Por Hugo Noé Pino
En el mar de confusión y problemas que está sumergida la política fiscal en Honduras, la decisión del gobierno de la República de revisar las exoneraciones fiscales, por una comisión nombrada con diversos sectores de la sociedad, es el inicio de un proceso que puede obtener buenos resultados. Los logros finales dependerán de la honradez, valentía, visión y objetividad de los participantes en para entregarle a la sociedad hondureña recomendaciones efectivas para el manejo adecuado de las exoneraciones.
Las exoneraciones, o exenciones fiscales, que en lenguaje técnico se denominan “gasto tributario”, son en su acepción más común, la renuncia que tiene el gobierno de cobrar impuestos sobre determinadas actividades con el objetivo de incentivar la generación de inversión, producción, empleo, así como de respaldar políticas económicas o sociales. En teoría estas ayudan a alcanzar objetivos deseables dentro de un país.
Su otorgamiento en el caso de Honduras no es nada nuevo. Durante la etapa de creación del sistema de integración económica centroamericano, los incentivos al desarrollo industrial comprendían no sólo altos aranceles a las importaciones, sino también exoneraciones al pago de impuestos para las empresas destinadas al mercado nacional y regional. Sus resultados, no muy positivos, en mucho casos esto se tradujo en altos precios internos y estructuras de mercado monopólicas u oligopólicas.
En los últimos tiempos y con el advenimiento del neoliberalismo, las exoneraciones fiscales proliferaron con el objetivo de atraer inversión extranjera y promover las exportaciones. Sin embargo, un esquema que debería de ser temporal y con resultados medibles, se volvió en la práctica permanente, con escasa evaluación, y lo peor de todo, generalizado. El caso extremo que ha recorrido el mundo, como ejemplo de lo que no se debe hacer, ha sido la exoneración de las comidas rápidas (léase franquicias principalmente americanas), al habérseles otorgado estos beneficios en la ley de turismo.
En Honduras se ha llegado al extremo que el mismo Estado hondureño no conoce en estos momentos a cuánto asciende el “gasto tributario”, es decir, el monto de las exoneraciones. De acuerdo a declaraciones de funcionarios públicos existen más de 100 leyes que amparan exoneraciones fiscales. La misma reforma fiscal de marzo de 2010 invitaba a los que gozaran de estos beneficios de inscribirse como beneficiarios en la DEI. Este desorden tiene que ser corregido y los pasos adoptados hasta ahora están en la dirección correcta.
También habría que considerar que no todas las exoneraciones son para empresas. Existen exoneraciones de impuestos como (en el caso del impuesto sobre ventas) a la canasta básica y las medicinas que se justifican. También gozan de exoneraciones los docentes de todos los niveles de educación. Esto habría que revisarlo. La mayoría de los salarios de los docentes, especialmente de educación primaria, no alcanzan el mínimo necesario para pagar impuesto sobre la renta, mientras que los de educación secundaria y universitaria, de exceder este mínimo deberían pagar el impuesto respectivo.
Al final, es un tema de crear una “cultura tributaria” en donde la obligación de pagar impuestos es parte de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo exige que haya equidad en el sistema tributario y transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.
Una de las recomendaciones que nos atrevemos hacer a la Comisión designada es que ahora que se comenzará a deshacer la madeja de hilos enrevesados, un paso importante en la transparencia de la política fiscal es dar a conocer la lista de las instituciones, personas u otras entidades que reciben exoneraciones, el monto de lo que reciben, las actividades a que se dedican y otra información relevante. En los casos que se trate de empresas, la cantidad de inversión y empleo que generan, así como el destino de su producción.
Adicionalmente, en la nueva legislación a proponer es necesario que exista la obligación que las autoridades respectivas publiquen trimestralmente la lista de las exoneraciones otorgadas y su justificación.
Estudios en diferentes momentos han mostrado que el monto de las exoneraciones puede llegar a ser entre un 6% y un 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Cada punto del PIB de reducción de las exoneraciones sería equivalente al alrededor de L. 4,000 millones de ingresos adicionales, lo cual aliviaría sustancialmente el déficit fiscal actual.
Solamente a través un proceso transparente podemos evitar las injusticias, abusos y competencia desleal que actualmente existe en el manejo de las exoneraciones. Por esta razón es importante dar un aplauso a medias a nuestras autoridades, el cual solo podrá ser completo cuando se haya pasado de la intención a la acción concreta y tengamos una nueva legislación aprobada con reglas claras y efectivas para reducir las exoneraciones.
En el mar de confusión y problemas que está sumergida la política fiscal en Honduras, la decisión del gobierno de la República de revisar las exoneraciones fiscales, por una comisión nombrada con diversos sectores de la sociedad, es el inicio de un proceso que puede obtener buenos resultados. Los logros finales dependerán de la honradez, valentía, visión y objetividad de los participantes en para entregarle a la sociedad hondureña recomendaciones efectivas para el manejo adecuado de las exoneraciones.
Las exoneraciones, o exenciones fiscales, que en lenguaje técnico se denominan “gasto tributario”, son en su acepción más común, la renuncia que tiene el gobierno de cobrar impuestos sobre determinadas actividades con el objetivo de incentivar la generación de inversión, producción, empleo, así como de respaldar políticas económicas o sociales. En teoría estas ayudan a alcanzar objetivos deseables dentro de un país.
Su otorgamiento en el caso de Honduras no es nada nuevo. Durante la etapa de creación del sistema de integración económica centroamericano, los incentivos al desarrollo industrial comprendían no sólo altos aranceles a las importaciones, sino también exoneraciones al pago de impuestos para las empresas destinadas al mercado nacional y regional. Sus resultados, no muy positivos, en mucho casos esto se tradujo en altos precios internos y estructuras de mercado monopólicas u oligopólicas.
En los últimos tiempos y con el advenimiento del neoliberalismo, las exoneraciones fiscales proliferaron con el objetivo de atraer inversión extranjera y promover las exportaciones. Sin embargo, un esquema que debería de ser temporal y con resultados medibles, se volvió en la práctica permanente, con escasa evaluación, y lo peor de todo, generalizado. El caso extremo que ha recorrido el mundo, como ejemplo de lo que no se debe hacer, ha sido la exoneración de las comidas rápidas (léase franquicias principalmente americanas), al habérseles otorgado estos beneficios en la ley de turismo.
En Honduras se ha llegado al extremo que el mismo Estado hondureño no conoce en estos momentos a cuánto asciende el “gasto tributario”, es decir, el monto de las exoneraciones. De acuerdo a declaraciones de funcionarios públicos existen más de 100 leyes que amparan exoneraciones fiscales. La misma reforma fiscal de marzo de 2010 invitaba a los que gozaran de estos beneficios de inscribirse como beneficiarios en la DEI. Este desorden tiene que ser corregido y los pasos adoptados hasta ahora están en la dirección correcta.
También habría que considerar que no todas las exoneraciones son para empresas. Existen exoneraciones de impuestos como (en el caso del impuesto sobre ventas) a la canasta básica y las medicinas que se justifican. También gozan de exoneraciones los docentes de todos los niveles de educación. Esto habría que revisarlo. La mayoría de los salarios de los docentes, especialmente de educación primaria, no alcanzan el mínimo necesario para pagar impuesto sobre la renta, mientras que los de educación secundaria y universitaria, de exceder este mínimo deberían pagar el impuesto respectivo.
Al final, es un tema de crear una “cultura tributaria” en donde la obligación de pagar impuestos es parte de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo exige que haya equidad en el sistema tributario y transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.
Una de las recomendaciones que nos atrevemos hacer a la Comisión designada es que ahora que se comenzará a deshacer la madeja de hilos enrevesados, un paso importante en la transparencia de la política fiscal es dar a conocer la lista de las instituciones, personas u otras entidades que reciben exoneraciones, el monto de lo que reciben, las actividades a que se dedican y otra información relevante. En los casos que se trate de empresas, la cantidad de inversión y empleo que generan, así como el destino de su producción.
Adicionalmente, en la nueva legislación a proponer es necesario que exista la obligación que las autoridades respectivas publiquen trimestralmente la lista de las exoneraciones otorgadas y su justificación.
Estudios en diferentes momentos han mostrado que el monto de las exoneraciones puede llegar a ser entre un 6% y un 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Cada punto del PIB de reducción de las exoneraciones sería equivalente al alrededor de L. 4,000 millones de ingresos adicionales, lo cual aliviaría sustancialmente el déficit fiscal actual.
Solamente a través un proceso transparente podemos evitar las injusticias, abusos y competencia desleal que actualmente existe en el manejo de las exoneraciones. Por esta razón es importante dar un aplauso a medias a nuestras autoridades, el cual solo podrá ser completo cuando se haya pasado de la intención a la acción concreta y tengamos una nueva legislación aprobada con reglas claras y efectivas para reducir las exoneraciones.
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