martes, 31 de marzo de 2020

Covid-19 podría generar "una guerra de sobrevivencia"



Considerando que el 70% de empleo en Honduras es generado desde el comercio informal, la crisis sanitaria que representa el Covid-19 podría generar una guerra de sobrevivencia, los que no tienen van a buscar donde los que tienen, advierte el exgerente del Banco Central de Honduras (BCH), Claudio Salgado.

“Eso es lógico, todo mundo quiere sobrevivir, podemos tener saqueo de supermercados, de donde estén los víveres, eso podría ocurrir en una crisis de estas”, enfatiza Salgado, y refiere que en Honduras alrededor de 2 millones 500 mil personas tienen problemas de empleo.

Agrega que “la guerra acepta cualquier cosa, cuando la gente tiene hambre o tiene necesidad busca cualquier arma. Los ricos no van a querer ceder sus privilegios”.

Para Salgado, la élite económica debe ceder a las exoneraciones fiscales, “ahí tenemos alrededor de 42 mil millones de lempiras que se conceden, los hacen privilegiados. Otro privilegio es el acceso al financiamiento.

El ex gerente del BCH no cree que la actual administración pública subsidie al sector población más afectada por la alerta roja nacional: “este gobierno, en los últimos diez años, ha destruido toda la parte social, un gobierno con otra mentalidad de satisfacer las necesidades sociales de la población si podría ayudar, podría dar un subsidio sin fines proselitistas, sin distinción, identificar a aquellos que lo necesitan. El gobierno debe de eliminarse de la cabeza el modelo neoliberal”.

En relación al impacto económico que puede generar la paralización por el Covid-19 y si no se actúa de inmediato, Salgado indica que, partiendo que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá menos que el año pasado (2.8%), habrá mayor desempleo, mayor pobreza, más gente migrando a otros países, menor inversión y una mayor desigualdad social.

Justificándose en el Covid-19
La aprobación de estado de excepción y la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus, vino a justificarle al gobierno su mala política, ya que en los últimos 10 años su política fiscal y monetaria ha sido contraria a una política de desarrollo, señala Claudio Salgado.

Salgado sustenta lo anterior indicando que para este año, “con un grupo de economistas señalamos” el crecimiento económico andaría en entre 2 y 2.5%, y no como lo establece el Banco Central entre 3.0 y 3.4%.

El economista señala que uno de los favorecidos con la crisis y emergencia por el Covid-19 es el mismo gobierno: “les favorece en las compras de emergencia, proyectos que estaban engavetados. Esta ley busca tocar los fondos de los institutos de previsión, y tercerizar o privatizar los servicios de salud. Esto será proselitismo político, estamos a las vísperas de una campaña presidencial”.

En referencia al sector empresarial y su postura económica frente al Covid-19, Claudio Salgado manifiesta que “solo están pensando en ellos, están diciendo que estos días de ausencia laboral lo tomen como vacaciones, están pensando en utilidad, para los empresarios los trabajadores estuviesen laborando para no ver mermar su taza de ganancia”.

Finaliza proponiendo a la empresa privada debería pensar en cubrir las necesidades básicas con un bono de alimenticio de 2 mil lempiras, “ellos deberían de devolverle a la sociedad lo mucho que han ganado”.

De la corrupción en metástasis a la pandemia viral


El vuelo del enigmático avión de Juan Orlando Hernández a Nueva York esta semana no era para llevar provisiones nostálgicas a su hermano Tony, era para comprar ventiladores que servirán de respiradores mecánicos en los hospitales nacionales durante esta emergencia.

Hasta ahí la noticia. Por su parte, el Colegio Médico ha dicho que esos aparatos adquiridos no tienen las mínimas condiciones para ser utilizados con pacientes positivos de coronavirus, y en respuesta el de COPECO que iba adentro del avión admite la verdad: “Fuimos a comprar lo que se podía y lo que había en el mercado”.

A tientas y a locas. Así fueron a gastar millares de lempiras de esos casi 500 millones de dólares que se auto aprobaron para hacer el nuevo festín pre-electoral en medio de la crisis provocada por esta guerra de baja intensidad de Estados Unidos contra China, como bien la define el filósofo estadounidense Noam Chomsky.

Esta es la lógica de una dictadura chafarótica que no tiene la salud pública entre sus prioridades y que aprovecha cualquier crisis como una oportunidad para hacer tratos con los amigos y excluir a sus enemigos. Tenemos que saber a quién le están comprando.

Por el poder de este virus letal de la corrupción es que el padre Ismael Moreno, director de los medios jesuitas, ha retado al régimen a que rinda cuentas de cada centavo ante el Colegio Médico de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción, y no ante ese domesticado foro de convergencias creado durante la gigantesca corrupción post huracán Mitch.

¡Manténgase en su casa, siga los cuidados personales para evitar el contagio de este virus, obedezca al más común de los sentidos para no exponer a nadie a la cepa 19. Y recuerde que “lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”. Hágalo por usted y por los suyos. Por todas nosotras.

Como ustedes escuchan, en esta columna editorial no ponemos en duda el carácter expansivo del virus que según China fue liberado en su territorio por el aparato de guerra de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que una emergencia sanitaria se convierta en otra nueva calamidad corrupta cargada al presupuesto nacional.

En 1976, después del huracán Fifí la deuda externa de Honduras comenzó a tener un peso significativo por culpa de los políticos de entonces, y esa lápida se volvió más pesada después del surgimiento de los movimientos insurreccionales de liberación en todo el vecindario centroamericano, que convirtió a Honduras en un vil laboratorio invasor sometido al presupuesto estadounidense.

Después del paso de Rafael Callejas y todos sus muchachos huracanados de la Escuela neoliberal de Chicago, la deuda con el llamado ajuste estructural de la economía superó el 50 por ciento del Producto Interno Bruto en 1990, y ya para el huracán Mitch era una cifra impagable. Los corruptos habían hecho un total desastre y siguieron haciéndolo con la condonación de aquellos 8 mil millones de dólares en el Club de París en el año 2000. Pero ningún virus más letal que la dictadura golpista que nos secuestró en 2009, ellos y solamente ellos, con sus socios washingtonianos, han contraído en los últimos diez años una nueva deuda superior a los 17 mil millones de dólares.

Por eso en las actuales circunstancias su comportamiento público al frente de las cadenas de radio y televisión provoca un hartazgo con vómito, porque el pueblo en sus casas sabe bien que ahí afuera estos carroñeros van a robarse el dinero de esos “galerones llenos de catres” que llaman hospitales móviles, y de esos abanicos de pata que reportan como respiradores mecánicos.

Los antecedentes de estos malabaristas abundan en la historia reciente. Aún está fresca en la memoria aquella imagen del presidente del Mitch, Carlos Flores Facussé, cambiando de chumpa cada noche en cadena de radio y televisión para anunciar equis asunto sin importancia, mientras sus ministros de la reconstrucción negociaban los grandes montos de los puentes, las escuelas y otras obras físicas. Y mientras la población exigía transformación democrática y no solamente obras de cemento.

La corrupción de aquél momento – impune hasta nuestros días — fue tan vulgar que la mayoría de los países que vinieron en solidaridad con el pueblo hondureño decidieron traer sus propios supervisores y sus propias compañías ejecutoras, para evitar el asalto a mano armada en medio de la tragedia. La élite tiene el virus en su sangre.

¡Manténgase en su casa, siga los cuidados personales para evitar el contagio del coronavirus, obedezca al más común de los sentidos para no exponer a nadie a la cepa 19. Y recuerde que “lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”. Hágalo por usted y por los suyos. Por todas nosotras.

El impostor presidente hondureño, que ama la posibilidad de utilizar el miedo prolongado para asegurar su continuismo, parece un locutor de radio y televisión haciendo anuncios de mensajitos gratis de sus amigos Tigo y Claro, cuando todos sabemos que no hay textito gratis contra el virus. Sabemos que esos anuncios comerciales de don Juan estarán en la factura de los 500 millones de la pandemia.

En esta guerra de baja intensidad económica bacterial que Estados Unidos lanza contra China, Irán y Rusia, sus competidores reales en el terreno de las finanzas y la guerra, los países como Honduras — aliados de poca monta en este duelo de mastodontes– pagará como siempre los platos rotos.

Los platos rotos no son únicamente los 500 millones de dólares que van a destruir en dos semanas dentro de la caja de Pandora, son la ansiedad y el miedo que ya sufrimos millones de personas con estos virus deambulando afuera junto a los policías y militares, que no entienden de razones, que sólo saben repetir la estupidez “yo sólo cumplo órdenes¨. Y punto. No le dejan a usted comprar en paz. No le permiten ejercer su libertad responsablemente, y el ejemplo en Choluteca es elocuente.

La orden es el miedo, porque “el miedo se propaga al doble de velocidad que cualquier virus”. Por eso tenemos la subida a 24 casos de contagio positivos en 24 horas, como había anunciado el locutor impostor: “recen porque viene lo peor”. Y lo peor son esos otros virus que andan por ahí. Esos virus del miedo que permitieron a Washington reelegir a Almagro por cinco años más, y que permiten a Roberto Herrera Cáceres agazaparse en la emergencia para continuar de Comisionado de Derechos Humanos al servicio de su partido. Y que han permitido al establishment de los demócratas dejar atrás otra vez a Bernie Sanders en la competencia por reemplazar a Trump.

Esta era viral no se puede callar, por muy concentrados que estemos en las casas obedeciendo el discurso de la OMS y obedeciendo también nuestras conciencias.

¡Manténgase en su casa, siga los cuidados personales para evitar el contagio del coronavirus, obedezca al más común de los sentidos para no exponer a nadie a la cepa 19. Y recuerde que “lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”. Hágalo por usted y por los suyos. Por todas nosotras.

“La clase obrera sigue siendo el principal sector social en la lucha frente a la globalización”


El Viejo Topo

Por Salvador López Arnal

José Daniel Lacalle, ingeniero aeronáutico, miembro del Consejo de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), su trabajo en el campo de la sociología se ha centrado en la sociología de la ciencia, las profesiones, las clases sociales y la clase obrera. En este siglo XXI se ha centrado en la situación específica de la clase obrera y el mercado laboral: “La clase obrera en España. Continuidades, transformaciones, cambios” (El Viejo Topo-FIM, Barcelona, 2006), “Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos” (El Viejo Topo, Barcelona, 2009), “Conflictividad y crisis. España 2008-2013” (El Viejo Topo-FIM, Barcelona, 2015); también ha contribuido a la publicación colectiva, “Dígaselo con Marx” (Ediciones GPS, Madrid, 2018). Desde 2008 dirige y coordina la publicación digital “Indicadores Económicos y Sociales” en la FIM.

