La penalización del ejercicio de la libertad de expresión, en todas sus formas, marcando así el aumento de la criminalización y la impunidad, y un retroceso en materia de derechos humanos contempla el nuevo Código Penal que se discute y aprueba en el Congreso Nacional, alertan organizaciones de sociedad civil.
A la fecha, la cámara legislativa ha aprobado hasta el artículo 102 de los 611 que contiene el nuevo Código Penal. Las aprobaciones se refieren a la aplicación de las medidas de seguridad, estados peligrosos, concurrencia de penas y medidas de seguridad, seguimiento de medidas de seguridad y trastorno mental sobrevenido del penado.
Sin embargo, Edy Tabora, director del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), explica que el nuevo Código Penal implica la creación de un “enemigo público”.
“El enemigo para el Estado hondureño son las personas que protestan, puedo mencionar algunos ejemplos: artículo 377, de la versión de agosto de 2016, habla sobre la usurpación de aguas y dice que toda aquella persona que estorbe el funcionamiento de las concesiones que se han estregado a una persona física o jurídica se le penará, la figura o el tipo penal va dirigida precisamente a las personas que han estado protestando contra las hidroeléctricas”, explica Tábora.
La nueva normativa penalizará la protesta pública, es decir los delitos contra el orden público. Tábora detalla que toda persona o grupo que participe en manifestaciones será acusado de “atemorizar” a la población hondureña: “implica que deja totalmente abierta la discrecionalidad de quienes investiguen y aplican la ley de interpretar cualquier cosa”.
El análisis del nuevo Código Penal se realiza en el marco de la “Articulación 611”, que agrupa a más de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Transgresor de los convenios internacionales
La Articulación 611 señala que existe una “gran contradicción” en algunos artículos del nuevo Código Penal con el derecho interno y la carta magna, en donde se garantizan los derechos fundamentales de las y los hondureños, “pero que con esta Ley secundaria se cercenarían, contraviniendo tratados y convenios internacionales de los cuales el país forma parte”.
Guillermo López Lone, integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia, puntualiza que la legislación penal no se apega o respeta los convenios internacionales entre ellos la Convención Internacional Contra la Tortura.
“El tipo de desaparición forzada no se ajusta tampoco. Volvemos a penalizar los delitos contra la libertad de expresión, como lo delitos de calumnia, injuria y difamación cuando estos delitos han sido expulsados de la mayoría de los códigos penales modernos por entender que eso limita el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y sobre todo porque realmente no nos permite vivir en libertad”, advierte López Lone.
Por su parte, Grecia Lozano, representante de la Plataforma Somos Muchas, resalta que en el nuevo Código Penal se continúa promoviendo el no reconocimiento del derecho de las hondureñas a decir sobre sus cuerpos: “ y también nosotras hemos insistido en la responsabilidad histórica que tiene este Congreso de modernizar el Estado. Honduras es parte del tres por ciento de países que viven en el atraso, la mayoría del planeta, el 97 por ciento reconoce la despenalización del aborto al menos en tres causales, de hecho Chile, ahora mismo que lo tenía penalizado, ya avanza a una despenalización; entonces nos parece que Honduras no se puede quedar en el atraso de los derechos humanos de las mujeres”.
En ese contexto, la Articulación 611 ha exigido al Congreso Nacional “que de forma inmediata” se suspenda la discusión y aprobación del Nuevo Código Penal hasta que sea posible realizar un análisis artículo por artículo, con el fin de certificar que en su aplicación se respetará los derechos humanos de todos los sectores de la nación y que esté en consonancia con el sistema de justicia internacional de derechos humanos.
Diputados y diputadas que integran la comisión especial de dictamen en la última semana realizaron una socialización los avances en la aprobación de la nueva normativa en materia penal con los grupos empresarial. “Hay que desarrollarlo y que todas las partes sepan hasta donde llegan las responsabilidades, sus deberes y los alcances que debe tener al que no cumpla”, dijo el nacionalista José Celín Discua Elvir.
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