Radio Progreso y el ERIC pertenecen a la Comisión Centroamericana de Medios (CCAM) junto a: Brújula - Plaza Pública - Universidad Rafael Landívar - Audiovisuales ...
El respeto y garantía de los derechos humanos es lo que caracteriza a una política de seguridad ciudadana propia de un Estado de derecho. Ello implica que no se basa en la lógica de aprovechar el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad que provoca la criminalidad para instalar en la opinión pública la necesidad de convertir a los militares en los agentes redentores de una sociedad sometida al miedo.
El miedo provoca que la sociedad esté dispuesta a renunciar a sus propias libertades y derechos para concederle al gobierno y a los militares facultades excepcionales, y abrir el camino a lo que Andrés Domínguez Vial llama las “dictaduras dulces”, nacidas de la renuncia de los valores democráticos y de la libertad en favor de la militarización de la sociedad y el Estado.
La gobernanza democrática y el Estado de derecho exigen una separación clara y rigurosa entre la seguridad interior que es facultad exclusiva de la fuerza policial y la seguridad nacional como función de las Fuerzas Armadas, que en casos excepcionales podría apoyar temporalmente y con límites muy precisos a la primera.
Garantizar la seguridad ciudadana implica la organización de instituciones policiales de carácter civil y claramente diferenciadas de las Fuerzas Armadas, ya que las primeras cumplirán su función mediante el uso limitado de la fuerza, mientras que las segundas, cuyo propósito es asegurar la supervivencia del Estado, la integridad del territorio y la vida de la población frente a un enemigo externo, cumplirá su función mediante el uso de una violencia mucho más intensa.
Las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para ejercer funciones de seguridad ciudadana y un cursito de unos cuantos meses no es técnica ni culturalmente suficiente y adecuado para cambiar la lógica militar del combatiente que tiene la misión de acabar con el enemigo, por la lógica de proteger y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.
Aunque el discurso y práctica militarista se presenten como único modelo frente a la violencia y la criminalidad, debemos insistir que no se superará exitosamente esta crisis de seguridad sin una política de prevención que incluya programas orientados a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social y negación de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el empleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario