nacionalista cuestionado por su reelección al frente del gremio empresarial.
Aunque la factura está elaborada manualmente es clara, los 4 millones de lempiras es por la compra de todas las raciones. Se podría entender que este comerciante es el único proveedor de la Municipalidad, pero no, también hay facturas de una bodega con montos considerables y de un molinero harinero para las mismas 8 mil 530 bolsas solidarias.
Factura de Inversiones y Suministros Bonilla Alberto
Cuando inició la emergencia, el empresario local se puso a disposición de las autoridades para ser el proveedor de alimentos e insumos. En la ciudad de El Progreso y sus alrededores se ubican grandes empresas dedicadas a la producción de aceite, manteca, jabón, azúcar, arroz, entre otros. Sin embargo, el alcalde Alexander López argumentó que estas empresas no tenían la capacidad de abastecer el municipio, cuando paradójicamente abastecen buena parte del territorio nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio Víctor Ramos, a través de un comunicado dijo que la contratación de Bonilla se hizo a base de cotizaciones con todos los socios del municipio. Además, que la empresa se comprometía a envasar los 16 productos que lleva la “Bolsa Solidaria”, y a transportarlos a los barrios y colonias para su entrega.
Sin embargo, las raciones de comida se preparan en las instalaciones de la Cámara de Comercio y en su mayoría, según videos difundidos por medios de comunicación, son empleados municipales identificados con sus camisas rojas y blancas quienes hacen el envasado y la entrega en las comunidades.
En entrevista con Radio Progreso el empresario y directivo de la Cámara de Comercio Raúl Cárcamo, denunció que el presidente de los empresarios Víctor Ramos y el alcalde dejaron por fuera a las empresas progreseñas, para beneficiar a un comerciante individual desconocido.
“El presidente de la Cámara tomó decisiones sin consultar con la Junta Directiva”, dijo asegurando que Inversiones Bonilla no se dedica al rubro de productos alimenticios.
Raúl Cárcamo asegura que, por abuso de poder, no se dio la oportunidad al comercio local de ser parte del proyecto Honduras Solidaria. “Esto le hubiera dado más rapidez a la entrega de comida y más circulación de dinero a la ciudad”, dijo, presagiando el cierre inevitable de algunos negocios por la crisis del Covid-19.
Alimentos que contiene Bolsa Solidaria entregada por la Municipalidad de El Progreso.
Otras compras
Además de comprarle a Bonilla, la municipalidad también realizó compras por más de 600 mil lempiras a Bodega Yadira, propiedad de los esposos Luis Ramírez y Yadira Medina, activistas reconocidos del Partido Liberal. La bodega abastece de canastas con comida al alcalde cuando está en campaña política.
Yadira es hermana de Martha Medina, ex regidora municipal y candidata a diputada. En los círculos del partido Liberal se comenta que, Martha forma parte del grupo de liberales que toman las decisiones políticas en el municipio porque pertenece al círculo de trabajo de Alexander López,
Una experta contable consultada por Radio Progreso revisó las 10 facturas de la bodega pagadas por la municipalidad y encontró varias anomalías. En todas se observan los mismos 16 productos que fueron comprados a Inversiones Bonilla en fechas cercanas. El sello de pago está remarcado varias veces sobre los montos totales impidiendo leer el valor del documento.
También se registra una factura con fecha 07 de marzo cuando no se había declarado la emergencia sanitaria en el país.
En la factura número 001540, la suma de precios es de 300 mil lempiras. Aquí sacaron un importe agravado de 5 mil 217.39 lempiras sin especificar porqué producto, pagando un impuesto de 782.61 lempiras correspondiente al 15 por ciento de impuesto.
La factura 001550 por la misma cantidad de productos y valores, excepto el de la salsa de tomate, no registra importe agravado, pero si el cobro de impuesto por la misma cantidad de la factura anterior con el objetivo de cuadrarla por otros 300 mil lempiras, dijo la experta contable.
Con fecha 07 de abril la bodega vendió a la municipalidad el quintal de frijoles a mil 700 lempiras cada uno, cuando en los mercados del Valle de Sula el precio en ese tiempo era de mil lempiras, según el comerciante Samuel Sevilla en entrevista a Radio Progreso. “La libra se vendía a 10 lempiras y significa que la municipalidad la compró a 17 lempiras”, expresó. Producto del desabastecimiento en los mercados el frijol se cotiza actualmente a 14 y 15 lempiras en los mercados.
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La municipalidad compró 100 litros de hibigel o alcohol gel antiséptico a Ferdinando Nájera, un ingeniero de San Pedro Sula por un monto de 80 mil 419 lempiras. Significa que cada litro fue adquirido a 804.19 lempiras cuando en empresas reconocidas como Químicos D&D y MacDel el galón de gel, (tres veces más que un litro), ronda los 500 lempiras.
Facturas de Bodega Yadira y Ferdinando Nájera
El ex asesor de la Asociación de Municipios de Honduras, José Jorge Aguilar lamenta que los alcaldes aprovechen las crisis humanitarias para beneficiar a sus activistas y con esto garantizar cuatro años más en la silla municipal. Aguilar cuestionó que los comerciantes vinculados al alcalde sobrevaloren precios para sacar jugosas ganancias, cuando hay un pueblo hambriento.
Hasta el 24 de abril la Municipalidad habría entregado 16 mil 920 bolsa solidarias con alimentos a un precio de 500 lempiras, en 235 barrios y colonias del municipio según datos proporcionado por la encargada de comunicaciones Jackie Cole. A través del Portal de Transparencia solo se refleja la mitad del gasto en facturas.
En El Progreso se han registrado más de 10 protestas por hambre denunciando que la comida enviada por la Municipalidad se queda en manos de los activistas o presidentes de patronatos. En comunidades como La Pita y El Naranjo únicamente se les entregó una bolsa de harina de trigo y avena para alimentar las familias. En otras como La Ceiba el alimento se convirtió en campaña política.
“El pueblo está encerrado en la necesidad de comer, en el temor de la pandemia y de una clase política que a pesar de la emergencia no deja de mostrar lo vulgar que es”, dijo Aguilar asegurando que las manifestaciones por hambre incrementaran en todo el territorio nacional.
Para Aguilar la ciudadanía organizada y no organizada debe ser parte del proceso de autoría social en la ejecución de fondos públicos, en especial de la emergencia por Covid-19.
Hasta ahora el proceso de veeduría de los fondos ejecutados ha estado únicamente en manos de la Asociación de Pastores, la Cámara de Comercio y Club de Leones, a quienes se les ha cuestionado por su cercanía con el edil
Al inicio de la emergencia otros sectores independientes intentaron ser parte del proceso de vigilancia. En los primeros días comenzaron a reportar las irregularidades, pero tuvieron que renunciar por miedo a amenazas. Radio Progreso contacto a una de estas personas quien proporcionó datos y nombres de los activistas beneficiados con las compras de alimentos.
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