Por Chaco de la Pitoreta
Los presidentes del triángulo norte se juntan para combatir a las maras y las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico. Para ello despliegan, en el caso de Honduras que se ha hecho más que evidente, una jauría de militares que con toda la indumentaria de guerra se desplazan a las fronteras de estos territorios. Son como una suerte de pacificadores sin paz, pues muchas de las comunidades donde se asientan terminan pagando caro el precio de su presencia violenta. De eso pueden dar fe las comunidades garífunas de Colón y las Misquitas de Gracias a Dios. Pero ¿cuándo harán esos mismos esfuerzos por la educación?
De hecho se regionaliza el delito, se reforma la ley para su alcance supranacional y se crean instituciones para el seguimiento a esos delitos. El problema es que ante esos delitos necesitamos instituciones creíbles y la credibilidad, al menos en el caso de Honduras, de las instituciones del Estado en general y las operadoras de justicia en particular, no tienen ni el más mínimo grado de credibilidad ante la población. Insisto, ¿cuándo harán lo mismo por la educación?
El gobierno de Honduras tiene presupuesto para desplegar esas intensas cuadrillas militares por las fronteras, pero no tiene para comprar material didáctico para las escuelas. Tiene presupuesto para movilizar centenares de soldados, pero no tiene recursos para contratar docentes y, con ello, llevar educación a muchas comunidades cuyos centros educativos, especialmente en comunidades indígenas, subsisten bajo la modalidad de multigrado y unidocente. Tiene presupuesto para equipar esos escuadrones, con lo mejor en tecnología armamentista, pero no lo tiene para equipar y reparar las escuelas de mi país que se desploman ante el abandono y la indiferencia del actual presidente y su equipo de trabajo. Asegura presupuesto para sostener los salarios de esos militares pero no se ve que lo haga para los médicos que se han declarado en estado de calamidad o los profesores que hacen la más importante de las tareas humanas con salarios de vergüenza.
Nuestro mayor problema no es la falta de seguridad sino la escasa educación y el gobierno de Honduras debería saber que las armas no educan, aniquilan. Si el gobierno invirtiera en educación no tendría necesidad de gastar en armas, si el gobierno invirtiera en educación no tendríamos funcionarios incapaces, nepóticos y corruptos administrando los procesos en los que nos hacemos país. Si el presidente de Honduras estuviera realmente interesado en la seguridad nacional aseguraría, con todos los niveles de prioridad, la educación de la ciudadanía y con eso evitaría tener que enfrentar en las calles las olas de violencia que nos sacuden.
El real conflicto no está en el narcotráfico, ni las maras y pandillas, ni el crimen organizado. Nuestro real problema es una Estado coludido con esas dimensiones de criminalidad, funcionarios que funcionan en función (valga el juego de palabras) para que se legitime la ilegalidad de esos grupos criminales y operadores de justicia que legitiman la impunidad que, desde estos grupos, se ejecutan en detrimento del Estado y la ciudadanía. Y Juan Orlando Hernández, el que proclama proféticamente que Honduras está cambiando, sabe de lo que estoy escribiendo.
El conflicto es que cuando Estados Unidos piensa el triángulo norte no ve las naciones y las personas que acá nos hacemos, sino que ve sus mercados, sus ganancias y las zonas de experimento para su carrera bélica. El problema es que gobiernos como los de Estados Unidos, aún sabiendo el nivel de corrupción que impera en nuestros funcionarios en todas las escalas, sigue apoyándolos, soltándoles presupuestos y silenciándose ante los llamados de la población que les exige menos apoyo para este grupo remedo de funcionarios públicos que nos gobiernan. Pero es obvio que no quieran cambios por que en este modelo, fracasado de sociedad, está su fuente de ganancia más grande. Mientras nosotros y nosotras nos desarmamos construyéndonos una esperanza, ellos explotan, saquean y destruyen nuestros bienes naturales y nuestra identidad originaria.
Si realmente quisieran resolver el problema de la región los presidentes del triángulo norte y el plan para la prosperidad (nueva modalidad de injerencia de la política internacional de los Estados Unidos en la región) deberían juntarse para invertir, colectivamente si es su antojo, en la educación de la población. En la escuela que promueve académicamente al sujeto pero, además, le da condiciones para leer, analizar y transformar la realidad en la que vive, aunque eso suponga cambiar presidentes, funcionarios y modelos económicos, cuando estos no proyecten la sociedad de justicia social que todos y todas merecemos. Pero es obvio que un pueblo educado es el fin de gobiernos y funcionarios mediocres, como es el caso de Honduras, y esos mediocres jamás afilarán el machete con el que después pueden ser descabezados.
Educación Pública, de calidad y como derecho es lo que nuestros pueblos necesitan. No personas con rifles, sin capacidad de dialogo y entrenados para matar como los que se están promoviendo desde esta llamada articulación regional.
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