Por Marvin Palacios
Familiares del niño Ebed Jassiel Yánez Cáceres, muerto a manos de una patrulla militar el pasado 27 de mayo de 2012 en el sector de Villa Vieja y Los Pinos (carretera hacia Danlí) se apostaron hoy en horas de la tarde frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para manifestarse en contra de las pretensiones de los abogados defensores de los militares, de alcanzar una conciliación con el Estado que favorezca al cabo Felipe de Jesús Rodríguez y al subteniente Josué Antonio Sierra.
Wilfredo Yánez, padre del niño asesinado, dijo a defensoresenlinea.com que “esta manifestación pacífica con nuestras pancartas son para manifestar que no se deje en libertad a una persona que erróneamente ha sido acusada y ese le está permitiendo tener la posibilidad de negociar con el Estado a través de la procuraduría General de la República.
“Lo que pretenden no es correcto, lo que ha dado cabida a esta situación es que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de los Derechos Humanos no acusó correctamente a las 3 personas que tuvieron participación en la muerte de mi hijo, los tres debieron haber sido acusados por homicidio y solo se acusó a uno, entonces los otros dos están acusados de abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios y eso les permite negociar con el Estado su libertad mediante el pago de cierta cantidad de dinero”, señaló Yánez.
Alrededor de las 2:00 de la tarde un vehículo pick up Ford placa RHOG/ 0244001 de las Fuerzas Armadas trasladó a un oficial que vestía uniforme de la Fuerza Naval y a un abogado, ambas personas no fueron identificadas, minutos después arribó el abogado que dirige al buró de abogados defensores de los militares, Jacobo Salandía.
Tras conocerse que la defensa de los militares había solicitado una audiencia con la Procuradora General de la República (PGR), Ethel Deras para formular la petición de lograr una conciliación en la causa que se sigue, un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) se reunió con la Directora Nacional de Procuración de Justicia de la PGR, Tania Mejía.
El abogado Salandía aparece en el fondo (al centro) recibiendo a los otros abogados desplazados en vehículo de la FFAA
De esta reunión trascendió que la Procuradora General de la República, habría manifestado que giró instrucciones a su personal que aquellos casos en los cuales esté directamente afectado el Estado, no habrá a conciliación y que en este caso particular es porque existe una vida humana de por medio, por dicha razón la solicitud de la parte defensora de los militares, será denegada.
De esta manera La Procuradora General Ethel Deras ratificó su posición de no conciliar casos que involucren actos de corrupción y asesinatos en los que participen agentes del Estado de Honduras.
El abogado defensor de los militares involucrados, Jacobo Salandía dijo que todavía no ha se ha probado nada hasta que se realice el juicio oral y público. “Lo que hasta ahorita tienen es una presunción, una probabilidad”.
Salandía sostuvo que actúa de acuerdo al derecho a petición que tienen sus defendidos “y hemos visto que sí, ellos pueden ser beneficiados con una conciliación, será entonces la Procuraduría General de la República la que determine si o no a la petición, en todo caso también tenemos el derecho de accionar vía amparo en el caso”.
Se conoció que los militares tienen a su favor un equipo de defensores dirigidos por el abogado Salandía quien declinó revelar si recibe sus honorarios de parte de las Fuerzas Armadas o de sus defendidos forma privada.
Salandía explicó que el Código Penal establece la figura del “bien jurídico protegido” en donde el bien jurídico del abuso de autoridad es la administración pública y el bien jurídico del encubrimiento es también la administración pública y el representante del Estado de Honduras es la Procuraduría General de la República.
El abogado defensor reconoció que sus defendidos “son víctimas de un sistema, en donde las Fuerzas Armadas salen a las calles por decreto ejecutivo, son tres muchachos de entre 20 y 23 años a quienes que se puso en una situación bien difícil, si no había preparación o no había, ellos no eligieron estar ahí, se les puso ahí”.
El caso aún no llega a la audiencia preliminar, posteriormente se dictará el auto de apertura a juicio, sobreseimiento provisional o definitivo, o en su defecto se irá a juicio oral y público.
Cuando se abrió la audiencia de imputado se conoció que la Fiscalía acusó de homicidio al sargento Eléazar Abimael Rodríguez Martínez y por los delitos de encubrimiento y falta a los deberes de los funcionarios al cabo Felipe de Jesús Rodríguez Hernández y al subteniente Josué Antonio Sierra.
A Rodríguez Martínez se le dictó auto de prisión y se encuentra en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, mientras que a Rodríguez Hernández y a Sierra se les dictaron medidas sustitutivas a la cárcel.
Estos últimos se encuentran bajo la responsabilidad del Comandante del Primer Batallón de Infantería, no pueden salir del país, deben presentarse a firmar un libro de registro a los Juzgados todos los viernes y no pueden acercarse a las víctimas ni a los testigos del caso.
El Cofadeh en su condición de acusador privado, presentó un recurso de ampliación del delito de homicidio para el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra quien estuvo a cargo de la patrulla de 7 efectivos militares que persiguió la madrugada del 27 de mayo en un carro Ford 350 a Ebed Jassiel cuando éste omitió detenerse en un retén ubicado de la colonia Villa Vieja, mientras se conducía en una motocicleta.
La solicitud del Cofadeh fue denegada por el Juzgado de Alzada, sin embargo en los próximos días presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se amplíe el delito por homicidio para los dos militares que recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El Ministerio Público realizó indagaciones a 29 militares que prestaron servicio como parte de la "Operación Relámpago", en el retén de la colonia Villa Vieja, al oriente de la capital de Honduras en la fecha del crimen. Al parecer los militares involucrados en el homicidio pertenecen al Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán.
El pasado 27 de mayo de 2012, Ebed Haziel Yánez Cáceres de 15 años, tomó sin permiso la motocicleta de su padre Wilfredo Yánez en
horas de la noche y al parecer recorrió las calles de la colonia Villa Vieja. En horas de la madrugada Ebed Haziel se encontró con un retén militar al que no prestó atención y fue perseguido varias cuadras cuesta arriba por varios efectivos militares que le dispararon hasta matarlo. El caso será presentado ante organismos internacionales de derechos humanos para que sea la justicia internacional la que acabe con la impunidad en Honduras.
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