Así como varias instituciones públicas del país que han sido sometidas a un proceso de desaparición a lo largo de los años, ese mismo camino está siguiendo el Instituto Nacional Agrario (INA), según denuncian los propios miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, Sitraina.
El INA es una institución semi-autónoma del Estado, cuyo fin es realizar el proceso de reforma agraria en cumplimiento de la política agrícola nacional impulsada por el gobierno, con el propósito de lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la nación.
“Se termina la lucha agraria porque el INA fue creado por la lucha campesina. Si recordamos cuando la huelga del 54, fue una lucha dura y se lograron muchas conquistas e incluso la creación del Instituto Nacional Agrario, y con ese decreto que tenemos va disminuyendo y va llegando al exterminio” manifestó José Ángel Colindres del Sitraina en el departamento de Yoro.
La secretaría del Sitraina en Tocoa, Colón, Esly Banegas, asegura que la institución, hoy por hoy, está dedicada únicamente a la titulación de predios individuales, que no está malo, pero que a la par de eso se debe buscar alternativa para que los campesinos organizados también tengan sus tierras. “Pero no hay ninguna decisión al respecto, sólo se titula solares, se titula predios individuales y se están cobrando esos predios, esa es toda la reforma agraria que está implementando el gobierno de la vida mejor” aseguró Banegas.
Cierre de regionales
Colindres es uno de los empleados sindicalizados que quedarán despedidos debido a que la regional de Yoro figura entre las oficinas del INA que ya cuentan con un proceso de cierre.
En el decreto ejecutivo PCM-051-2016, publicado el 23 de julio en el diario oficial La Gaceta, se establece lo que el gobierno llama un plan de re ingeniería para la institución en el que se establece el cierre de 19 regionales, más la división de atención a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Con esta decisión, unos 400 empleados, dice el gobierno, deben ser despedidos para que el INA siga operando, porque la institución arrastra un déficit de presupuesto de 140 millones de lempiras al año.
“Elaborar un decreto para eliminar una institución que debe estar al servicio del pueblo con más personal y con más fondos para solucionar los conflictos agrarios, tenencia de tierras y para asegurar la alimentación, es hacer leyes en contra del pueblo” declaró Raúl Ramírez, integrante de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.
Ramírez ve peligroso este proceso ya que atenta incluso con el poco movimiento campesino que hay en Honduras. “Cuando nos limitan nos están desarticulando, nos están eliminando, nos están dividiendo y sentimos que los movimientos campesinos pueden desaparecer al no tener donde ir a buscar soluciones para sus problemas. Con esos cierres nos está desapareciendo como organización campesina” se quejó Raúl Ramírez.
Esly Banegas asegura que el INA es una institución que debía de rectorar el proceso de reforma agraria, pero que no hay ni la más mínima voluntad política para que haya reforma agraria en el país. “Hoy prácticamente la están matando, es como un enfermo que lo tienen con oxígeno que solo le van a quitar el último momento y desaparece. No hay intenciones de resolver la problemática campesina que es el fin último del INA” aseguró Banegas.
Golpe a los empleados
Unos 400 trabajadores y trabajadoras van a ser despedidos y sometidos a un proceso de negociación de sus derechos laborales.
“Nos sentimos hostigados porque cuando el pago del salario se tarda hay un desajuste tremendo entre todos los empleados, hay muchos compromisos familiares tanto en la banca privada, en cooperativas, hay deudas, entonces hay un desajuste y nos dejan mal parados, hay recargos de intereses en los préstamos por la morosidad y nos vemos en el peligro que nos pongan hasta en la central de riesgo por las deudas” dijo el sindicalista José Ángel Colindres.
“Más claro no canta un gallo” dice un viejo refrán y las autoridades del Ina tienen clara la película. “El proceso de despido ya está dado. Necesitamos hacer del INA una institución más dinámica, creativa que sea al servicio del campesino y no al servicio del empleo como sucede en la actualidad”, afirmó el viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA) Darwin Cálix.
El sindicalista Donaldo Domínguez manifiesta que hay una presión oficial y una intención del gobierno hacer caer en la desesperación a los trabajadores y trabajadoras.
El Sindicato a punto de desaparecer
Otro sector que está siendo golpeado con este proceso es el sindicato de trabajadores que se ve debilitado en su membresía y también va rumbo a desarticulación y desaparición.
“Muchos compañeros están diciendo que prefieren irse del INA, le están dando sus derechos al Estado porque se les está pagando el 70% de las prestaciones lo cual es irrisorio porque nosotros tenemos un contrato colectivo que nos avala en donde estipula que se debe pagar un 100% de las prestaciones” analizó Domínguez.
La alerta de los sindicalistas pareciera que se centra en la mera lucha por defender un empleo que la propia institución les ofrece sin darse cuenta que con la desaparición del INA también se entierran las posibilidades de una verdadera reforma agraria.
“El INA solo tiene 900 trabajadores y el director quiere despedir al 50%, lo que no quiere decir que es personal supernumerario. La administración pasada hizo contrataciones pero el trabajador no tiene la culpa. No es el sindicato el responsable de la administración del INA, el INA la administra cada gobierno y el director que tienen allí es quién debe dirigir y administrar la institución, y como decimos no se ha realizado lo que realmente corresponde al INA ni la misión para la cual fue creada” manifestó Esly Banegas.
Fondos para pago de salarios
Aracely Medina de la seccional del Sitraina del departamento de Atlántida asegura que el problema radica en los pocos fondos que el gobierno está asignando a la institución, lo que les está quitando el pago de sus derechos laborales.
“Exigimos la ampliación de presupuesto para poder terminar este año porque son 173 millones los que se necesitan para poder culminar el año” dijo Medina.
“Que nos paguen, son dos meses de salarios los que nos adeudan: julio y agosto, y a esto se suma toda la problemática que venimos arrastrando porque ya tenemos cuatro años que se nos adeuda un bono de vacaciones. Esto es algo que en ninguna institución, en ninguna empresa se ha visto que al empleado se le deban cuatro años de vacaciones” dijo el sindicalista Donaldo Domínguez.
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