jueves, 3 de enero de 2013

Los malditos


Rebelión

Por Federico Corbiere

Dicen que la política es maldita. También que los periodistas están malditos y que en el control de los medios de comunicación transitan demonios que juegan con aquella materia incandescente, inasible y siempre a punto de estallar, que no es un volcán, sino la opinión pública.
Sin embargo, la única personificación del mal tiene como referente a esos dictadores que sometieron a los pueblos a caprichos mesiánicos, delirios místicos y ambiciones venales. El Plan Cóndor en América Latina es poco mencionado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
Su silencio sobre el ex titular de la entidad, el uruguayo Danilo Arbilla Frachia, director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia del gobierno de facto de Juan María Bordaberry -entre 1973 y 1975- resulta llamativo cuando sus actuales representantes conforman una misión internacional que evalúa la libertad de prensa y de expresión en la región.
La SIP es una suerte de mega cámara empresaria que reúne a cadenas editoriales, dueños de diarios y de agencias de noticias privadas, cuyo objeto es defender intereses económicos y corporativos. No está escrito en su misión institucional, aunque su proceder indica que la función natural de la SIP es la de interpelar a los representantes de los Estados nacionales, pedir audiencia con presidentes y tratar de marcar su agenda.
Su paso por la Argentina ocurre en medio de una rayuela que divide entre el cielo y el infierno a los distintos jugadores que pugnan por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En especial, por la medida cautelar de un simple artículo transitorio (el 161°) que obliga a la desinversión de quienes no se adecuen a la norma.
Más allá de la SIP y de su arribismo convocante, ocurre que la reciprocidad entre los medios masivos de comunicación y los procesos de formación de opinión pública conforman una unidad inseparable para el ejercicio del poder. Estado sólido (papel) y líquido (opinión) se complementan. 
Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles escaparon a las concepciones elitistas sobre verdades reveladas y encontraron en la opinión pública un saber popular, con dominio propio en las mayorías. En esa clave el posterior Renacimiento se deshizo de una idea de pueblo entendida como sujeto pasivo.
Pasado ya este 7 de diciembre habrá que repensar cuál es el lugar de este poder no institucionalizado que dio la base para una discusión amplia por una ley de radiodifusión para la democracia. Frente a los grupos de presión como el señalado hubiera sido extraño, casi idiota, que la función pública-política en el gobierno dejara al libre albedrío de quienes se beneficiaron en tiempos pasados con negocios macabros a cambio de editoriales facciosas. 
Ahora bien, la brutalidad de los sucesos mediáticos y las pasiones que devinieron en la actual lógica amigo-enemigo debe encontrar un punto de equilibrio. Ese lugar lo tienen los cuerpos colegiados y, en especial, las organizaciones sociales que no encuentran aún su espacio de reserva del 33 por ciento del espectro. 
Un dato extraño para el compromiso comunicacional asumido por las autoridades del AFSCA es la ausencia de aquellos impulsores de la Ley 26.522, que transitaron los primeros recorridos.
A tres años de la sanción, tal vez sea tiempo de poner en perspectiva histórica lo sucedido con batallas cautelares / culturales y volver convocar a los académicos malditos. Aquellos que desde el ámbito de las Ciencias de la Comunicación imaginaron una época en donde el poder de la palabra resida en el pueblo. 
Para ello falta un plan técnico que ordene la digitalización y uso del espectro radioeléctrico. Resolver la entelequia de la convergencia tecnológica entre radiodifusión y telecomunicaciones. Y por supuesto insistir que a mayor grado de información, accesibilidad y pluralidad de fuentes habrá una institucionalidad democrática avalada por ese poder popular instituyente. Aquel movimiento incandescente, inasible y siempre a punto de estallar, que a pesar de su potencia no pudo sostener a Juan D. Perón cuando lo derrocaron con todos los medios haciéndole coro
Eso ocurrió meses después de los poderes fácticos bombardearan la Plaza de Mayo en junio de 1955. La SIP no dijo nada al respecto. Había sido fundada en 1943, en una conferencia de periodistas realizada en La Habana, cuando Cuba transitaba por el primer gobierno prostibular de Fulgencio Batista

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