Durante el examen del segundo informe periódico presentado por el Estado hondureño ante el Comité contra la Tortura de Naciones, la representación estatal anunció que en “la medida que la Policía Nacional fortalezca sus capacidades se producirá el repliegue de las Fuerzas Armadas en su apoyo a dicho cuerpo, proceso que dará inicio en el último trimestre del 2016”.
Casi un mes después, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la creación de dos batallones más de la Policía Militar creada en el año 2013, los cuales se sumarán a los 6 batallones ya existentes, 3 en Tegucigalpa y otros 3 en San Pedro Sula, con 500 efectivos cada uno.
Es evidente que ambos discursos son contradictorios en relación con la desmilitarización de la sociedad, hacia afuera se dice una cosa pero hacia adentro se dice y hace otra. Lo que está claro es que pese al anuncio hecho ante el Comité contra la Tortura, la única voluntad existente en el gobierno actual es seguir profundizando la militarización.
Como lo señala Víctor Meza, este proceso de remilitarización es más profunda y es un retroceso en la construcción de instituciones democráticas, equivale a la reafirmación de tendencias autoritarias y de concentración de poder, es un reconocimiento de la falta de una política de seguridad integral y genera espacios para la violación de los derechos humanos, el abuso de poder y el irrespeto a la ley.
Y para sustentar este nuevo modelo de remilitarización se requieren importantes recursos financieros que en muchas ocasiones se asignan en detrimento de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los derechos a la salud y a la educación que, en sociedades tan desiguales como la hondureña, constituyen herramientas fundamentales para reducir las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano.
En este sentido, cuando se comparan las cifras entre los años 2015 y 2016, se evidencia que la partida conjunta asignada a Defensa y Seguridad, además de ser la única que ha experimentado un incremento del 6.8% al 8.8% en el presupuesto nacional, es equivalente a la partida de la Secretaría de Salud.
Como lo señala el Centro de Estudios para la Democracia, el gobierno “está destinando similar cantidad de recursos para compra de armas, vehículos o patrullas policiales y militares, uniformes militares, salarios para policías y militares, que lo que orienta a la compra de medicamento, equipamiento de hospitales públicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria, etc.”.
Sin duda alguna, la brecha existente entre el discurso de desmilitarización progresiva de la sociedad y el Estado ante un órgano internacional, y la práctica de seguir impulsando la militarización, es un ejemplo de la bipolaridad cínica de este gobierno con fuertes tendencias autoritarias, y dispuesto al uso de la fuerza para afianzarse en el poder.
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