Me gustaría preguntarte sobre una ponencia que has presentado en la Escuela del PCE de Madrid que se celebró en Cercedilla el pasado 19 julio de 2019. Recuerdo el título a los lectores: “¿Cómo es la clase obrera de hoy?”. Te apoyas en Edward P. Thomson, y comentas que “una clase social no debe verse como un componente de una estructura sino como una relación entre componentes de una estructura”.  ¿Nos puedes explicar con algo más de detalle esta definición? ¿No valdría entonces aquella definición de que la clase obrera incluye a todos los ciudadanos asalariados no propietarios ni directivos de los medios de producción, servicios y finanzas?

Sobre a la clase obrera, yo siempre me he apoyado en los marxistas anglosajones, no solo en Edward P. Thomson, sino en Ralph Milliband y sobre todo en Eric J. Hobsbawn. Pero el concepto de clase como relación está en el mismo “Manifiesto Comunista”, en donde la burguesía y el proletariado solo existen la una en función del otro, y viceversa, es decir, solo existen en su relación, que se concreta en la lucha de clases.

En cuanto a la definición de la clase obrera como todos los asalariados no propietarios ni directivos no es una buena herramienta para acercarse a la enorme complejidad que supone el conjunto de la clase obrera dentro del capitalismo globalizado (falsos autónomos, falsos cooperativistas, y otras figuras).

¿Ser asalariado o asalariado no es lo mismo que ser obrero/a?

Evidentemente ser asalariado/a no es lo mismo que ser obrero/a; la inmensa mayoría de los asalariados pertenecen a la clase obrera, por las mismas razones que las indicadas en la respuesta anterior.

Te cito de nuevo: “Para acercarnos a la situación de la clase obrera en España y en la Comunidad de Madrid utilizaremos la encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, a principios de 2019, completándola con otra serie de datos a partir de estadísticas oficiales, como encuestas salariales, de accidentes laborales, de conflictividad laboral, etc.”. ¿No hay aquí riesgo de confiar en exceso de los datos oficiales, de la documentación institucional? Pienso, por ejemplo, en las estadísticas sobre accidentes de trabajo y no son siempre datos “neutros”, “objetivos”.

Sobre la validez de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Nacional de Empleo (INEM), y me refiero a los de la Encuesta de Población Activa (EPA), Accidentes de Trabajo, Encuestas de Salarios, Datos de Huelgas y Paros laborales, son lo más fiable que puede obtenerse, y son los que aceptan en Eurostat como válidos.

En el apartado “nación de asalariados”, hablas de la importancia de la “economía sumergida” en España. ¿Por qué sigue siendo tan importante en nuestro país ese tipo de economía? ¿Qué trabajadores y trabajadoras se ven abocados a ella?

Sobre la economía sumergida, en 2019 en nuestro país, está calculada en el 25% del Producto Interior Bruto; España dobla la media de la Unión Europea y el que se mantenga alrededor de esa cifra es debido, fundamentalmente, a la falta de recursos de todo tipo (materiales y humanos) que se dedican a su persecución. Los trabajadores abocados a ella son los inmigrantes sin papeles, pero también aquellos que tienen los trabajos más precarizados.

Hablas también en este apartado de los falsos autónomos de la mal llamada economía ‘colaborativa’. ¿Qué dimensión tiene esa economía antiobrera en estos momentos en España? ¿Cómo ves el futuro de esa economía de agresión en nuestro país?

Se denominan falsos autónomos los que tienen una facturación que está monopolizada por una sola empresa, los casos de Globo, Deliveroo, Uber, Cabify, Mapfre y las corporaciones locales son los más conocidos. Se calculan, según la UATAE que son 225.000 personas en 2019, con un crecimiento de 15.000 en este último año y que la cifra continúa creciendo. El futuro de este colectivo depende de la derogación de las últimas reformas laborales y la aprobación de un Estatuto de los Trabajadores que le tenga en cuenta.

Se habla en ocasiones, tú también lo haces, de que una de las consecuencias básicas de la globalización es la diversificación y fragmentación de la clases obrera. ¿De qué diversificación y fragmentación hablamos? ¿Qué novedades generan en las clases trabajadoras esta diversificación y fragmentación?

Como ya he planteado en otras ocasiones, y perdón por la autocita: “la globalización ha incrementado las diferencias dentro de la clase, tanto a nivel internacional como dentro del capitalismo avanzado o global. La existencia de un mercado de trabajo dual entre trabajadores precarios, la mayoría, y no precarios, la minoría, que enlaza con la existencia de lo que Lenin calificó como ‘aristocracia del trabajo’; nos lleva a un mercado laboral con múltiples diferencias internas, salariales, de derechos y condiciones de trabajo, de género, de edad, por nivel de educación, por tipo de contratación” (J.D. Lacalle, “Las clases sociales en ¿El Manifiesto Comunista”, en el libro colectivo “Dígaselo con Marx”, referenciado más arriba).

Señalas también un segundo error en las previsiones de Marx y Engels. ¿Qué segundo error es ese?… Y por cierto, ¿cuál fue el primer error?

Sobre los errores de previsión en “El Manifiesto” son, en primer lugar, la desaparición de los grupos intermedios, pequeños industriales y comerciantes, artesanos y labriegos, que plantean que proceden del feudalismo, y en segundo lugar que el incremento cuantitativo de la clase obrera iba acompañado por su homogeneización. Es evidente que ninguna de las dos se ha cumplido.

Hablando de la diversidad en las condiciones de trabajo haces referencia a los trabajadores precarios. ¿Qué sería para ti un trabajador precario? Tal como estás las cosas tras las últimas contrarreformas laborales, ¿no lo seríamos todos?

Sobre el precariado, en primer lugar, un trabajo precario es aquél que no permite unas condiciones de vida y trabajo dignas. Desde luego, tras las últimas contrarreformas laborales es aplicable a la gran mayoría de los trabajadores dependientes, o de la clase obrera.

El precariado, algunos sociólogos de renombre usan esta expresión, ¿sería una nueva clase social desde tu punto de vista?

Desde mi punto de vista y aún a sabiendas de que el precariado es considerado como una nueva clase social, esto no es así. La clase obrera, a lo largo de la historia del capitalismo, nunca ha sido un grupo social homogéneo, el que esta falta de homogeneidad se haya agudizado con la globalización capitalista no nos debería llevar a inventarnos una nueva clase social.

Hablas a continuación de la importancia de la división de género. ¿Por qué es tan importante esta división?

Su importancia está en que en principio afecta a más de la mitad de la población. En el mercado laboral las mujeres están hiperresentadas (con tasas de feminización superiores al peso de las mujeres en la población en edad de trabajar) en el trabajo a tiempo parcial, el paro, el paro de larga duración y la inactividad, y prácticamente equilibradas en la contratación temporal; infrarrepresentadas lo están en la actividad, ocupación, y salarización.

¿Sigue pasando que las tareas domésticas están realizadas básicamente por mujeres?

Aunque ha habido avances en la participación masculina en las tareas domésticas, estas siguen siendo realizadas mayoritariamente por las mujeres.

La brecha salarial entre mujeres y hombres, ¿ha aumentado o ha disminuido estos últimos años?

Utilizando el trabajo de Marta Hernández para “El Mundo” de 12/2/18 a partir de los datos de GESTHA en su informe “Brecha salarial y techo de cristal”, la brecha salarial estaría creciendo; como media las mujeres cobran 4.745 euros menos anuales que los varones, un 30% menos, y en el caso de las pensiones la diferencia sube al 37% menos.

¿Cómo describirías brevemente la situación de las mujeres trabajadoras en España?

A partir de los datos de la EPA, la mayor precariedad del trabajo de las mujeres está recogida en una pregunta anterior, la que me hacías sobre la división de género.

En cuanto a la edad, ¿no ha sido siempre así? Si pienso en mi vida laboral, por ejemplo, cuando empecé a trabajar a los 14 años mis condiciones eran malas, francamente malas, mucho peores que las de mis compañeros de mayor edad.

La situación laboral de los jóvenes trabajadores es, lisa y llanamente, catastrófica en los menores de 30 años, como se deduce de los análisis de la EPA para ese grupo de edad. Con una tasa de actividad 4’5 puntos porcentuales por debajo de la del total de la población, una tasa de ocupación casi 11 puntos porcentuales por debajo, apenas por encima del 75, una tasa de temporalidad por encima del 55%, casi 29 puntos porcentuales por encima de la media, en el trabajo a tiempo parcial están contratados algo más de 1 de cada cuatro jóvenes, más de 11 puntos porcentuales por encima de la media, desempleados están casi 1 de cada cuatro jóvenes y más del 59% ni encuentran trabajo ni lo buscan.

Al referirte al nuevo salario mínimo haces referencia a las dificultades para su implantación y a su cuantía. ¿Dónde residen las dificultades para su implantación? La ley está aprobada desde hace meses. ¿Cuál sería una cuantía justa, desde tu punto de vista, para el salario mínimo en la España actual?

El problema está en lo difícil que es el seguimiento de una ley dentro de la maraña de pequeñas empresas y comercios que conforman el modelo productivo en nuestro país. La cuantía debería estar marcada por conseguir un trabajo digno.

¿Por qué es tan importante el sector servicios en la estructura económica española (¡nada menos que el 75,5% de los asalariados!)? ¿Qué consecuencias podemos extraer de ese dato?

En el capitalismo avanzado el grueso de la ocupación está en el sector servicios, de todos modos esta es una situación ficticia, puesto que el sector servicios es una especie de cajón de sastre en el que todo cabe. Hay que distinguir entre los servicios con trabajadores de elevada cualificación, como son la enseñanza y la sanidad, los servicios con alto contenido tecnológico, y el resto. En España, por desgracia, los servicios, en su mayoría, son de valor añadido bajo. Con esto quiero decir que el peso del 75% en el empleo en el sector servicios no dice nada, a priori, es un porcentaje normal.

¿Qué trabajadores españoles ganan más? ¿Los de la industria, los de la construcción, los de servicios? ¿Por qué?

En España, los salarios son mayores en la industria, un 14’7% por encima de la media, unos 4.000 euros anuales más, seguido de los servicios, la construcción es la que tiene salarios más bajos, (datos de 2017). La razón está en la productividad del trabajo en los distintos sectores.

¿Son muy importantes las diferencias salariales en las comunidades españolas? ¿Pueden ser causa esas diferencias de migraciones internas en busca de una mejor remuneración? ¿Los trabajadores de las comunidades ricas (las de mayor renta per capita) viven mejor que los de las comunidades más pobres? ¿Sus clases dominantes son más generosas?

Las Comunidades más ricas tienen salarios más altos, debido al valor añadido producido. Eso no tiene nada que ver con la generosidad o no de las clases dominantes. Además esas Comunidades tienen menor tasa de paro, que es, probablemente, la principal causa de migraciones internas.

¿Qué futuro tiene nuestro país, y sus clases trabajadoras, partiendo de la descripción que haces (que pone los pelos de punta) de la situación de los jóvenes trabajadores?

Evidentemente, la situación laboral de los jóvenes es prácticamente insostenible, como hemos mostrado en una respuesta anterior. Esto ha producido una emigración al exterior. En 2007 había en nuestro país 8,38 millones de jóvenes entre 16 y 30 años, en 2019 son solamente 6’68 millones, 1.7 millones (un 20%)  menos; la única explicación de esta caída es la emigración.

Afirmas que en España el conflicto laboral es, esencialmente, un conflicto industrial. ¿Por qué? Por lo demás, ¿no siempre ha sido así?

Hace un tiempo se generalizó la propuesta de que el conflicto laboral estaba perdiendo fuerza frente al conflicto social. Esto afirmación es la que me llevó a hacer, desde la FIM, una investigación sobre el conflicto laboral, que se publicó en 2015 y se ha ido completando en los “Indicadores económicos y laborales”. El resultado de esa investigación, que cubre desde 2007 a 2018 es que el número de huelgas diarias estrictamente laborales ha oscilado entre 2’5 y 3 en los datos del Ministerio de Empleo.

Teniendo en cuenta datos e interpretación, ¿la clase obrera es, hoy por hoy, un sector social en lucha?

La clase obrera sigue siendo el principal sector social en la lucha frente a la globalización capitalista.

Los sindicatos de clase, ¿están a día de hoy a la altura de las circunstancias? ¿Pueden hacer más de lo que hacen?

Los sindicatos de clase hacen lo que pueden, hay que recordar que un conflicto laboral registrado es generalmente llevado a cabo por uno o más sindicatos.

¿Por qué sigue habiendo tan baja afiliación sindical en España?

La afiliación sindical en España siempre ha sido muy baja, con la crisis y la recuperación macroeconómica el porcentaje de afiliación ha bajado, del 17’1% en 2008 al 13’9% en 2015. Hay que tomar en consideración que en la negociación colectiva, que llevan a cabo los sindicatos es aplicable a todo el colectivo, estén o no sindicados.

Hablan los sociólogos de la desaparición de las clases medias, de su proletarización creciente. ¿Es así? La crisis económica en la que seguimos inmersos, ¿les golpeó con más dureza?

La desaparición de las clases medias y la progresiva proletarización de las mismas. A lo largo de la historia el capitalismo ha jugado con la existencia de los grupos intermedios con el fin de encontrar una barrera que evitan la existencia de un enfrentamiento entre las dos clases principales. Es cierto que la globalización ha incrementado las diferencias de ingresos y modos de vida, ahora bien, volver a plantearse la progresiva proletarización hasta la desaparición no creo que se vaya a producir                   

Mil gracias por tu tiempo y tus documentadas respuestas.

La Ley de Seguridad del Estado como instrumento de represión política



Por Julio Cortés Morales (*)

La idea básica del “derecho penal del enemigo” es que además del sistema penal “normal” que se ocupa de los delitos comunes debe existir una forma reforzada de criminalización que opere ante delitos que revelan un cierto grado de disidencia social o política.

Ya decía Hobbes en “El Leviatán” que “los actos de hostilidad contra el estado actual de la república son crímenes mayores que esos mismos actos perpetrados contra hombres particulares” y que por eso “el daño causado a súbditos rebelados se hace por derechos de guerra, no a modo de pena”. Además, respecto de estos enemigos, “súbditos que niegan deliberadamente la autoridad establecida de la república, la venganza se extiende legítimamente no sólo a los padres sino también a la tercera y cuarta generación futura, inocentes respecto del hecho que los aflige” .

En las últimas décadas la Ley que solía usarse para consagrar el carácter de “enemigo” que se le atribuye a ciertos grupos de personas ha sido la Ley Antiterrorista, creada en dictadura (1984) pero reformada y re-estructurada en democracia (fundamentalmente con las reformas efectuadas en 1991 y 2010 ), y que en su forma actual se emplea básicamente contra mapuche y anarquistas.

Otra de estas verdaderas trincheras legales que existen dentro del ordenamiento jurídico chileno (además de la Constitución, el decreto ley de Extranjería, el decreto 1086 de 1983 que regula la autorización de manifestaciones, diversas “agendas cortas” y la Ley Antiterrorista) es la Ley 12.927, de Seguridad del Estado.

Creada en 1958, durante el segundo gobierno del exdictador Carlos Ibañez del Campo (fundador de Carabineros de Chile), en parte como ley de reemplazo de la infame Ley de Defensa Permanente de la Democracia , pero además como respuesta estatal a la impresionante insurrección popular que se había producido a fines de marzo y principios de abril del año anterior en Valparaíso, Concepción y Santiago, motivada por un aumento en las tarifas del transporte . Como ha dicho el historiador Jorge Rojas Flores, “el uso del poder del Estado para prevenir y aplastar la disidencia fue una actitud corriente durante el gobierno de Ibañez, y quizá uno de sus rasgos más recordados” . Si bien Rojas se refiere a su primer período de gobierno (1927-1931), creemos que lo dicho es también aplicable en lo esencial al legado represivo de su segundo gobierno (1952-1958).

Esta Ley de Seguridad del Estado fue modificada y reforzada por la dictadura de Pinochet/Guzmán en 1975 mediante el Decreto 890 del Ministerio del Interior, y ha seguido siendo invocada y aplicada en varias ocasiones en democracia: contra Alejandra Matus, la autora de “El libro negro de la justicia chilena”, en 1999; contra los dirigentes de microbuseros que interrumpieron el transporte público en el 2002; contra un paro efectuado por asociaciones de gendarmes el 2009; y contra 22 habitantes de las localidades de Puerto Aysén, Villa Mañihuales, Lago Verde y Puerto Cisnes con ocasión de la revuelta regional en Aysén el año 2012.

Hay dos formas principales en que opera este sistema penal reforzado. La primera es agravando las penas de delitos comunes, como en el conocido caso del profesor Roberto Campos: los daños comunes del Código penal se transforman en un delito mucho más grave, y sólo por esa vía el poder represivo logró mantenerlo en prisión preventiva durante dos meses.

Esta elevación de delitos comunes a la categoría de delitos especiales por “atentar contra la seguridad del Estado”, que también se ha aplicado a otros partícipes de la revuelta iniciada en octubre y a inicios de este año en contra de los estudiantes secundarios que boicotearon la rendición de la PSU ¡e incluso contra un joven que arrojó un huevo a una gobernadora!, justificó que en su momento la Comisión Valech considerara que existía “motivación política” en la represión cuando se aplican “normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos”, o “en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado” .

En su Informe Anual 2012 el INDH se refirió críticamente a esta Ley, señalando que “esta legislación eleva a categoría agravada figuras como los desórdenes públicos y otros ilícitos referidos tanto a la seguridad interna como externa” y “de esta manera, exacerba la penalidad y el rigor de la sanción penal de manera especial, en circunstancias que el ordenamiento jurídico nacional referido al orden y la seguridad pública contempla un conjunto de disposiciones, y un vasto catálogo, particularmente en el Título VI Libro II del Código Penal denominado: ‘Crímenes y simples delitos contra del orden y la seguridad públicos cometidos por particulares’. En relación a los desórdenes públicos estos se encuentran descritos y sancionados en el art. 269 del referido cuerpo legal” .

Dado el amplio conjunto de delitos que contempla, la Ley de Seguridad del Estado parece ser una especie de “segundo código”, o un código punitivo especial para los delitos políticos, y por eso es que la iniciativa para poder invocarla pertenece al Ministerio del Interior.

Además de realizar ese agravamiento de penas a delitos ya contemplados en la legislación penal ordinaria, esta Ley criminaliza directamente comportamientos que se podrían considerar como ejercicio de la libertad de expresión, los que pasarían a ser delitos de conciencia o de opinión, es decir, delitos políticos en sentido estricto.
Así, la primera parte del artículo 4 letra a) sanciona hasta con cinco años de presidio, relegación o extrañamiento a “los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”, y en la letra c) a “los que se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad”.

El estándar que está usando el Gobierno para presentar querellas por estos delitos está siendo bastante bajo: a Dauno Tótoro lo acusan de haber incitado a “derrocar el gobierno” en base a una intervención verbal que hizo en una asamblea, y a Castillo Petruzzi se le persigue por haber expresado ciertas opiniones sobre la lucha armada como comentarista en el lanzamiento de un libro de Héctor Llaitul sobre la Coordinadora Arauco Malleco.

Por el contrario, no se invoca esta Ley para impedir el surgimiento de milicias y grupos armados de ultraderecha, a pesar de que es evidente que se están organizando para atacar violentamente a manifestantes, tal como lo expresa sin tapujos el líder del exótico grupo “Capitalismo Revolucionario”, que ha hecho llamados a armarse y agredir personas, sin haber enfrentado hasta ahora acciones legales por parte del Gobierno. Tampoco se invocó en contra de John Cobin, el “chaleco amarillo” gringo que disparó contra manifestantes en Reñaca, y no se invocó ahora en contra de los pinochetistas ABC-1 que estaban comprando metralletas AK-47 preparándose para el mes de marzo. Se trata de una omisión llamativa, puesto que dentro del artículo 4 d) de la Ley de Seguridad del Estado se sanciona también a “los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública”.

En conclusión, la represión política que estamos experimentando hoy no surge de la nada, sino que se apoya en parte en el legado legislativo de distintos momentos represivos del siglo XX, en este caso mediante el uso abusivo y parcial de una Ley propia de la “guerra fría”, abiertamente autoritaria y contraria a derechos fundamentales, que se invoca sin problemas en democracia y aún lleva la firma de Augusto Pinochet Ugarte.

NOTAS

Notas:

[1] Thomas Hobbes, Leviatán, Tomo I, Buenos Aires, Losada, 2007, pág. 264 y ss. La publicación original, en inglés, es de 1651.

[2] Una revisión detallada de esta evolución se encuentra en mi “Legislación antiterrorista en Chile: diagnóstico y propuestas de modificación”. Disponible en: https://www.ciir.cl/ciir_2019/wp-content/uploads/2019/01/policy-paper-UPP-n%C2%BA3-2019-.pdf

[3] Sobre este tema recomiendo el trabajo de Myrna Villegas titulado “El Mapuche como enemigo en el Derecho (Penal). Consideraciones desde la biopolítica y el derecho penal del enemigo”, disponible en: http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataFiles/6258.pdf

[4] Ley 8987 de 1948, que no sólo proscribió al Partido Comunista de Chile sino que limitaba severamente la actividad sindical en general.

[5] Sobre estos eventos existe un detallado libro del historiador Pedro Milos: “Historia y memoria. 2 de abril de 1957”, editado en LOM, 2007.

[6] Jorge Rojas Flores, “La dictadura de Ibañez y los sindicatos (1927-1931)”, DIBAM, 1993. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000721.pdf

[7] Ver el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, página 29 y ss.


(*) El autor es abogado penalista.

lunes, 30 de marzo de 2020

Marlon Calles: Me quieren callar para que no diga lo que está pasando



Por Riccy Ponce 

Régimen aprovecha la suspensión de garantías constitucionales para atacar y callar a defensores  y las voces críticas para que no denuncien lo que está pasando en el país, como es el caso de Marlon Calles, regidor de la Alcaldía de Marcala, La Paz, quien recibió un citatorio para que se presentará este jueves a rendir declaración ante el Juez de Justicia Municipal.

En la citación se le ordena que se presente con el objetivo de hacer una declaración ante el Juez de Justicia Municipal, pero según Calles, era para advertirle y callarlo.

“Nos quieren callar, eso fue prácticamente lo que nos dijo el Juez Municipal”, denunció el regidor de la Alcaldía de Marcala.

Agregó que “en pocas palabras es para que como regidor no diga o no critique al gobierno ni al Comité de Emergencia Municipal (Codem),  es decir, que me calle y esto viene por pedir el cierre de la ciudad para proteger a la gente y por ser un fuerte crítico del gobierno”.

Marlon dijo a defensores en línea que  “no me van a callar ni intimidar, seguiré diciendo lo que está mal”.

El regidor denunció que  antes de entrar al lugar donde fue citado le quitaron el teléfono para que no grabara nada de lo que se estaba diciendo en dicha reunión.

Cabe mencionar que la citación se da en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales como una medida para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19).

Además, calles ha sido víctima de persecución y amenazas  por las denuncias que ha estado haciendo sobre la deforestación que está realizado una empresa maderera transnacional, en la montaña El Jilguero, que es una de las principales reservas de agua que tiene el departamento de La Paz.

Con la citación hecha este día al regidor municipal se busca callar una de las voces críticas de La Paz en cuanto a lo que está pasando con el COVID-19 en ese departamento y especialmente en el municipio de Marcala.

Más de 22 municipalidades del país han emitidos ordenanzas donde han prohibido la entra y salida de sus municipios para evitar la propagación del Covid-19 y el Gobierno decretó toque de queda absoluto en siete municipios del país, lugares que han reportado casos positivos de esta pandemia que afecta al mundo entero.

Familias de la Villa Centroamericana rechazan “salas de aislamiento” en complejo deportivo


Por  Marc Allas 

Polideportivo UNAH

El patronato de la Colonia Villa Centroamericana emitió hoy un comunicado para exigir al régimen que desmantele las salas de aislamiento que ha acondicionado en los gimnasios del Complejo Deportivo de la Villa Olímpica, por considerar que representaría un foco de contagio para centenares de familias y además que dichas instalaciones no son apropiadas para recluir a posibles contagiados por el coronavirus.

El comunicado expresa que la comunidad de la colonia Villa Centroamericana que está al frente del complejo deportivo, “rechaza ésta decisión del gobierno en vista de que no cuenta con las condiciones adecuadas para atender este tipo de situaciones”.

Consideramos que como compatriotas y hermanos hondureños, necesitan un lugar con mejores condiciones para su atención, ya que estos lugares no cuentan con los servicios de salubridad necesarios como  son: agua potable, servicios sanitarios, etc.

El patronato de la Villa Centroamericana apuntó que existen otros predios para los efectos que puedan servir para atender a éstos pacientes, por ejemplo batallones, hoteles, complejos deportivos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y hasta el  mismo nuevo Centro Cívico Gubernamental. Lugares que están alejados de las comunidades y proyectos de vivienda.El comunicado indica que “otros de los factores por los cuales estamos en contra de la decisión del estado, es porque al frente se encuentran dos asilos de ancianos, población que es altamente vulnerable; según los datos estadísticos que se manejan de manera oficial”.

“Queremos una respuesta contundente y de carácter urgente a esta petición de parte de la comunidad de la Villa Centroamericana la cual cuenta con un promedio de unas mil 400 personas, entre adultos y niños”, subraya la petición.

Las familias de la Villa Centroamericana señalaron que reconocen que ésta es una situación delicada, de humanidad y de emergencia nacional, “pero nuestros gobernantes deben ser prudentes y considerar opciones más viables con los recursos con que cuentan de nuestra ciudad; a fin de afectar lo menos posible a la comunidad”.

La postura de las familias de la Villa Centroamericana de Tegucigalpa, concuerda con los planteamientos expresados por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, quien ha insistido en que el régimen, debe habilitar como “centros de atención especial para los casos de coronavirus” las unidades militares, hoteles y hasta hospitales privados. Y que para ello cuenta con 460 millones de dólares (más de 11 mil millones de lempiras).

Cabe señalar que en el Complejo Deportivo de la Villa Olímpica, permanecen confinadas por espacio de catorce días, unas 25 personas, por órdenes de las autoridades de salud. Estas personas ingresaron al país, hace unos días, procedentes de Nicaragua, y se encuentran también preocupados, porque temen que cuando lleguen los casos críticos a los gimnasios, improvisados como “salas de aislamiento”, puedan contagiarse con el Covid 19 o coronavirus.

Aleyda Huete denuncia amenazas contra su vida


Imagen captada por Aleyda Huete, de uno de los vehículos que le ha montado vigilancia,
en el marco de un toque de queda según el PCM 021-2020 ante pandemia de COVID-19

“Creí que venían otra vez por mí”, declaró esta tarde la defensora de derechos humanos y criminalizada política Aleyda Xiomara Huete (50), tras ser vigilada por carros policiales frente a su vivienda en Choluteca, al sur del país.

Cabe señalar que Choluteca es una de las cuatro ciudades del país bloqueada por policías y militares, tras la ordenanza municipal de Quintín Soriano, emitida el lunes y que entró en vigencia el martes 17 de marzo con “toque de queda absoluto”, por existir casos de Coronavirus (COVID-19), acción que se extendió a Tegucigalpa y La Ceiba según el decreto Presidencial en Consejo de Ministros  PCM021-2020.

Aprovechando el toque de queda, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y Policía Nacional  le montaron vigilancia, la capturaron y llevaron a los Tribunales, donde el juez de Letras, Ramón Francisco Videa Talavera, le dictó medidas sustitutivas a la prisión.

Tras salir del juzgado Aleyda no tuvo tiempo para abastecerse de agua y alimentos, y luego acatar el toque de queda, en casa con sus hijas, por lo que hoy se quedó sin agua, problema que se enfrenta caso toda la ciudad sureña, que entre sus luchas sociales es la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y contra el extractivismo minero.

Una persona solidaria me dijo que mandaría un vehículo por mí y poder acarrear unos botes con agua, iba acompañada de uno de mis abogados cuando notamos que nos seguía un carro blanco con placas, y en el vidrio de atrás tenía una chapita de la policía.

Aseguró que, después estuvo el mismo carro gris en que la llevaron a los juzgados el martes, custodiada por más de 10 policías. “Ése estuvo estacionado frente a la casa y cuando me vieron con teléfono en mano se fueron”, relató en referencia a que ella pudo tomas fotografías del vehículo.

También se percató que ayer fue vigilada por tres vehículos, uno de ellos color rojo, y otras personas la han alertado que agentes de la Dirección de Inteligencia Policial  (DIPOL) estaban cerca.

La defensora es muy reconocida en la zona sur del país, por su ardua labor en el grupo de oposición al régimen de Hernández “Bastión del Sur”, y es así que tiene puentes de solidaridad que le advierten sobre eminentes peligros, que a veces le pueden causar miedo, pero los enfrenta con valentía por que no ha hecho nada malo, agregó.

He estado nerviosa, porque me advirtieron que me cuide, ya que hay intereses de desaparecerme. Aleyda Huete

Lamentó que la situación de salud  por el COVID-19 agudiza la persecución en su contra, porque le imposibilita la libre movilización y teme que, al intentar ponerse a salvo, la capturen con la excusa del toque de queda absoluto.

Previendo situaciones como esta, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en un comunicado público el lunes anterior denunció la posible persecución contra defensores de derechos humanos,

“Tampoco queremos ser parte de una emergencia sanitaria en la cual en vez de educar positivamente a la población en medidas simples de solidaridad, de convivencia social de nuevo tipo, se le induce a comprar detergentes, cremas industriales, máscaras y trajes prefabricados, al estilo de un escuadronero de la muerte que olvida sus crímenes en este país empobrecido por sus amos”, expresa el documento.

Aleyda Huete, permanece con medidas sustitutivas a la prisión por los supuestos delitos de de “tenencia ilegal de armas de fabricación casera (chimba) y almacenamiento de artefactos explosivos” en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, desde diciembre del 2019. La audiencia inicial será el 31 de marzo en los Tribunales de Justicia de Choluteca. Su compañero de hogar Antonio Felipe Esquivel, fue privado de libertad como parte de la persecución contra Aleyda, sin saber cuál será su suerte.

La hora de la condonación de la deuda para América Latina



Por Alfredo Serrano Mancilla, et al

Desde el CELAG abogamos por un tratamiento justo, solidario y eficiente respecto de la deuda externa de América Latina. En esta emergencia, la prioridad son nuestros pueblos.

Ahora que el mundo ha asumido un tono más humano y cooperativo en lo económico ante la pandemia del Covid-19, desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) solicitamos la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte de FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF) e instamos a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses. 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Y, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo. Y sigue la salida de capitales de los países emergentes. Ya está en valor récord: 60.000 millones de dólares en menos de dos meses (Instituto Internacional de Finanzas). Ante tantas dificultades, la condonación de la deuda externa es una acción tan justa como necesaria. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos marcados por grandes catástrofes naturales como guerras, enfermedades y pandemias. Esta es una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el que se produjo después de que Alemania fuera devastada en la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Londres de 1953 se acordó perdonar cantidades sustanciales de su deuda. No fue la única vez que esto se llevó a cabo a lo largo de nuestra historia más reciente. Hay un sinfín de casos en los que la deuda externa fue perdonada.

Nadie puede dudar de que este es un momento oportuno para hacerlo si se quiere afrontar con éxito esta situación tan difícil. No podemos exigir a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda; no podemos exigirles que implementen políticas económicas que compensen los daños de esta catástrofe a la par que deben seguir pagando a sus acreedores. Es absolutamente incompatible hacer efectivo un plan de reestructuración económica en el futuro próximo con los actuales niveles de endeudamiento externo (en promedio, supone el 43,2% del PIB en América Latina).

Tal como se hiciera con la resolución aprobada el 10 de septiembre de 2015 sobre los Principios Baìsicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, ahora debemos dar un nuevo paso y, por eso, desde CELAG solicitamos a las Naciones Unidas que a la mayor urgencia convoque a la Asamblea General para discutir una resolución que proporcione el marco legal internacional para llevar a cabo esta estrategia efectiva de condonación de la deuda externa de América Latina y fomentar el proceso de reestructuración (con mora de dos años) con los acreedores privados.

También instamos al resto de organizaciones internacionales a que se sumen a esta iniciativa de solicitud de la condonación de la deuda.

Invitamos a centros de pensamiento, universidades, instituciones religiosas, sindicatos, patronales y gobiernos a que se unan a este pedido.

No sólo es una cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia.

20 marzo, 2020

Rafael Correa, Álvaro García Linera, Gustavo Petro, Alfredo Serrano Mancilla

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)


@CELAGeopolitica

Pensar el COVID-19 desde la perspectiva de los derechos


Por Ana Cristina Bracho

Desde que la Organización Mundial declaró que el Covid-19 era una pandemia y empezaron a tomarse medidas severas y simultáneas en distintas partes del mundo para frenar su contagio, se ha hablado insistentemente de las consecuencias económicas de este suceso. El mundo se ha parado y con ello todo el tejido social, todas las relaciones económicas, todos los emprendimientos están en riesgo.

Esta situación es tan severa que algunos analistas comienzan a sostener que el mundo cuando pase el “distanciamiento social”, “el Estado de Excepción global” o “la cuarentena social obligatoria” no será el mismo y ya comienzan a observarse algunos síntomas. Por ejemplo, ya es evidente que la Unión Europea es una estructura incapaz de prestar el auxilio requerido por sus propios ciudadanos. Así, Italia y España se han visto en la necesidad de actuar como Estados independientes y esperar la ayuda de países externos de la unión como China y Cuba para protegerse. Lo que puede generar que se reevalúe esta fórmula de integración mucho más allá de la crisis que vive en el marco del Brexit.

Otra situación interesante se presenta ante la fuerza que ha adquirido la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, como verdadero gestor de la crisis, con protocolos unificados que se han implementado y que significan limitaciones a los derechos individuales de un porcentaje muy significativo de la población mundial.

Sobre este punto, vale recordar que el Estado de Excepción, previsto en muchas Constituciones occidentales y periféricas, se encuentra activo –parcial o integralmente- en varios países y por recomendaciones de la OMS. El tiempo de duración, la dimensión de la limitación de los derechos parece tener algunos rasgos inéditos. Por ejemplo, al haber sido pensado para catástrofes que tendrían limitaciones geográficas –una región, una ciudad o un país- así como soluciones en un tiempo de quince días o un mes y que se extenderían a lo mucho el doble de ese tiempo.

¿Cuánto durará la crisis que genera no tener una vacuna para el COVID-19? ¿Quedará algún territorio libre de la enfermedad? A juzgar por lo que se sabe hoy parece que se requiere un tiempo para que exista una medicina capaz de inmunizarnos, un sistema capaz de proveérnosla y mientras la enfermedad seguirá avanzando.

Para evitarlo, confiamos en los más elementales recursos, como la precaución, el jabón, el cloro y los remedios naturales. Los consejos que emanan de la OMS y que se imponen, a través de variadas formas de Estado de Excepción son todas limitaciones de las diversas facetas de las libertades individuales: desplazamiento, comercio, reunión, manifestación, trabajo y educación.

¿Qué consecuencias traerá a nuestras nociones de libertad este momento? Este hecho también interfiere y entorpece algunos calendarios electorales y preelectorales que podrían verse atrasados por la situación que se vive, con lo cual pasará a afectar elementos de la libertad política relacionada con los comicios electorales, en muchos países entre ellos en Estados Unidos donde las acciones partidistas han sido suspendidas.

Un elemento que finalmente entra en estas consideraciones está relacionado con cuáles son las condiciones sociales en las que se enfrenta el llamado a una cuarentena y cómo esta, para ser efectiva y posible, requiere estándares de acceso a derechos sociales que no están mundialmente garantizados.

Por ello, hemos de pensar que pese a las ayudas gubernamentales que se prometan, la inactividad impacta a una población mundial que habita un sistema caracterizado por los recortes en los servicios sociales y la precarización del empleo.

De este modo, la cuarentena global ha sido dictada en un mundo donde no todas las personas tienen las condiciones para cumplirla y en cierto modo esta instrucción omite que:

Según la ONU, 1.600 millones de personas habitan en casas inadecuadas, 900 millones en asentamientos informales o campamentos, que en estas estadísticas no se incluye a las personas que viven sin casa o en la calle.
Según la UNICEF, 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable de forma segura, 4.200 no tienen servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen las instalaciones básicas para el lavado de manos.
En el mundo existen miles de personas privadas de libertad y la condición de hacinamiento se encuentra expandida en la mayor parte de los países, conllevando con ella un precario acceso a las instalaciones sanitarias indispensables para la mayor parte de las personas en esta condición.
Según la OMC, al menos el 5% de la población del mundo se encuentra desempleada y según el Banco Mundial casi la mitad de la población mundial está dentro de los parámetros internacionales de la pobreza.
Según las oficinas que miden la migración de la ONU, en el mundo existen 272 millones de personas en condición de migrantes y éstas se enfrentan a ambientes cada vez más difíciles que incluyen precariedad y confinamientos.  
Es decir, que la situación no es tan sólo un problema macroeconómico donde se evidencian pérdidas de mercados, reducción de ingreso público o posibles colapsos que se producirán con el paso de los días sino que cada día que pasa constituye un apremio para millones de personas que se encuentran en distintas partes del mundo, ante el reto de una situación particularmente grave y sistemas públicos precarizados.

De este modo, nosotros estamos ante una situación que evidencia especialmente la gravedad de que los derechos sociales, económicos y culturales se encuentren condicionados a que los Estados cuenten con los recursos presupuestarios y financieros que les permitan garantizarle condiciones de vida aceptables a su población.

En tanto, existen hechos impredecibles, catastróficos como esta situación que el mundo enfrenta con la aparición del nuevo coronavirus que caen en sistemas que no son permanentes, universales ni suficientes que se encuentran condicionados a la existencia de recursos en un país, de su correcto aprovechamiento y que siempre se encuentra condicionado a la posible libertad de desarrollo de un país –que no ocurre bajo las condiciones actuales del mundo-.

Mientras estas diferencias existan y sean admitidas entre los derechos, se estará permitiendo y favoreciendo que se den grandes diferencias entre las personas que en caso como el actual son diferencias entre la vida y la muerte, la existencia individual y colectiva, así como la más sencilla posibilidad de acatar o no las recomendaciones de la OMS convertidas hoy en normas de excepción.

Con esto en mente, resulta que el caso del COVID-19 merece una lectura jurídica, desde la perspectiva de los derechos humanos y las realidades concretas de la población, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que en el presente existen y que enfrentan las personas que reciben las recomendaciones y las necesarias reformas en los sistemas jurídicos para que realmente estas situaciones puedan ser asumidas en su conjunto por “la gran familia de la humanidad.”

sábado, 28 de marzo de 2020

COFADEH reporta a la CIDH medidas desproporcionadas adoptadas por el régimen


Por Marc Allas 

En medio de emergencia provocada por el coronavirus a nivel mundial y su impacto en Honduras, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, envío una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  en donde denuncia al régimen de Juan Orlando Hernández, por la suspensión de garantías constitucionales, que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información.

En la misiva, Bertha Oliva señala que el decreto ejecutivo PCM-021-2020 y que contiene la suspensión por espacio de 7 días ( y que seguramente se prolongarán por más tiempo) de los derechos constitucionales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión, de asociación, de locomoción, de inviolabilidad de la integridad física y del domicilio, así como de la propiedad privada, entre otros, son arbitrarios y desproporcionales.

Edison-Lanza-6

Para la reconocida defensora de derechos humanos el decreto que suspende derechos constitucionales no cumple con los requisitos de necesidad, idoneidad, legitimidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión en tiempos de normalidad democrática y, sobre todo, en tiempos de crisis como la que plantea el actual contexto.

El decreto, a la fecha de esta comunicación, no ha sido publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Tampoco ha sido sometido al Congreso Nacional para su conocimiento, para que lo ratifique, modifique o impruebe, como lo establece el artículo 187, inciso cuatro de la Constitución de la República. Ni se ha cumplido con las obligaciones del Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Respecto al artículo 27 de la CADH,  la Comisión ha interpretado  “…que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros, nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia..”

Por otra parte, y a criterio del COFADEH, el decreto restringe la libertad de expresión sin justificación alguna. El régimen no ha explicado sobre las causantes para la suspensión de este derecho que en el contexto de la emergencia, es de suma importancia y tampoco ha considerado otras normativas internas que garantizan la libertad de expresión, entre éstas la Ley de Emisión del Pensamiento que en su artículo cuatro establece: “Durante el periodo de estado de sitio, ningún periodista activo, será objeto de extrañamiento ni sufrirá persecución alguna por sus opiniones”.

El Comité ha recibido denuncias sobre obstáculos que enfrentan los periodistas para tener acceso a información o para cubrir información tanto de la pandemia,  como de otros hechos de importancia para la sociedad, desplazados por la información oficial de pánico.

Al respecto, el comité registró la denuncia del periodista Gustavo Blanco de radio Globo, quien  denunció el 17 de marzo, que en dos retenes policiales, le impedían su derecho a dirigirse a su medio de comunicación. Los agentes estatales desconocían totalmente el alcance del decreto de PCM021-2020.

Libertad de expresión

Por otra parte, Gabriel Rubí, representante del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), declaró a medios radiales que solicitará a la secretaría de Salud y a la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), poner en cuarentena a un grupo de periodistas que dio cobertura en una zona sospechosa de contagio por COVID-19 en la ciudad de Comayagüela, Distrito Central.

“Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información”, planteó el COFADEH.

“La comunidad hondureña afectada no tiene acceso a una información clara, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el grado de amenaza para la salud. El Gobierno ha saturado a la población con cadenas de radio y televisión, la información que transmite es de terror y de restricciones de derechos. La suspensión de Garantías fue sorpresiva y no permitió que la población tomara sus medidas de seguridad y abastecimiento de víveres, agua y medicamentos”.

Por otra parte la carta dirigida al Relator Especial sobre Libertad de Expresión señala con preocupación que la información emanada desde el Gobierno en medio de la crisis del coronavirus no ha sido clara sobre las restricciones a la circulación y medidas impuestas en el país, incluso los discursos de diversos funcionarios se contradijeron entre sí el día martes 17 de marzo.

Durante los estados de excepción reina un clima de zozobra e incertidumbre, donde no prevalece una efectiva libertad de expresión y por tanto de información. Es indudable que en el curso de estas situaciones de emergencia se presentan abusos por parte de los gobernantes al imponer limitaciones a la libertad de expresión e información.

Como ejemplo del silencio que se impone en las regiones, resalta el caso del defensor de derechos ambientales Marlon Calles, que también se desempeña como Regidor de la Corporación Municipal de Márcala, en el Departamento de La Paz.

El 19 de marzo, Calles fue citado por el Juez de Policía para prohibirle que critique las acciones que está desarrollando el Gobierno y el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de esa municipalidad.

Marlon ha denunciado que las medidas tomadas en ese municipio para prevenir la propagación del coronavirus son insuficientes para garantizar la salud pública.

El COFADEH demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis, señalar y recomendar al Estado de Honduras sobre sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión.

“Recordarle que cualesquier medida debe tener los derechos humanos como límite y el acceso a información transparente y confiable, porque de no garantizarse, se corre el riesgo de que menoscaben el derecho a acceder a información sobre la salud, y ponen en peligro la eficacia de la respuesta en materia de salud pública en la crisis de la pandemia COVID-19”.

Y por último el COFADEH solicitó a la CIDH, recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos cumplan con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.


EPU: Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras



Este informe tiene tres capítulos. En el primero se señalan asuntos relevantes desde la última evaluación del Examen Periódico Universal (EPU); en el segundo se reporta con base en las recomendaciones del primer y segundo ciclo del EPU, y el tercero contiene recomendaciones para el tercer ciclo.


Los Estados de América Latina deben aportar una respuesta adecuada y proporcionada a la crisis sanitaria



El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus Covid-19 como pandemia. La FIDH hace un llamamiento a la responsabilidad de los Jefes de Estado para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Frente a la fragilidad del sistema sanitario de algunos de los países latinoamericanos, la FIDH considera esencial que los gobiernos tomen las medidas necesarias y efectivas que puedan preservar el derecho a la salud y el bienestar integral de su población, prestando mayor atención a las poblaciones más vulnerables. La FIDH recuerda que las medidas que restringen las libertades individuales pueden adoptarse temporalmente para combatir la pandemia sólo si están justificadas y se ejercen en la medida estrictamente necesaria. No deben poner en peligro a las poblaciones vulnerables y no deben continuar después de la crisis.

América Latina está al inicio de la epidemia, sin embargo la FIDH se encuentra particularmente preocupada por las primeras medidas adoptadas por algunos países de la zona.

Lamentamos profundamente que el gobierno de Nicaragua esté desacatando las recomendaciones de la OMS sobre la distanciación social y aliente las concentraciones públicas. Por ejemplo, el sábado 14 de marzo, el gobierno nicaragüense convocó a una marcha “Amor en los tiempos del Covid-19. Caminamos como pueblo con fe, vida y esperanza” y actualmente a pesar de haber reconocido la existencia de un caso, sigue convocando manifestaciones incluyendo el día 23 de marzo a un “Desfile de celebración del 40 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización”. (https://twitter.com/solgmunoz/status/1239918662456352770)

En Brasil preocupa que el gobierno de Jair Bolsonaro minimice y no haya tomado las medidas concretas necesarias para combatir el virus. A esto se suman las rebeliones en las cárceles en el Estado de Sao Paulo, motivadas por la restricción de las salidas temporales a causa del Covid-19. El país tiene la tercera población carcelaria del mundo con más de 758.000 personas privadas de la libertad. Instamos al gobierno brasileño a tomar medidas que puedan preservar la salud de las y los brasileños.

En Honduras, pese al Decreto Ejecutivo PCM 021 de 2020 que permite el desplazamiento para comprar alimentos y la apertura de tiendas de artículos de primera necesidad, se han cerrado un gran número de supermercados, así como bancos, gasolineras y el acceso al transporte público. En estas condiciones: ¿dónde encontrar comida? Según la información recogida por la FIDH, el barrio popular El Carrizal en Tegucigalpa en donde todos los comercios estuvieron cerrados, estuvo particularmente afectado por dichas medidas. Esta situación conduce a una precariedad inaceptable para la población más desfavorecida, que no dispone de medios para acceder a los alimentos. El mismo decreto exige a la policía que detenga a cualquiera que circule fuera de las excepciones establecidas.

Todavía en Honduras, la FIDH también expresa su preocupación por la llamada “Ley de aceleración económica contra el Coronavirus” votada el 13 de marzo por el Congreso Nacional. que da la posibilidad de gastar sin licitación hasta 420 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. Esto se enmarca en un contexto de graves escándalos de corrupción que involucran miembros del poder ejecutivo y legislativo: se necesitan mecanismos de monitoreo y de seguimiento para conocer la forma en la que se invierten dichos recursos.

En Venezuela, el trabajador de salud Julio Molinos fue detenido el 18 de marzo en Maturín por hacer un vídeo en donde solicitaba el cumplimiento de la ley de Prevención y condiciones de Medio ambiente de Trabajo (llamada ley LOPCYMAT).  La FIDH exige su liberación inmediata y recuerda que las y los médicos, enfermeros y demás miembros de los centros de salud deben contar con las condiciones e instrumentos necesarios para su trabajo y no ser amedrentados.

En América Latina, gran parte de la población trabaja en el sector informal y el hecho de quedarse en sus casas implica una supresión inmediata de sus ingresos. Los gobiernos donde se están imponiendo las medidas de confinamiento deben atender rápidamente a estas poblaciones y no dejarlas desamparadas.

Finalmente, invocamos a la comunidad internacional a apoyar a los países latinoamericanos con frágiles sistemas de salud pública y seguridad social y velar para que los derechos humanos se encuentren en el centro de los planes de emergencia y no se utilicen para reprimir a las poblaciones latinoamericanas.

Distorsiones y mentiras a propósito del coronavirus



Por Armando B. Ginés 

No hay que confundir la evolución natural de Darwin con la evolución artificial provocada por el régimen capitalista. El capitalismo vende la ideología de que los acontecimientos son naturales, es decir, inevitables, fruto de una determinación áurea a la que los humanos debemos someternos con silencio resignado. Así, en esta cosmovisión irracionalmente religiosa o telúrica, siempre habrá ricos y pobres, beneficios y salarios, oferta y demanda, catástrofes de designio inefable y recuperaciones milagrosas del orden social, siempre igual a sí mismo en un eterno retorno donde la historia es una mera relación de prohombres salvadores y pueblo llano callado y devoto. El diálogo entre los binomios citados aspira a una armonía celestial: los de arriba dirigen y llevan sobre sus hombros la colosal tarea intelectual de ser arúspices y guías hacia el progreso lineal mientras los de abajo asienten acompasando el ritmo de sus brazos y mentes a la dura labor de levantar el mundo y suministrar la energía necesaria e imprescindible para que las sociedades muevan sus engranajes internos e infraestructuras básicas.

Cuando las crisis amenazan las principales columnas sociales de sostén estructural y la convivencia ciudadana, las elites predican esfuerzos adicionales: todos para uno y uno para todos a la usanza de los mosqueteros románticos de Dumas. Ese ideal de igualdad es ficticio, mera treta para recomponer la figura maltrecha, desviar responsabilidades propias y volver al statu quoanterior al caos, quizá con algún cambio estético, nominal, que no afecte a la propiedad de las cosas ni a las riendas estatales.

Hoy, en plena virulencia extrema del virus Covid-19, transitamos por circunstancias similares a las expuestas y cercanas a las ya habilitadas en la crisis iniciada en 2008: los mass media de mayor impacto mediático, cuyos dueños transnacionales habitan a la sombra de afueras existenciales inaccesibles y urbanizaciones bunkerizadas, ya están trabajando sibilinamente la poscrisis del coronavirus: no se pueden desatar reivindicaciones excesivas o violentas; las elites y los laboratorios de ideología derechista deben dar al consumo global nuevos impulsos en forma de deseos y aspiraciones psicológicas individuales, todo ello envuelto en papeles de marketing vistosos y morales donde prime la emoción de lágrima fácil antes que la reflexión crítica y argumentada. Las elites y las derechas que juegan en su bando representando sus intereses quieren atomizar los discursos contestatarios plurales, evitar un único grito colectivo de la gente de abajo, reconducir la noble ira social y transformarla en mercancía cultural inocua de disidencia alternativa folklórica o marginal, liderando al unísono mediante iconos de unidad desactivados de invectiva transgresora el tiempo que se abrirá a medio plazo (nacionalismo barato, símbolos patriotas, espíritu deportivo de superación, apelaciones a costumbres y usos tradicionales de subsistencia, evisceración de vanidades íntimas…). Es preceptivo abonar ya el horizonte no vaya a ser que el sufrimiento de la inmensa mayoría cree condiciones subjetivas y objetivas para un mundo nuevo más justo e igualitario. Una cosa es más que cierta: las derechas en sus diferentes versiones y las elites, sean domésticas o internacionales, no van a ceder su poder y privilegios ni un ápice. Si imaginamos un mundo nuevo, habrá que currárselo. Si el capitalismo muere algún día, morirá matando.

Algunas distorsiones interesadas y directamente mentiras flagrantes que están diluyendo las derechas en las informaciones de la actualidad dominada por el coronavirus pueden comentarse a vuelapluma bajo los epígrafes que siguen a continuación:

El virus democrático. Afloran declaraciones de expertos y artículos de opinión sesudos y biempensantes donde se extiende la idea bondadosa, de orden cuasi místico y, por supuesto, naturalísima en su especie de benignidad absoluta, de que Covid-19 ataca por igual a ricos y pobres, gente privilegiada y gentes que malviven al raso en la cuneta de cualquier arrabal mundano.

La falsedad viene marcada porque se publican nombres y apellidos de afamados personajes de gran tronío o pasajera notoriedad que sobresaltan a la mayoría silenciosa confinada en sus hogares: consuelo mistificado, al parecer la Parca hace su trabajo sin distinguir clases, etnias ni idiomas al igual que los ejércitos papales en su masacre santa contra los cátaros disparando a discreción a todo lo que se movía, hereje, sospechoso o cualquiera que pasara bajo el fuego del catolicismo en armas. Simón IV de Monfort, cruel y fanático aristócrata de la cruzada contra los también conocidos como albigenses del mediodía francés, dijo impasible, según recoge la leyenda: “matadlos a todos, dios reconocerá a los suyos”. Covid-19 parece también un personaje de ese pensamiento reclacitrante, ahora con significado contrario.

Las personas afectadas y fallecidas que pertenecen al común nunca tienen nombre ni apellido, de ahí que las pocas singularidades multipliquen geométricamente su presencia psicológica en el imaginario popular. Don Nadies más celebridades suman una totalidad desvirtuada: la sensación es que hay más figuras públicas que gente del montón.

Craso error de percepción: mueren los de siempre o bien tienen más papeletas para verse infectadas las personas ancianas hacinadas en residencias privadas y públicas sin recursos médicos aceptables, las madres solteras con niños y niñas a cargo, individuos que viven solos, familias numerosas confinadas en espacios minúsculos, trabajadores y trabajadoras de sectores esenciales no debidamente protegidos por sus empresas (sanitarios, teleoperadores, etc), indigentes y marginados…

Todas las personas mencionadas no cuentan con subalternos que les hagan las compras o les faciliten la supervivencia en condiciones extraordinarias de alarma, incluso cuentan con medios económicos escasos o ningún recurso para atender las necesidades mínimas de subsisitencia.

Seguiremos leyendo y escuchando por boca de voceros significados que el coronavirius es una “delicia exquisita” de ecuanimidad equitativa: mienten a sabiendas y hay que combatir sus falsedades con decisión. Donde “todos” es una excusa o argucia ad hoc hay culpables ocultos por acción u omisión.

El mercado es perfecto. Los neoliberales no cejarán en su empeño de cantar las alabanzas del mercado y la mano santa que atiende a ciegas nuestras necesidades elementales. Es verdad que ahora han de utilizar subterfugios y vías secundarias para introducir su ideología capitalista a ultranza, sin embargo paremos en mientes acerca de las sus críticas y diatribas sazonadas de libertad de expresión, en este momento con cierta sordina o solapadas, que continúan vertiendo los líderes de la derecha contra las medidas excepcionales tomadas por los gobiernos tanto en materia de sanidad pública y salud en general como en asuntos de cobertura social de urgencia.

Saben que no pueden elevar la voz demasiado no sea que su bajeza moral quede al descubierto: han desmantelado en la última década un sinfín de recursos públicos a favor de las multinacionales y el sector privado. No obstante, la coartada en boga se vale de otras afirmaciones arbitrarias acusando a los gobernantes salidos de las urnas, sobre todo si son de tinte o aspecto izquierdista, de autoritarios, de invasión desaforada de la esfera particular o privada.

Contradictorias hordas de odio de clase de arriba abajo que mientras claman con exabruptos de extremosa calaña ética, con el propósito de salvar de la quema sus beneficios empresariales, estatus social y prebendas financieras, alargan su mano bajo cuerda solicitando ayudas estatales y moratorias fiscales para empresas y castas multimillonarias: la doble moral salta a la vista pero resulta muy complicado combatir estos mensajes subrepticios y edulcorados elaborados a través de tejemanejes discursivos de alta complejidad retórica y sofisticación publicitaria muy elevada. Amén de que cuentan con casi la unanimidad de los principales medios de comunicación masivos.

El trabajo como gasto superfluo. Junto al mantra del Estado mínimo o raquítico (Hacienda para extraer la sangre del salariado, policía represiva en servicio permanente y ejército en la reserva a prueba de revueltas izquierdistas), el segundo precepto seudofilosófico por antonomasia del captalismo clásico es que el trabajo hay que encuadrarlo en el capítulo de gastos a aminorar ininterrumpidamente o, si ello fuera posible, eliminar de cuajo.

Tal es la perspectiva del capital, de la empresa, de los estamentos neoliberales, la globalización de las mercancías low cost, la restricción de movimientos migratorios, el extractivismo mineral de las periferias a base de dictaduras locales y la gestión severa de la mano de obra esclava o de subsistencia en países de pobreza endogámica. La precariedad vital de la clase trabajadora occidental forma también parte de ese panorama de desvalorización permanente del factor trabajo.

En pandemias como la actual estamos habitando una situación irreal o insospechada: el trabajo es lo importante, las personas, sus manos y pensamientos, su capacidad de respuesta y abnegación colectiva, su quehacer creativo de riqueza. Mucha gente se está descubriendo a sí misma, la relevancia absoluta de su aportación social: limpiadoras, cuidadoras a domicilio, cajeras de supermercado, agricultores, trabajadores del sector de producción alimentaria, camioneros que distribuyen en soledad bienes fundamentales, repartidores de comida, el personal sanitario… Agréguese tareas y empleos que pasan desapercibidos en la normalidad capitalista, a personas de carne y hueso despreciadas mientras consumimos futesas al por menor y deseos vicarios de quita y pon. Esperemos que no sea un mero espejismo que no deje huella en la conciencia de cada cual.

La ideología dominante juega a diario con la autoestima y el éxito individual. Empleos en la precariedad vital causan estragos en el equilibrio mental de mucha buena gente trabajadora: me merezco este empleo-basura, no valgo para otra cosa salvo para sobrevivir. Con el talento sucede algo similar: gente joven y no tanto se cuestionan sus habilidades profesionales si no alcanzan una meta baladí, el éxito relámpago recompensado por el sistema. Esa desafección de uno mismo le viene muy bien al régimen, así mantiene al trabajador en tensión neurótica, sumido en sus problemas íntimos, al pairo de la necesidad dentada e imperiosa.

Sí, las empresas, los accionistas y los directivos no crean ninguna riqueza ni valor añadido al productor acabado, simplemente son eslabones de cadenas jerárquicas distribuidoras del reparto injusto y desigual, del robo técnico y la enajenación legalizada de la plusvalía generada por cada individuo. La única riqueza tangible, real, sale de las manos y las cabezas, del esfuerzo y la creatividad, de cada trabajador y trabajadora. Si ese potencial psicológico regresara a su legítimo dueño el capitalismo tendría razones de peso para sentirse zozobrar. No obstante, la complejidad ideológica, esa maraña de automatismos culturales que nos dicta pulsiones y compulsiones, esa madeja casi inefable de gestos estereotipados, es muy difícil de destruir.

Unir voluntades por una causa común en mitad de la vacuidad social alentada por el capitalismo es voluntad heroica al borde de la locura: el desbroce, sin embargo, no debe detenerse a pesar de las alambradas mentales que cercan la reflexión plural y crítica con placebos de espurio sentido común: la sociedad del espectáculo de Debord, por ejemplo, dicho a lo pedante.

El poder de la Unión Europea. Durante las últimas décadas se nos ha metido en vena que la Unión Europea era un campeón mundial en todos los órdenes que podría ejercer contrapeso ante los liderazgos militares y económicos representados por EE.UU. y China.

La vieja Europa con sus antiguas filosofías y su ponderada maduración cultural parecía llamada a ser un foco y foro irradiador de moral universal del siglo XXI. Nada más lejos de la realidad: una dosis adecuada de becas Erasmus, mucha fanfarria de autobombo, el eje Berlín-París como presidencia dual de facto en funciones ejecutivas, mercancías corriendo a la desesperada para hacer acopio de lealtades comerciales, palabras simbólicas elevadas al altar de la retórica huera.

La Unión Europea fue un pigmeo en 2008: abrasó a Grecia con sus imposiciones letales, ha alentado la privatización furibunda de los sectores públicos nacionales, no alberga personalidad de enjundia, mediadora ni pacífica en los conflictos bélicos internacionales, es seguidista de las directrices de Washington, es una panda de burócratas hablando muchos idiomas sin decir nada sustancial… Ahora mismo, 2020, crisis del coronavirus: ninguna política común, cero ideas constructivas, liberar fondos sin perseguir fines materiales de ámbito social.

Pensar que la Unión Europea es una reunión de tecnócratas y mercaderes sin más meta que financiar sus delirios de grandeza es tanto como pensar en una verdad dolorosa. Políticamente liliputiense, no es más que una entelequia urdida para que Alemania y Francia, con el inestimable concurso de las elites domésticas, mantengan sus privilegios a buen recaudo. Sobran pruebas para mantener esta postura pesimista, que no tiene oportunidad de revertirse en positivo dentro de la políglota y virtual nube europea de complacencia mutua, ojos de piedra y oidos cerrados a lo que viven y padecen los ciudadanos de un reino inexistente a excepción de esas cumbres de oropel que se suceden con pasmosa regularidad y estética ineficacia.

