Con el objetivo de evitar las extorsiones, suprimir el hacinamiento y disminuir órdenes de crímenes desde los centros penales, esta semana el gobierno concretó la primera parte de una nueva estrategia de seguridad, que consistió en el traslado de 37 reos desde la Cárcel de Támara hasta un centro de máxima seguridad construido en el municipio de Ilama, Santa Bárbara en el occidente del país.
“El Pozo” es el nombre de la nueva cárcel que fue construida con una capacidad para dos mil personas, se caracteriza por sus altas condiciones de seguridad, que en teoría impedirán que los presos tengan acceso al exterior a través de llamadas, ingreso de armas, entre otros.
Con esta medida el gobierno espera un descenso en las estadísticas de extorsión y crímenes dirigidos desde los presidios, además evitar los conflictos que dejan episodios sangrientos en el interior de los centros.
El experimento se dio mediante el traslado de internos denominados de “alta peligrosidad”, que responden a cabecillas de pandillas. El presidente Juan Orlando Hernández en declaraciones a medios de comunicación dijo que con la iniciativa se les acabaría la fiesta a los delincuentes que a pesar de estar recluidos siguen manejando el mercado de la extorsión.
A pesar de la publicidad que rodea este movimiento, los principales problemas de los centros penales siguen latentes: el hacinamiento, precario sistema de administración penitenciaria y la falta de política de rehabilitación de internos.
Hacinamiento y vulnerabilidad
Para el analista en temas de seguridad, Celso Alvarado, esa nueva estrategia del gobierno no pondrá fin a problemas como extorsión y crimen organizado desde los centros penales, el experto asegura que es solo un analgésico a la realidad penitenciaria del país.
Alvarado lamenta que desde las direcciones de seguridad del Estado no se tenga una política clara de cómo combatir estos flagelos que en su origen son producto de causas estructurales, como la pobreza, la desigualdad y vulnerabilidad.
“Los centros penales en el país en primer lugar son una bomba de tiempo, la mayoría de los presidios están sobrepoblados y eso es un peligro permanente”, afirmó Alvarado.
Estadísticas muestran que los 24 centros penales que hay en Honduras padecen de sobrepoblación, entre algunos ejemplos tenemos la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, que tiene una capacidad para 1,800 personas y alberga 4,451; en San Pedro Sula la capacidad del presidio es para 1,300 presos y en la realidad hay 2,908; mientras que en Puerto Cortés el establecimiento está preparado para 40 personas y hay 226. Esto prueba la calamidad carcelaria que atraviesa el país.
En los últimos años el hacinamiento ha sido solo un factor conjugable con otros flagelos, como la deficiente administración carcelaria. En Honduras es un secreto a voces el tráfico de armas, drogas dentro de los centros penales, esto ha permitido incidentes violentos donde integrantes de pandillas y bandas criminales han protagonizado enfrentamientos a lo interno que ya han acabado con la vida de centenares de personas.
Ante la realidad, el gobierno ha sido incapaz de remediar la situación. En ese sentido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sugerido una política de reestructuración del sistema penitenciario. A pesar de las orientaciones, el gobierno no ha hecho más que discursos pero no acciones contundentes contra la problemática.
Arabesca Sánchez analista en estos temas, aseguró que el problema de la violencia, no se solucionará por esta vía, Sánchez considera que se deben aplicar medidas de cambio estructural para que se le dé forma a una verdadera política de seguridad que acabe con el hacinamiento, y las deficiencias administrativas de los centros penales.
“Lamentablemente los centros penales se convirtieron en escuelas del crimen y no en sitios con orientación a la rehabilitación”, caracterizó el analista Celso Alvarado.
“Hace falta una política de rehabilitación a los internos, esto es clave para ir remediando el problema”, consideró Arabesca Sánchez.
Para Celso Alvarado la violencia que se genera desde los centros penales, debe ser combatida con políticas de rehabilitación, el hacinamiento con una nueva estrategia carcelaria y el tráfico de armas y drogas con una nueva y eficiente administración penitenciaria.
La situación de los centros penales sigue a la espera de soluciones contundentes, mientras eso sucede el gobierno seguirá aprovechándose de la campaña mediática que se genera a partir del traslado de los internos a la cárcel de máxima seguridad en Ilama.
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