Danilo Osmaro Castellanos es un periodista que luego de ejercer su profesión en la capital de Honduras, se trasladó al pueblo donde nació para iniciar un proyecto de comunicación popular. Santa Rosa de Copán, está ubicado en el departamento de Copán, en el occidente hondureño.
La región no únicamente es conocida por la presencia de la narcoactividad y el crimen organizado, sino también por los proyectos extractivos que se ubican en la zona con el fin de instalar empresas hidroeléctricas y mineras.
Esa realidad cotidiana es la que debe informar y analizar Danilo Osmaro en su canal de televisión. En varias ocasiones las amenazas y hostigamientos descontrolan, desaniman, meten temor. Llevar las voces de las comunidades como protagonistas en sus historias trae consecuencias, muchos de esos periodistas o comunicadores están enfrentando la violencia que provoca la industria extractiva en complicidad con el Estado.
El caso de este periodista y otros de México, Guatemala, Honduras y El Salvador son analizados en el encuentro “Libertad de Expresión en tiempos de Crimen Organizado”, que realiza Deutsche Welle, un centro para el desarrollo y la asesoría a los medios y la formación periodística.
El encuentro busca identificar los retos de la libertad de expresión en México y el Triángulo Norte centroamericano, teniendo como escenarios que la región, especialmente Honduras, se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo advirtieron expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han recibido información sobre el asesinato de por lo menos 8 defensores en el país en los últimos meses.
Vera Freitag, del equipo organizador del encuentro, dijo que han logrado el intercambio de experiencias entre los países, de cara a saber unir las realidades de la región.
Uno de los retos fundamentales es hacer funcionar los mecanismos de protección, que en la mayoría de países están aprobados, pero que en la práctica no sirven porque no aseguran la integridad fiscal y psicológica de los comunicadores y comunicadoras.
“Desde los órganos de protección de los derechos humanos hay presión para que los gobiernos reglamenten las leyes de protección de periodistas, de lo contrario seguirán siendo legislaciones vacías”, dijo Vera.
En el encuentro se reiteró las obligaciones de los Estados en prevenir la violencia en contra de periodistas implementando acciones de prevención dirigidas a atacar las causas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.
Los Estados tienen la obligación de proteger a los periodistas cuya vida e integridad está en peligro y procurar investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores.
En el reciente informe que sacó la Comisión Interamericano de derechos Humanos en Honduras, reitera la necesidad de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública de asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas.
El documento presentado este 2016 recomienda al Estado de Honduras asegurar que se adopten medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente, para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. Las medidas deben garantizar a los periodistas la posibilidad dar continuidad al ejercicio de su actividad profesional y de su derecho a la libertad de expresión.
México lugar inseguro para periodistas
Juan Alberto Sebillo es periodista mexicano, corresponsal en el estado de Guerrero para la revista Proceso. Él participa en el encuentro y asegura que el fenómeno el narcotráfico y crimen organizado están exponiendo la vida de los periodistas, peor aún, están llegando hasta los dueños de medios, lo que podría provocar que los crímenes sigan en ascenso, todo bajo la complicidad y el silencio gubernamental.
“Una de las principales cosechas de este encuentro es reconocer que toda Centroamérica y México nos afecta el crimen organizado y narcotráfico. Son temas que nos llaman a unirnos para poder buscar las respuestas a este flagelo que se convierte en el principal promotor de la autocensura en la región. El narcotráfico, a través de la violencia que genera, paraliza y calla”, dijo Sebillo.
El encuentro, donde participan medios como Artículo 19, Revista Digital Proceso, El Faro, Radio Progreso, Jornada de Veracruz, Reporte Indigo, El Financiero, Mayas sin Fronteras, Canal 32 y el periódico alemán Taz, junto a la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúa en la ciudad de México, analizando los efectos que trae los actos de violencia en contra de periodistas.
Además de vulnerar el derecho a expresar y difundir ideas, opiniones e información, está generando un efecto amedrentador que deja un mensaje de silencio para el resto de comunicadores. Finalmente esa violencia genera violación a los derechos de las personas y sociedades que buscan y reciben información e ideas de cualquier tipo.
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