Pese a las cifras oficiales que informan de una reducción en la cantidad de homicidios y actos criminales, la realidad es distinta en muchos barrios, colonias y comunidades de Honduras, donde la ciudadanía vive con temor producto de la violencia.
El aumento en la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas: asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y control de territorios, está llevando a que cada vez más personas se vean forzadas a dejar su lugar de residencia para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física, ante la falta de mecanismos de protección adecuados.
Huyen
Mercedes es madre de tres pequeños: Juan, Antonio y Camila. La situación económica siempre fue difícil, el salario de una obrera de la maquila apenas ajusta para llevar la comida. Ella siempre supo cómo sobrellevar las cargas económicas que supone vivir en un país como Honduras.
Todos esos malabares diarios no superaban el miedo que suponía vivir en un barrio donde la violencia y los conflictos territoriales entre pandillas son permanentes. Ahora que su hijo Juan cumple 16 años las preocupaciones incrementan, las pandillas ven en él un futura integrante de la agrupación.
Esas amenazas fueron incrementando diariamente. Dejar a sus hijos solos para ir a trabajar, regresando muy entrada la noche era un peligro que ya no la dejaba dormir.
Un día se agobió tanto que decidió salir huyendo de ese barrio, tomó a sus tres hijos y hoy está en una comunidad del departamento de Atlántida, sin empleo, los hijos sin poder entrar a la escuela y ahora con más problemas económicos que antes. Mercedes se sintió acorralada, era salir o ver a sus hijos tocados por esa dura realidad de violencia.
Mercedes es uno de los tantos casos que se presentan en la realidad hondureña, las familias se ven obligadas a desplazarse por la violencia, sin que haya hasta ahora una estrategia gubernamental de atención a estas familias.
Magnitud del fenómeno
Con base en los resultados de la Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras elaborado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, existen cerca de 41,000 hogares con población que ha sido desplazada internamente por razones de violencia o inseguridad entre el 2004 y el 2014. Esto equivale al 4% del total estimado de hogares de 20 municipios de Honduras, dijo Andrés Celis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras.
Esa misma investigación da cuenta que a nivel individual, se ha estimado que en los 20 municipios seleccionados habitan alrededor de 174,000 personas desplazadas internas (incluyendo hijos/as nacidos/as después del desplazamiento) y cerca de 8,000 personas de población de acogida, es decir miembros del hogar o que recibieron y actualmente residen con personas desplazadas. Se concluye entonces que el desplazamiento interno en Honduras es, en general, un fenómeno que afecta a todos los miembros de un mismo hogar, aunque de diversas maneras.
Desplazamiento por persecución
Esa misma caracterización revela que en las zonas rurales de Honduras, los defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas y campesinos y campesinas involucradas en conflictos agrarios también están siendo forzados a desplazarse debido a la persecución, amenazas, intimidaciones, hostigamiento y muerte de miembros de la comunidad.
Los miembros de la diversidad sexual siguen siendo el objetivo de amenazas, ataques y homicidios a raíz de la discriminación y exclusión social. A su vez, los periodistas y educadores también son blanco de la violencia, agresión y ataques, tanto en áreas urbanas como rurales, debido a múltiples factores como su papel en las denuncias de hechos de violencia, de corrupción, de presencia del crimen, entre otros. Profesionales de la rama judicial reciben cada vez más amenazas en represalia por su participación en investigaciones o en la lucha contra el crimen organizado.
Unidad de desplazamiento
Para dar respuesta a la problemática de desplazamiento interno en Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anuncian la creación de la Unidad de Desplazamiento Forzado por Violencia.
Según el comisionado Roberto Herrera Cáceres la unidad está actuando inicialmente con población en riesgo o desplazamiento en el Distrito Central, en el departamento de Ocotepeque, Villa Nueva en Corinto, Juticalpa, Comayagua y la frontera del Amatillo en Choluteca.
José Xavier Samaniego, representante regional para América Central, Cuba y México de ACNUR, dijo que la creación de esta Unidad es un paso positivo en medio de una realidad crítica y caótica que busca brindar atención a víctimas de desplazamiento interno, además de apoyar en los planes y programas generales de atención especializada a las víctimas de desplazamiento forzado y el seguimiento a la prevención, protección y búsqueda de soluciones.
En el marco del anuncio de la creación de la Unidad de Desplazamiento Roberto Herrera Cáceres dijo que ante la falta de una ley sobre el fenómeno, se aprobó un Decreto Ejecutivo el año 2013, en el cual se reconoce que, además del desplazamiento o migración económica o por desastres del pasado, hay desplazamiento forzado interno y externo, en Centroamérica, en particular Honduras, generando por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada que crea situaciones y control en los territorios.
Herrera Cáceres aseguró que con la Unidad se logrará adoptar, ajustar y modificar los procesos y procedimientos de asesoría y atención a víctimas de desplazamiento forzado.
La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, está trabajando estrechamente con el Gobierno y la sociedad civil para abordar la problemática, labor que incluye la asistencia legal y técnica a la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, para el diseño de la ruta de protección y los marcos legales; así como las recomendaciones para la integración local, la reubicación o el reasentamiento de manera integral. ACNUR insta a las entidades involucradas a tomar una acción concertada para abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado y proteger los derechos de los desplazados internos.
La adopción de un marco legal para garantizar una respuesta eficaz a las comunidades afectadas resulta especialmente urgente, así como la designación de un representante para el desplazamiento interno, la inclusión de la tipificación del delito de desplazamiento forzado en el código penal hondureño y la definición de un sistema de control para mitigar los riesgos de desplazamiento. La protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que viven en las comunidades rurales y urbanas donde la violencia es aguda, es igualmente crucial.
Desde ACNUR se ratificó la necesidad de identificar y asistir a las personas y comunidades que están siendo desplazadas internamente, a través de un mecanismo de registro, declaración y valoración, que permita establecer una base de datos única de personas desplazadas. Para tal fin se recomienda analizar los esfuerzos de países o instituciones en situaciones similares, ajustándolos a las necesidades de Honduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario