OCMAL
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, frente a la aprobación de la ley minería en Honduras el día 23 de enero de 2013 declara:
1.- Que la aprobación de la ley de minería en Honduras constituye una seria amenaza para las comunidades cercanas a las faenas mineras, para las comunidades cuyas actividades dependen del agua, que las mineras consumen agotan y contaminan, para los ecosistemas y cuencas fundamentales para la vida y el desarrollo comunitario.
2.- Que el proceso de discusión y aprobación de la ley se aleja de prácticas democráticas y participativas básicas, sobre todo considerando los esfuerzos de la sociedad civil por participar y aportar al diseño de una ley que debiese ser compatible con los intereses nacionales y de bien público mas allá de los objetivos cortoplacistas de empresas mineras transnacionales, sus servidores y aliados nacionales.
3.- Que esta ley constituye un enorme retroceso en la protección ambiental y social en Honduras y que constituye un reflejo de los poderes fácticos y económicos que rigen los destinos del país contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con equidad para toda la población, especialmente la más vulnerable.
4.- Que la mercantilización de los territorios, los ecosistemas, la naturaleza, y la vida de las personas lleva a la degradación social, ambiental, cultural y moral, provoca la resistencia y genera los conflictos mineros, cada vez más difíciles de resolver por la presión que ejercen las empresas mineras transnacionales para expandir su actividad, contra la voluntad de las comunidades afectadas y los movimientos sociales.
5.- Que las empresas mineras transnacionales hacen uso de diversos mecanismos, en su mayoría ilegítimos e injustos, tales como TLC arbitrajes internacionales, para presionar a los gobiernos a abrir las fronteras de manera irrestricta al extractivismo sin considerar la voluntad de la gente y los intereses del país. Esto redunda en debilitamiento de los derechos, atropellos, criminalización y persecución a activistas sociales y ambientales.
6.- Que en América Latina la oposición a la minería ha crecido pues esta actividad no respeta derechos, destruye la base de subsistencia de las personas y socava las posibilidades del buen vivir de las comunidades en sus territorios. Cada nuevo proyecto minero va ineludiblemente acompañado de un conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alinean con las empresas transnacionales.
7.- Que desde los movimientos sociales de toda América Latina vemos la necesidad de solidarizarnos con quienes serán los más perjudicados por esta ley que quita derechos a las comunidades y las transfiere a las transnacionales a perpetuidad.
8.- Que estaremos siguiendo el proceso posterior a la aprobación de la ley de minería, prestos a denunciar todas y cada una de las acciones que atenten contra la seguridad personal, colectiva, social, ambiental, cultural, religiosa y económica de las comunidades y la población afectada en Honduras.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado todas y todos, con profundo sentido democrático y participativo en defensa de la vida para que nos unamos en la defensa de los derechos de las hermanas y hermanos hondureños que enfrentan esta grave agresión en un contexto de falta de democracia y de atropello a los derechos humanos.
OCMAL, Enero, 2013
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