El pasado 10 de septiembre el Juzgado de Tela emitió una sentencia absolutoria a favor de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, la que viene siendo hostigada por el Indura Hilton, a través de la Empresa Nacional Portuaria y el Instituto Hondureño de Turismo.
El juicio contra la directiva de Barra Vieja tuvo lugar después de haber sido juzgados 64 miembros de la comunidad en junio del año pasado, los que fueron absueltos del delito de usurpación. La sentencia de se juicio entre otras señaló: “se desconoce actualmente cual es la cantidad de hectáreas o manzanas registradas a favor de la Empresa Nacional Portuaria, o del Instituto Hondureño de Turismo, del Instituto Nacional Agrario y del Proyecto de Bahía de Tela”. Ciertamente existe un traslape entre las diversas entidades del Estado y los inversionistas, sin embargo queda claro que la tierra en cuestión forman parte del territorio ancestral Garífuna.
Durante cuatro décadas, la comunidades garífunas en la bahía de Tela, han padecido de fuertes presiones territoriales, acompañadas de asesinato de líderes, promovido por empresarios y políticos que han pretendido crear un enclave de turismo, desestimando el costo ambiental y social.
Mientras en Tela a la comunidad de Barra Vieja se le reconoce sus derechos al territorio ancestral, en la comunidad de Santa Fe, el pasado jueves 8, en horas de la tarde un contingente de policías acompañados de un grupo de forájidos, intentaron desalojar a un grupo de vecinos de la comunidad, que han recuperado un terreno que fue “vendido” de forma anómala a extranjeros.
Los policías exhibieron una orden de desaloja, emitida el 7 de abril de 2016, por el Juez de Letras, el Sr. Víctor Manuel Melendez Castro. La orden de desalojo fue promovida por los Sr Jhon J Scott y Sandra L Scott, los que aseguran se dueños de un predio en San Blas, localizado en el Municipio de Santa Fe, Colón.
La utilización de sicarios por parte de la policía para la quema de las champas y sus enseres, es de por sí una violación al derecho a la propiedad, además del desconocimiento del derecho del pueblo Garífuna a su territorio ancestral. Los miembros de la comunidad de Giriga (Santa Fe) rechazaron de forma enfática el intento de desalojo.
La bahía de Trujillo a partir del año 2007 se convirtió en una piñata territorial, promovida Randy Jorgensen, conocido como el Rey del Porno, el que contó el apoyo irrestricto de la Municipalidad de Santa Fe y Trujillo. Aparentemente los Scott están relacionados con Jorgensen como lo indica un blog sobre turismo, publicado Sandra Scott.
Durante la administración Lobo, Jorgensen contó con su apoyo incondicional para la obtención de licencias ambientales y “legalizar”sus proyectos especulación inmobiliaria y la construcción del muelle de cruceros Banana Coast. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra del empresario en diciembre de 2011, acusándolo de usurpación.
Es hasta el 2015 cuando se presenta al Juzgado en Trujillo el cual le otorgó un sobreseimiento. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Ceiba declara nulo el sobreseimiento, y se requiere que Jorgensen se presente de nuevo a los juzgados. El “rey del porno” hasta la fecha ha eludido encarar la justicia.
Tanto de la Bahía de Trujillo como la de Tela se han convertido en focos de despojo en nombre del turismo, y los empresarios e inversionistas apoyados por el Estado, vienen desplazando a las comunidades Garífunas, las que resisten la asimetría de las presiones existentes.
Con el advenimiento de la explotación de petróleo en la Moskitia surge una nueva amenaza para la bahía de Trujillo y sus habitantes: la construcción de una refinería de petróleo, que pone en peligro la frágil y rica biodiversidad de la zona.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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