En definitiva, sin el factor social la Unión Europea no es más que un mercado de discursos vanos y capitalismo en su decadencia neoliberal.

Las culpas del capitalismo salvaje. Otra escala de defensa, utilizada igualmente por la izquierda reformista más adosada al sistema neoliberal en vigor detumescente usa del criterio del grado: el culpable de las injusticias sociales y la gestión desigual de las crisis no es el capitalismo como tal sino el capitalismo salvaje, sutileza de vuelos cortos e intelectos alojados en la cúspide de su narcisismo solipsista.

Es una teoría vetusta y añeja que viene torturando conceptos desde la revolución industrial de Manchester. Capitalismo de rostro humano, capitalismo popular, economía social de mercado, estado de bienestar, han sido vehículos doctrinales de adaptación que han ido apareciendo como credos de novísmo cuño entre las izquierdas tendientes a colaborar o dialogar con el capital para atemperar sus consecuencias sociales más lesivas o negativas entre la clase trabajadora. Deliberar para comulgar con el contrario, transigir para que la derrota parezca una victoria pírrica.

Este afán de integración en el sistema creó otro instrumento intelectual decisivo para que las ramas socialdemócratas se pasaran espiritual y efectivamente al bando de las derechas parlamentarias: la emergencia mitad real y mitad figurada de las clases medias consumistas, propietarias de coche, nevera y lavadora, titulares de hipoteca de por vida e incluso, los capataces y cuadros medios de la estructura laboral dueños de una dacha en el litoral o el pueblo vernáculo, clases de procedencia variopinta que renegaban de sus antecesores y de sus luchas a cuerpo gentil contra el fascismo y la explotación laboral.

Hoy se dejan oir voces que ponen un dique, por si los acasos espontáneos o la dialéctica materialista de la historia se desmandan, a pensamientos radicales o subversivos que critiquen a fondo el capitalismo tal cual, en su conjunto, sin medias tintas. Su tesis dogmática es que hay capitalismo bueno y mala praxis capitalista: maniqueísmo enagañabobos.

Estos gradualistas de la moral coyuntural desechan categorías como la explotación laboral, la desigualdad como vector de inestabilidad permanente y la cooperación como mecanismo o dispositivo social de mayor rendimiento productivo sin caer en la competitividad egoísta como único modo de entender las relaciones biológicas, materiales y culturales entre personas, naturaleza y comunidades. Antes la competencia, simbólica y real, que convivir en el respeto mutuo y la resolución atemperada merced al diálogo y la política racional.

En realidad, piensan que el capitalismo salvaje solo es un régimen del deseo desaforado sin límites ni bridas y que las multinacionales agresivas no son más que adolescentes díscolos que reclaman un pescozón por su conductas diletantes y poco respetuosas con las normas éticas al uso.

Si algo nos dice la historia grande del devenir humano es que el capitalismo no hace favores a nadie, que es un monstruo que se regula por el caos y la destrucción, que se alimenta de escombros y sangre humana, que tiene ciclos de mayor o menor carga vírica nociva, valga la expresión tomada de la rabiosa actualidad, y que allí donde nada ni nadie le ofrece resistencia se fagocita a sí mismo para renacer de sus propias cenizas. ¿Hasta cuándo será posible ese despilfarro? ¿Tanta es la impotencia asumida por la izquierda y la razón que nada queda por hacer distinto a volver al punto de partida?

La libertad occidental y la dictadura china. Desde la implosión súbita de la URSS el capitalismo ha viajado a bordo de las banderas de conveniencia globlalización, neoliberalismo y posmodernidad hasta conquistar sin apenas resistencia aguas de todos los colores intelectuales y culturales. El contrapoder comunista, al menos en la iconografía de la opinión pública, se vino abajo con estrépito y todas las izquierdas se pusieron a remojo de sus propias contradicciones y a lamerse las paradojas irresolubles del panteón de ilustres exégetas del marxismo bíblico.

Bajo esta euforia se lanzaron eslóganes para alcanzar puerto seguro en el siglo XXI: sociedades sin paro, flexiseguridad laboral, sociedades abiertas del ocio y de la comunicación. ¿Tenemos redaños para recordar esos hitos de alegría desenfrenada?

Esos mojones se desvanecieron en pompas de jabón nada más pronunciar su declaración supuesta de intenciones. Lo que sí sucedió cruentamente, aunque ya teníamos noticias precursoras en Chile con Pinochet y la escuela depredadora de Milton Friedman, fueron las privatizaciones de los sectores públicos implementadas por Thatcher y Reagan: el pensamiento único neoliberal contaminó todo el espectro político, rindiendo pleitesía hasta sindicatos de clase y grupos ortodoxos y heterodoxos otrora revolucionarios o radicales de izquierdas.

Las promesas de libertad sin límites se regalaron a millones y las realidades vitales transformadas en relatos individuales de existencialismo friqui y cutre germinaron en la misma proporción que las promesas rotas, que las vidas imaginadas de independencia y acérrima libertad tiradas al cubo de la basura.

Sin embargo, hemos aprendido a añorar en Occidente los iconos que mitigan nuestros dolores más íntimos. Amamos a nuestro enemigo, somos víctimas ligadas como dependientes emocionales al sistema que causa nuestras heridas. Contenemos tantas necesidades a la intemperie (de empleo, de techo, de cariño, de proyecto coherente) que no tenemos más remedio que entregarnos al látigo que nos esclaviza: el contrato de mierda, la canción del verano, el botellón para olvidar penas, la baratija más estúpida, el sexo de ocasión, el viaje circular a ninguna parte.

A pesar de ese agujero negro que nos impide observar con nitidez los alrededores, el sistema conoce que nunca se sabe, que siempre es posible la disidencia, que la crítica puede brotar en el erial más cochambroso: de hecho, el mejor abono es el estiércol, estar en las últimas es una bomba que se carga de explosvo de modo aleatorio.

Hay que inventarse, por tanto, un adversario brutal: China, el peligro amarillo, que ha atajado la crisis del coronavirus en tiempo récord y con menos contagiados y muertos que la Unión Europea cuando este espacio comunitario sin fronteras cuenta con 500 millones de habitantes por 1.400 su oponente geopolítico. De momento, EE.UU. presenta números más tenues aunque todavía es incipiente el desarrollo de Covid-19 en su territorio federal. Además, China es una dictadura por definición axiomática.

Se dice con cierto desparpapajo altanero que China ha confinado a su población gracias al big data y la geolocalización: da risa tal simpleza, cuando no vergüenza ajena, esta ligera elucubración cuando en el “mundo libre” existen conglomerados universales como Google, Facebook y Amazon que saben de nosotros hasta el detalle más ínfimo sobre gustos y preferencias de cualquier índole, además de estar localizados también por móvil, ordenador y los algoritmos de Silicon Valley. No olvidemos los secretos difundidos por WikiLeaks y las torturas procesales y vaivenes legales por los que está pasando su creador Julian Assange y las revelaciones inauditas del antiguo espía tecnológico de la CIA, Edward Snowden. Estamos controlados, en China y en todo Occidente.

Lo incuestionable y relevante una vez cortada la hojarasca mediática es que China está pudiendo con Covid-19 con una energía política e inteligencia colectiva puesta al servicio de una causa común, sin empresas que hagan negocio lucrativo del dolor social. Por el momento, la Unión Europea va a la zaga en sus respuestas efectivas contra el coronavirus y ya hay empresas de mascarillas en EE.UU. que buscan beneficios desorbitados de la competencia entre estados-clientes: antes de la crisis una mascarilla estandar costaba 80 centavos, hoy el precio de ese bien convertido en mercancía es de 8 dólares, diez veces más y subiendo… Es el mercado ciego y bondadoso. Al parecer, “la ominosa dictadura china” ha resuelto ese problema de manera más convincente, igualitaria y justa. Sin exclusiones.

Todavía vivimos en el mito. Covid-19 ha rescatado la peste medieval: esas imágenes truculentas de ciudades llenas de cadáveres sin recoger, silencios estremecedores, hedores infernales y supervivientes con el rostro demacrado, sombras a la deriva, a la buena de dios, nunca mejor traída la expresión.

Creíamos que el hombre blanco moderno, as de todas las hazañas habidas y por haber, era indemne a eventualidades de estas caracterísiticas tan desastrosas y malolientes.

El hombre blanco conquistaba, inventaba, filosofaba: era su grandeza, también su carga. Ahora resulta que un leve roce puede hacer de él un apestado cualquiera. ¡Y el roce puede venir de otro blanco semejante superior y no de chusma extranjera o bárbara!

Aún habitamos el mito. La pregunta es, ¿alguna vez hemos vivido fuera de él? Mitos, mitos y más mitos: el hombre blanco, el supremacismo sedicente, Eldorado occidental, la globalización virtual, el mercado capitalista, el automóvil, el ordenador, el móvil, el estatus que se desmorona en un santiamén, la cibervida.

Resulta que la crisis nos dice al que quiera escuchar que no hay sociedad sin trabajadores, seguridad colectiva sin sanidad pública, proyecto humano sin igualdad y cooperación. Vivir sin contactos humanos no tiene sentido.

Desde luego que desprenderse de mitos que conforman nuestro ser como una segunda piel no es nada sencillo. El mito llena los vacíos de triquiñuelas semánticas y algodones sentimentales que no queremos ver en su descarnada profundidad o esencia radical: no estamos solos, no podemos vivir en permanente disputa, el estatus es un viento que se deshace cada día, consumir y tener es un placebo; en crear y compartir reside la vida auténtica, no sin conflicto, no sin discusión.

Deseo y necesidad deben dialogar en el interior de cada persona de forma racional, empática, cociendo paradojas hasta destilar contradicciones asumibles. Si somos empáticos con nosotros mismos, la empatía se propagará como un virus. Este virus no es maligno. ¿Nos atrevemos juntos a vivir la vida o volvemos cual rebaño vencido y vilipendiado a la casilla de inicio siendo todavía más pobres que antes de la eclosión del coronavirus de marras?

No respondamos a la ligera, pero tampoco nos demoremos en exceso: el futuro no está ahí, no es de recibo, lo hacemos viviéndolo cada instante. Y permanezcamos en alerta y vigilia constante: el mercado jamás dimite, siempre está al acecho, a la caza oportunista.