Por Hugo Noé Pino
El inicio de cada año está generalmente marcado por la esperanza que los próximos doce meses serán mejores que sus antecesores. En el caso de Honduras, no hay muchos indicadores que nos permitan ser optimistas. La economía internacional todavía se mantiene con poco dinamismo producto de la “gran recesión” del 2009 y el crecimiento económico de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se mantendrá bajo.
Esta es una de la razones para que las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el país para 2013 se ubique entre un 3% y 3.5%, que con un crecimiento de la población de 2%, significa un crecimiento per cápita entre 1.0% y 1.5%, insuficiente para reducir desempleo y pobreza. Asimismo, estamos en un año electoral en donde la inversión privada doméstica y extranjera moderan el inicio de sus proyectos de inversiones, en espera de los resultados electorales de noviembre.
Hay un tercer factor que también incidirá en el crecimiento económico del presente año, como es el caso del alto déficit fiscal. Para sorpresa de todos, el déficit del gobierno central que se había proyectado en 3.5% del PIB para 2012, está terminando en cerca del 6%, o sea, casi el doble. En términos de cantidades esto significó que pasáramos de un presupuesto de 79,000 millones de lempiras a un presupuesto de más de 90,000 millones, o tal vez más alto, cuando se haga la liquidación final.
Las autoridades de gobierno continúan insistiendo que la debacle fiscal que enfrentamos es producto de lo que heredaron en el 2010, pero las cifras que el mismo Ministerio de Finanzas ha publicado señalan que este déficit es responsabilidad del gobierno actual. Si la Dirección Ejecutiva de Ingresos no logró alcanzar la meta de recaudación es por la forma política e ineficiente que ha venido trabajando. Si la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permitió los recursos de apoyo presupuestario programados del BID y del Banco Mundial, es porque se incumplió el acuerdo anterior y el FMI subió el nivel de condicionalidad.
Si la ENEE, Empresa Nacional Portuaria, Hondutel y otras empresas públicas arrojaron déficits, que repercuten en las finanzas del gobierno central, es o porque se nombró las personas incompetentes para sacarlas adelante, o por continuar manteniendo políticas que los llevan a estos resultados. Si los ministros se exceden en sus partidas presupuestarias incrementando ilegalmente el gasto, también es responsabilidad del gobierno. ¿O es que acaso se ha despedido o deducido responsabilidad a alguien por ello? ¿O no es el Congreso quien legaliza esto, aprobando ampliaciones presupuestarias?
Con un déficit de esta magnitud para el 2012, es muy difícil pensar que el presupuesto de 2013 enviado al Congreso tendrá un déficit de 3.5% equivalente a 13,600, millones cuando ya se ha aprobado un financiamiento externo en bonos de cerca de 15,000 millones para sustituir deuda interna (a lo que habría de sumarle los préstamos externos programados). Tratándose de un año electoral, el alto déficit del gobierno continuará y probablemente cierre entre 4% y 5% del PIB.
Las consecuencias para el nuevo gobierno que entra el 2014 son muy precarias, lo que implicará negociar en condición de desventaja un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (dada la necesidad de recursos externos), así como un Congreso Nacional diferente en el cual ningún partido político tendrá la mayoría absoluta y las alianzas serán necesarias para aprobar leyes.
Al panorama económico habría que sumar la condición social muy compleja en el país en donde en los últimos años la pobreza y la extrema pobreza se ha incrementado en un 5% y en donde el 10% de la población de más bajo ingreso únicamente recibe el 0.7 del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico recibe el 40.6%. Asimismo, los niveles de desempleo y subempleo suman más del 40% de la población económicamente activa y la inseguridad golpea a la población, principalmente a los sectores más pobres.
En el ámbito político, además de tratarse de un año electoral, hay también fuertes dudas basadas en la experiencia de las elecciones internas, que el Tribunal Supremos Electoral pueda garantizar unas elecciones ejemplares y transparentes. A esto habría que agregar la reciente decisión del Congreso de destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual constituye un nuevo golpe Estado al cual los sectores organizados no parecen reaccionar, mientras las imagen internacional del país se deteriora más.
Una reflexión adicional se refiere a los riesgos de un año electoral. A los tradicionales excesos de mayor gasto por parte del gobierno de turno para garantizar el gane de las elecciones, se agrega una política de concesionamiento de empresas y activos del Estado sin ninguna evaluación a fondo. Coalianza se ha constituido, con la aprobación del Congreso Nacional, en el mecanismo de negociación y privatización de actividades públicas en condiciones desventajosas para el país. Pareciera que hay una carrera contra el tiempo a fin de que la mayor parte estos convenios se aprueben antes que finalice el presente gobierno.
En resumen, las perspectivas económicas, sociales y políticas no son las más alentadoras para Honduras en el 2013, ni tampoco se miran indicios serios de cambiar de rumbo. En buen hondureño “tendremos más de lo mismo” que ya de por sí es agobiante.
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