Por Javier Suazo
Foto: El heraldo.hn
“La UNAH siempre debe garantizar por todos los medios posibles acceso a una educación de calidad, sobre todo a los más necesitados, aquellos que no tienen recursos económicos. A ello, nos debemos como docentes, funcionarios o autoridades universitarias”
Marcos Carias, sociólogo, historiador, docente y escritor
El gobierno de la República presentó los posibles efectos e impactos del Covid-19 y recesión económica en marcha que se manifestará en una caída del PIB de 3.9%, pérdidas de ingresos por exportaciones, remesas y desempleo. No obstante, es evidente que dichos efectos e impactos negativos aumentarán el número de pobres, las familias en riesgo de inseguridad alimentaria crónica, hambre, violencia y migración.
Hay quizá un tema que no ha recibido el tratamiento adecuado. Honduras ya traía antes de la pandemia, fuertes rezagos en educación, con una población con 7.5 años de escolaridad promedio y cerca de 1 millón de niños y adolescentes sin acceso a la misma (UPNFM: 2018). En el caso de la educación superior, se estima que en el primer ciclo 2020 (IPAC) quedaron fuera de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cerca de 2,500 estudiantes por no poder tener el dinero de la matricula, pero, sobre todo, porque sus padres no podían pagar los gastos de alquileres, agua, luz, comida, movilización, que ello implica.
Con la pandemia del coronavirus, las autoridades del Consejo Universitario decidieron suspender las actividades académicas por quince días (15) días, a partir del jueves 12 de marzo de 2020; posteriormente, en forma indefinida, mientras se estabilice la curva de contagios y vuelva a la normalidad. En este periodo se recomendó a los docentes continuar las clases en forma virtual, utilizando la plataforma de la UNAH, u otros medios como internet y teléfono celular.
Al menos tres (3) problemas fueron manifiestos. Uno, aceptar como válidas fortalezas de la Plataforma Virtual Universitaria para pocas materias, expandidas a un gran número de materias y alumnos, lo que generó inconformidad entre docentes y alumnos por los retrasos en la apertura y procesos administrativos no muy eficientes. El segundo es que no todos los alumnos tienen acceso a una fuente confiable de internet, mucho menos a una computadora, por lo que la opción no era viable, ya que solo un número reducido podría avanzar en la clase. En el caso del celular, manifestaron que implicaba un costo adicional, y muchos de ellos tuvieron que regresar a sus lugares de origen en el interior del país.
Se evidenció que varios de los alumnos y padres de familia fueron suspendidos y/o despedidos de sus trabajos, y otros no pudieron comercializar sus productos básicos por la cuarentena, por lo que enfrentaban problemas más urgentes: comer, por ejemplo.
Recién las autoridades del Consejo Universitario decidieron concluir el IPAC, el 6 de junio de 2020, reconociendo que una parte importante de los alumnos habían avanzado con los maestros en el desarrollo de las clases, utilizado el internet y teléfonos celulares. En tal sentido, se exige a los maestros para que concluyan este primer periodo académico en un plazo relativamente corto, menos de un mes, utilizado las herramientas de comunicación anteriores. Pero hay varios alumnos que no podrán hacerlo, ya que los problemas económicos de sus familias se han profundizado, y esperarían el IIPAC para concluir las materias asignadas, bajo metodologías innovadoras. El segundo PAC, está autorizado para iniciar el 22 de junio de 2020 en forma virtual y de manera intensiva, o sea por lo menos dos (2) horas diarias por clase.
Recién, donde la curva de contagios por el Covid-19 está en ascenso, unos 2,100 casos, concentrado en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán (donde se ubican los principales centros de enseñanza universitaria públicos), con la tasa de letalidad más alta de la región (5.5%), las autoridades universitarias decidieron despedir( no contratar dice el comunicado) al menos 1,080 profesores por hora, ya que argumentan que el gobierno les quitó de su presupuesto aprobado 2020, unos 60 millones de lempiras para atender la emergencia sanitaria.
Estos son recursos del 6% de la transferencia constitucional que hace el Congreso de la República cada año a la UNAH, para atender y mejorar la educación superior pública, de beneficio a las familias de menores recursos que, curiosamente, son las más afectadas por el Covid-19 y la recesión económica en marcha. Estos recursos quitados a la Educacion Superior, representan el 98.1% de los recursos que de acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fueron malversados por COPECO e IVEST-H, en la compra de insumos médicos, que ascienden a la fecha a 61.1 millones de lempiras.
El Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH: 2019, pág. 6) ha documentado que desde 2008 el presupuesto de la UNAH ha venido siendo cercenado por el gobierno. En esa fecha le quitaron a la institución 446.47 millones de lempiras, y en 2018 un total de 1,225.9 millones de lempiras. “Esta constante ha causado conflictos sociales al interior de la universidad, puesto que esta institución se ve en la obligación de captar recursos adicionales a través del incremento y/o creación de nuevas tarifas creando disconformidad en la población estudiantil y generando reclamos que se tradujeron en tomas de instalaciones y perdidas de un periodo académico en los años 2016 y 2017, por ejemplo”[1].
Otro argumento de las autoridades de la UNAH, es que el segundo PAC2020 es intensivo, por lo que requerirán pocos maestros por hora, y el resto, por tanto, debe ser despedido. Se asume que la demanda de alumnos será menor, no solo porque podrán llevarse máximo dos (2) asignaturas, sino porque será en forma virtual y la mayoría de alumnos no tienen los instrumentos necesarios (computadora, por ejemplo), ni cuentan con los recursos para costearse los gastos. Es decir, según este argumento, el COVID-19 no solo confina, sino que excluye a los alumnos, especialmente aquellos con pocos recursos, de la educación pública superior.
En el fondo, con esta decisión autoritaria y arbitraria, lo que se busca es no reconocer derechos adquiridos a los maestros por hora, de acuerdo a los estipulado en el Estatuto del Docente Universitario, Código de Trabajo y Constitución de la República, y de paso limitar el acceso a la población con menos recursos a la educación superior, de por si cercenado, con las famosas pruebas de admisión, un invento de economistas neoliberales para privatizar la educación universitaria en toda Latinoamérica.
Es de destacar que, con esta decisión de despedir docentes, la titular de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal (SEDP) Iris Yolanda Caballero, fue sorprendida y ha sido mal asesorada por aquellos funcionarios pertenecientes al lado “oscuro”, que buscan generar caos en la UNAH para seguir gobernando. De acuerdo a la Dra. Caballero, se inició un trabajo desde el mes de enero, que consistió en hacer un inventario que históricamente se viene arrastrando con muchos de estos docentes por hora, que adquirió derechos en el tiempo y estamos buscando los canales legales correspondientes para poder normalizar su situación contractual con la Universidad, con esto estoy diciendo que estamos buscando las vías legales para poder darles su acuerdo de nombramiento a muchos maestros por hora que tienen diferentes años ya de brindar servicios a la UNAH en esta situación contractual de maestro horario” (Presencia Universitaria). Algunos tienen hasta ocho años (8) de estar laborando por hora, sin que se les reconozcan sus derechos.
Hay que avanzar en enfoques alternativos frente a la Pandemia. En primer lugar, pueden formularse estrategias diferencias para grupos de alumnos, regiones y municipios. Para el caso, materias de un máximo de 12 alumnos, una estrategia puede ser semipresencial. En un número mayor vía aula virtual, internet o celular. Hay que fortalecer los centros regionales y motivar a los alumnos para que se matriculen en las carreras impartidas. Igual, ampliar el horario de lunes a sábado, integrando teoría- y práctica. Otra estrategia, trasladar la dinámica de la clase al hogar de los alumnos sobre la base de ensayos críticos, en el caso de las ciencias sociales, y resolver dudas una vez por semana en un centro fuera de la UNAH, ya que su centro de deportes estará, según los expertos, lleno de pacientes; especialmente para aquellos alumnos de los principales centros poblados urbanos.
Las autoridades, con el concurso de profesores y alumnos de la carrera de economía y finanzas, pueden aportar diseñando un nuevo producto financiero que permita al gobierno y UNAH subsidiar el acceso de los alumnos a la enseñanza, con un bono educativo a los padres de familia que enfrentan problemas para que sus hijos e hijas (alumnos) se matriculen en el IIPAC, y evitar así la mortandad de secciones, maestros, alumnos e ideas. En Uruguay, por ejemplo, se “creó la «beca laptop» para ser otorgada a estudiantes de la Universidad que no tengan condiciones que les permitan acceder a las actividades de enseñanza de manera virtual”.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad (SITRAUNAH) ha manifestado que los despidos pueden alcanzar los 2,000 trabajadores, pero que defenderá el derecho de los profesores por hora a su trabajo y contratación por acuerdo, igual se han pronunciado las asociaciones de estudiantes y alumnos que, según la legislación vigente, equivale al 66% del poder en la UNAH, teniendo las autoridades universitarias el resto. La Universidad es autónoma, y puede elaborar, ejecutar y evaluar sus propias políticas, estrategias y planes de enseñanza y utilizar los recursos financieras que le corresponden en el marco de la autorización constitucional, defendiendo la no disminución arbitraria de su presupuesto. El COVID-19 es una oportunidad para muchas cosas, una de ellas garantizar una educación universitaria de calidad sin exclusión, participativa y solidaria.
[1] Ver “Opinión FOSDEH”. Tegucigalpa, Honduras, 2019, pág. 5.
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