Por Marvin Palacios
El comisario Nazir López Orellana y 7 agentes policiales que estuvieron bajo su mando en la Jefatura policial de Siguatepeque en 2010, enfrentarán la justicia acusados de cometer torturas hasta dar muerte, al joven ciudadano hondureño Mario Sequeira Canales.
El año pasado se llevó a cabo la audiencia de proposición de medios de prueba donde tanto el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su condición de acusador privado y el Ministerio Público (MP) propusieron una serie de medios de prueba que permitirían al Tribunal de Sentencia, condenar a los funcionarios policiales de cometer graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra del ciudadano hondureño Mario Sequeira Canales.
Sin embargo los abogados defensores de los policías, se opusieron a la admisión de las pruebas argumentando que el tribunal no había motivado (o fundamentado) la resolución en la que fueron admitidos dichos medios.
En ese sentido presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emita su comentario al respecto. El recurso fue remitido por la Corte Tercera de Apelaciones de Siguatepeque.
Hasta tanto no se conozca la opinión de la Sala de lo Constitucional, no se fijará la fecha del juicio oral y público.
El homicidio contra Mario Sequeira Canales fue cometido en las propias celdas de la Jefatura Policial de Siguatepeque el pasado 1 de junio de 2010.
La causa que fue promovida por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su condición de acusador privado, establece que Mario Sequeira Canales murió producto de las torturas a las que fue sometido por agentes policiales y en presencia del jefe de dicha delegación, comisario Nazir López Orellana, quien no hizo nada para detener las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra del ciudadano.
La Fiscalía acusó a los agentes policiales Héctor Elvir, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre, Carlos Verde, Edgardo David Salgado, Alfredo Pérez Rojas y Edwin Hernández del Cid, así como al comisario Nazir López Orellana, por torturas, homicidio, falta a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de Mario Sequeira Canales y el estado de Honduras.
Los delitos tipificados abarcan tanto la ejecución como la omisión, como es el caso del comisario Nazir López Orellana que de acuerdo a pruebas testificales, permitió que se aplicaran torturas en contra de Mario Sequeira Canales, (quien falleció producto de las mismas) y que al parecer ordenara a los agentes que procedieran a deshacerse del cuerpo.
El comisario Nazir López Orellana fue separado de la Policía Nacional en junio de este año
A inicios del mes de junio de este año un total de 34 comisarios fueron separados de sus cargos, entre ellos figura el oficial Nazir López Orellana, quien al momento de la muerte violenta de Mario Sequeira Canales tenía el rango de subcomisario y fungía como jefe de la estación policial de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.
La Comisión Especial de Depuración evaluó a un total de 108 comisarios a través de información solicitada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP), Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y otros órganos del Estado.
Los relatos establecen que la noche del 1 de junio de 2010, la administración del Hotel Gómez de Siguatepeque, llamó a la policía en vista de que el huésped Mario Sequeira Canales se encontraba haciendo escándalo en dicho establecimiento ya que había ingerido bebidas alcohólicas.
La policía se presentó con al menos 5 agentes, que redujeron a la impotencia a Sequeira Canales y lo condujeron a la posta policial. El expediente resalta que antes, durante el arresto y traslado, el detenido fue víctima de innumerables golpes que le propinaron los policías pese a que estaba esposado.
Una vez en la posta, los agentes continuaron golpeándolo, fue arrastrado hacia una bartolina y colgado en dicho reciento para continuar soportando las torturas a tal punto que le hicieron convulsionar hasta morir.
Posterior a esto se ordenó que el detenido fuera conducido a la Clínica Munguía para tratar de revivirlo, pero el personal médico estableció que Mario Sequeira había fallecido. Tanto la Fiscalía como el COFADEH determinaron que el ciudadano murió a causa de las torturas infringidas en su contra.
Mario Sequeira Canales recién había ingresado a la ciudad de Siguatepeque en los últimos días de mayo del año 2010 procedente de Estados Unidos, de donde salió para pasar una temporada corta con sus familiares residentes en esta ciudad. Sequeira Canales jamás imaginó que la muerte le esperaría en su ciudad natal.
El área de Acceso a Justicia del COFADEH expuso ante el juez de Letras Seccional de Siguatepeque, Nery Felipe Guevara que las actuaciones de los agentes policiales violaron artículos constitucionales de la Carta Magna y Tratados Internacionales respecto a la inviolabilidad de la vida y que por lo tanto se debe juzgar a los agentes policiales violadores de derechos humanos fundamentales.
Varios abogados defensores de los agentes policiales solicitaron un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados por considerar que no existen pruebas contundentes para condenar a los señalados. Sin embargo la defensa del comisario Nazir López Orellana instó al juez para que decrete auto de apertura a juicio para demostrar la inocencia de su defendido asegurando que el comisario Nazir López Orellana estuvo de permiso el día de la ejecución de Mario Sequeira Canales.
Se conoció que el comisario Nazir López Orellana se desempeñó también como asistente del Director Nacional de la Policía, Comisionado Ramón Antonio Sabillón.
Trascendió que como parte de las pruebas documentales y testificales, figuran 2 testigos protegidos que identificaron a los victimarios y que manejan detalles de todo lo sucedido.
Los familiares de Mario Sequeira Canales esperan que los tribunales apliquen justicia en el caso de su pariente y se condene a los efectivos policiales que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos en contra de su pariente.
Asimismo familiares de la víctima denunciaron en varias ocasiones , que han sido objeto de amenazas y seguimientos por parte de desconocidos por denunciar la muerte de su pariente
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