Cada día la población pierde la confianza en sus autoridades. La corrupción, asociaciones ilícitas y crimen organizado acabaron con la poca credibilidad que le quedaba a la administración pública hondureña.
Luego de escándalos de corrupción como el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el tráfico gris en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el desvío de fondos en el Trans 450 en Tegucigalpa y las intervenciones de corporaciones municipales, por actos irregulares, han contribuido a que en la actualidad la gente caracterice a todos los políticos que administran los bienes públicos como corruptos, y no es para menos, Honduras es un país donde la corrupción y el crimen organizado son tan comunes como la pobreza y la violencia.
En ese sentido, durante los últimos dos años la administración pública ha recibido otro golpe y es el de los procesos criminales y judiciales contra alcaldes de las corporaciones municipales; desde el 2015 a la fecha suman nueve funcionarios procesados, en su mayoría con delitos ligados al crimen organizado y asociación ilícita, cifra que no encierra a los que aún son sospechosos de actos de corrupción dentro de las comunas.
Aunado a las detenciones judiciales están las intervenciones municipales, entre ellas: San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Yoro, El Progreso, entre otras. Hasta el momento las intervenciones se mantienen en análisis de documentos pero no hay nadie procesado.
La captura del alcalde de El Negrito, Yoro, Delvin Leonardo Salgado es la más reciente, él es acusado por los delitos de asesinato y asociación ilícita, su proceso sigue en marcha y para el martes 13 de septiembre será la audiencia inicial con presentación de pruebas.
Salgado se suma a la lista de alcaldes del departamento de Yoro que atraviesan procesos judiciales por supuestos vínculos con el crimen organizado. En la nómina se encuentra José Adalid González Morales, alcalde de Sulaco, quien supuestamente lideraba la banda “Los Banegas” dedicada al sicariato, asalto de carros repartidores y autobuses.
Asimismo Santos Gabriel Elvir Arteaga alcalde de Jocón acusado de liderar la banda de sicarios “Los Solís”. También se encuentra el alcalde de Yoro Arnaldo Urbina acusado de lavado de activos y que guarda prisión en el centro penal de San Pedro Sula.
Solo en el departamento de Yoro hay cuatro alcaldes en la lista negra, pero a nivel nacional ya suman nueve, entre ellos el alcalde de Juticalpa, Olancho, Ramón Sarmiento que fue capturado y acusado de almacenamiento ilegal de armas y uso de documentos falsos; además el alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Neptalí Romero a quien se le vincula con lavado de activos y asociación ilícita; mientras que al alcalde de San Fernando de Ocotepeque, Jairo Chinchilla se le acusó de asesinato y de liderar la banda “Los Carrillo”.
En total suman nueve, algunos ya han sido absueltos de culpa y otros pagan cárcel por los delitos comprobados, este contexto evidencia en manos de quiénes se encuentra la administración pública en Honduras.
Entre la corrupción y crimen organizado
Hablar de corrupción y crimen organizado es un sinónimo en Honduras, los últimos acontecimientos ratifican esa afirmación. Desde el descalabro al IHSS hasta la captura de Delvin Salgado han ocurrido casos donde funcionarios públicos han sido ligados a robos, lavado de activos, crimen organizado y sicariato.
Para el analista político Raúl Pineda, la corrupción por una parte está inmersa en todos los sistemas y las municipalidades no son la excepción.
“Creo que no está mal aplicar procesos judiciales contra los que violentan la ley, lo lamentable desde mi perspectiva es que los políticos aprovechen esta realidad para crear un efecto distractor y no afectar a los grandes corruptos que son los que manejan los presupuestos elevadísimos e incluso caen en actos de corrupción más graves”, argumenta Pineda.
Mientras que el abogado y analista político Marlon Cerrato, considera que la administración pública tiene el deber por ley de ser transparente, por tal razón se debe ser cuidadoso al elegir a las autoridades en cada proceso electoral.
Cerrato afirma que aunque la ley permite y obliga a los acusados a gozar de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, no se puede obviar el impacto político que esto tiene, la gente repudia la corrupción, y con más razón vínculos delincuenciales donde estén involucrados funcionarios.
“Creo que es momento de cambiar esta situación, se debe aplicar la ley contra quienes la violentan, se debe auditar a cada funcionario, incluso desde que se postulan a un cargo, para evitar resultados lamentables como estos, que ahora tienen a líderes de alcaldías bajo procesos criminales”, sintetizó Cerrato.
Raúl Pineda dijo que en Honduras también se le da un mal manejo a este tipo de eventos y criticó el papel gubernamental el que a su criterio utiliza temas como la corrupción, inseguridad, desempleo y crimen organizado para aplicar su estrategia populista y crearle espejismos a la población, cuando la realidad es otra.
La administración pública en Honduras sigue inmersa en la corrupción, el crimen organizado, la falta de transparencia, impunidad e irrespeto a la institucionalidad; bajo esa dinámica, el descalabro, la privatización y la inmunidad serán el futuro que le espera al pueblo hondureño.
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