El martes 1 de enero la República de Haití conmemoró un aniversario más de su independencia de Francia, bajo la sombra de seguir siendo el país más pobre de América, y seguir siendo afectado por las secuelas del terremoto de 2011 y la epidemia de cólera que se ha propagado durante los últimos dos años.
Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en hacerlo, luego de un proceso revolucionario de carácter abolicionista que comenzó en 1791 y desembocó en una prolongada lucha armada contra Francia, su potencia colonizadora desde finales del siglo XVII.
Esta nación caribeña no ha logrado recuperarse de los 200 mil muertos que dejó el fuerte sismo en el 2011 y los miles de damnificados que aún continúan viviendo en refugios "temporales" que fueron habilitados tras la emergencia nacional.
De igual forma ese país no ha logrado superar la epidemia del cólera que ha dejado más de siete mil fallecidos y miles de afectados.
En junio de 2012, la Organización Internacional de la Migración (OIM) reveló que el número de refugiados ha disminuido, lamentablemente, debido a una combinación de "desalojos forzosos, partidas voluntarias y subsidios para rentar".
Gobiernos latinoamericanos han destacado los esfuerzos del presidente Michel Martelly por mejorar las condiciones del pueblo haitiano, sin embargo lamentan que el proceso de recuperación sea lento y se vea reflejado en la continua migración hacia otras naciones.
Recientemente, Martelly realizó un llamado a la comunidad internacional para trabajar en conjunto y en miras de resolver los problemas "serios y profundos" en el Caribe, como los relacionados con el medio ambiente, la agricultura y la inseguridad alimentaria.
Por su parte, el primer ministro, Laurent Lamothe, ha manifestado su intención de luchar contra la corrupción, la pobreza extrema y un índice de desempleo que supera el 52 por ciento de la población activa.
Para ello, Lamothe aseguró que requiere el apoyo de la comunidad internacional para poder aumentar los ingresos nacionales y así subvencionar programas como el de la nueva ley de energía –cuyo objetivo es suministrar electricidad a todas las casas del país– o el programa de vacunación infantil.
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