El Instituto Nacional Agrario, Ina, se suma a la lista de instituciones públicas del país que están siendo sometidas a un proceso de desaparición bajo la argumentación oficial de tratarse de un proceso de transformación y modernización. Así nos vendieron el proceso que le han dado a la Empresa Nacional Portuaria, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel. Ahora lo que tenemos es solo “el cascajo” de dichas empresas.
Ese mismos camino está siguiendo el Instituto Nacional Agrario, Ina, la institución semi-autónoma del Estado, cuyo fin es realizar el proceso de reforma agraria en cumplimiento de la política agrícola nacional impulsada por el gobierno, con el propósito de lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la nación.
Hay que reconocer que esa ha sido una tarea que no ha podido cumplir a lo largo de 43 años de existencia. El Ina ha servido para darle trabajo a un montón de activistas de los partidos políticos que han gobernado la institución. Pero lejos, muy lejos ha quedado la función esencial del Ina que es la implementación en el país de una verdadera reforma agraria.
Según cuentan los propios sindicalistas del Ina, los pocos proyectos agrarios que la institución agraria ha impulsado han sido por la presión ejercida por organismos internacionales que han financiado dichos proyectos, después de eso el Ina, ha sido una institución que muy poco aporta al agro y a garantizar el derecho de acceso a la tierra.
Pero también hay que señalar que en el Ina, sus trabajadores y trabajadoras, organizadas en el sindicato, no han sido capaces de parar la caída de una institución acaparada por los políticos. No pudieron denunciar, en el momento que sucedían las cosas, para evitar llegar a condiciones tan extremas de una institución que parece haber iniciado su cuenta regresiva a su desaparición.
De acuerdo al plan de reingeniería establecido en un decreto ejecutivo, se ordena el cierre de 18 regionales, más la división de atención a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Unos 400 empleados, dice el gobierno, deben ser despedidos para que el Ina siga operando ya que arrastra un déficit de presupuesto de 140 millones de lempiras al año.
El sindicato ha iniciado una serie de acciones para que se respeten los derechos de sus agremiados, una lucha muy válida y que da razón de ser al sindicato, pero a la par de esta lucha se debe exigir y demandar por el rescate de la institución y por una tan ansiada y anhelada reforma agraria integral.
Pero hay que decirlo, y decirlo con mucha firmeza, en estos momentos pareciera que la lucha del sindicato se centra en la mera lucha por defender un empleo que la propia institución y no se dan cuenta que con el entierro del INA también se entierras las posibilidades de una verdadera reforma agraria.
Pero todo parece indicarnos que la suerte del Instituto Nacional Agrario, Ina, parece estar echada, no hay vuelta atrás y ha iniciado su camino a la desaparición.
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