Como producto de la permanente lucha que han librado organizaciones comunitarias y la iglesia católica; la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de San Pedro Sula, intensificó esta semana una serie de acciones y operativos en el departamento de Santa Bárbara, donde se investiga la extracción, sustracción y comercialización ilegal de oro de los ríos Bobo, Chiquila y Tarros, que recorren las comunidades El Oro, Los Tarros, de municipio de Nueva Frontera y la aldea Chiquila de Macuelizo, Santa Bárbara.
La lucha la han librado las comunidades afectadas desde inicios del año, quienes han denunciado que al menos 10 máquinas han perforando los ríos para sacar oro, lo que ha generado la contaminación del agua. “Son 8 las comunidades afectadas, aquí ya no se puede alimentar las peceras con esa agua, no se pueden regar los cultivos de tabaco porque las hojas salen manchadas y si el ganado consume el agua de los ríos de inmediato se enferman”, dijo uno vecino de la comunidad El Oro.
La fiscalía a través de un comunicado este día dio a conocer que los trabajos desarrollados en torno a la demanda de las comunidades han dado como resultados el decomiso de maquinaria pesada tipo excavadoras, bombas extractivas, tanques de combustible y mangueras para succionar agua y sedimento, instrumentos que permiten la extracción de oro, y generan grandes beneficios económicos a personas que se encuentran en proceso de identificación.
En tal sentido la Fiscalía del Ambiente investiga la comisión de delitos de Usurpación de un Derecho Real, daños agravados y contaminación en perjuicio del medio ambiente, para lo cual se coordinan diligencias con la Fiscalía de Santa Bárbara, Unidad Fiscal adscrita a la Fusina, Instituto Hondureño de Geología y Minas, (INGEOMIN), Fuerza de Tarea Maya Chortí y la Dirección Policial de Investigación.
Así mismo la fiscalía aseguró que en las investigaciones realizadas corroboraron que no existen personas naturales o jurídicas que hayan obtenido permisos, licencias ambientales de o concesiones mineras, metálicas o no metálicas otorgadas por INGEOMIN u otras instituciones.
Últimas acciones
El lunes de la presente semana la carretera de occidente amaneció tomada, luego de que pobladores de Macuelizo y Nueva Frontera, realizaran una protesta debido a la contaminación de ríos.
El alcalde de Macuelizo, Mario Humberto Cordón Flores, señaló que las autoridades “han venido solamente a pasear, no han hecho nada por este río y es el río que abastece de agua a ocho comunidades y un sistema de riego que le costó al Estado 15 millones de dólares y no podemos utilizarlo porque también están contaminadas las aguas”.
La protesta se originó a la altura del río Chiquila, en el municipio de Macuelizo, donde los pobladores manifestaron que están en contra que se siga extrayendo oro en la comunidad de San José de Los Tarros, en el municipio de Nueva Frontera, ya que las aguas que corren hacia sus comunidades están siendo contaminadas por esta práctica extrativista.
Amenazas
El sacerdote franciscano Leopoldo Serrano, párroco de Macuelizo y Sula en Santa Bárbara, denunció recientemente, que debido al trabajo de defensa y protección de los bienes naturales que han emprendido desde esas parroquias, en los últimos días, él y varios animadores de comunidades han recibido amenazas de muerte.
Tanto el sacerdote como varios celebradores de la palabra y defensores del medio ambiente de varias comunidades están siendo amenazados por los poderosos de esa zona del país sin que la policía haga algo al respecto.
La defensa del medio ambiente en Honduras ha conllevado a la estigmatización y criminalización de las personas que ejercen presión y rechazan el extrativismo que en las últimas décadas ha sido impulsado por empresas transnacionales en alianza con los gobiernos de corte neoliberal.
La organización británica Global Witness estima que en la última década, 111 defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras, han sido asesinados. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado.
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