Golpe tras Golpe

Diario Tiempo

Por Hugo Noé Pino

Dos de las características principales de la democracia son la legalidad y la tolerancia. En Honduras parece que hemos perdido ambas;  lo peor de todo es que los que supuestamente tienen que velar por legalidad, la violan constantemente. Parte de la policía se convierten en delincuentes, la Corte Suprema de Justicia en el 2009 enjuicia al presidente Zelaya, sin derecho a la defensa que ahora invocan para ellos; los militares lo capturan y lo destierran en contra de la Constitución que dicen defender; en el Congreso Nacional se presenta una renuncia falsa y se juramenta un presidente de facto, etc., etc. Y hay todavía algunos y algunas que se atreven a decir que hubo una “sucesión presidencial”.

Todo esto con la misma impunidad que se roba y asesina o se comenten actos de corrupción. Como no hay  castigo, sino premiaciones a estos actos, los actores se sienten con la libertad de hacer cualquier cosa, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ese triste espectáculo lo acabamos de ver repetido en las actuaciones del Congreso Nacional al destituir cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

Lo que pudimos escuchar en la madrugada del miércoles 12 de diciembre en la sesión del Congreso Nacional  fue de antología. Por una parte, algunos diputados y diputadas en contra de la destitución rasgándose las vestiduras en defensa de la Constitución, la misma que violaron flagrantemente el 2009. Carlos Lara, diputado por Choluteca, le recordó al presidente del Congreso que esa noche del 28 de junio se le había acercado y le había dicho que algunas veces se hacían las cosas legalmente, pero otras había que hacerlas por política. Juan Orlando le contestó, sin admitir lo dicho, que a él Marcia Villeda le había presentado una renuncia firmada por Manuel Zelaya, a lo que la aludida señaló que a ella le había entregado esa renuncia y que ya lo había declarado así ante la Fiscalía. Seguro que la Fiscalía ya tiene enjuiciados a quienes la redactaron y firmaron.

Otro diputado dijo que lo que estaban haciendo “era para demostrarles a quienes el Congreso nombraba, donde estaban sus patrones”. En esto no deja de tener razón porque en los últimos gobiernos, los nombramientos del Congreso Nacional han resultado incondicionales a los dictados de este poder del Estado; la muestra está en el comportamiento de la misma Corte Suprema de Justicia en la mayoría de los casos, del Tribunal Superior de Cuentas, de la Procuraduría, del Tribunal Supremo Electoral y de la misma Fiscalía. Hemos pasado de un régimen presidencialista a uno dominado por el Congreso y los intereses que representa, que casi nunca son lo del pueblo hondureño.

Las justificaciones sobre las razones de la destitución de los magistrados son superficiales y las motivaciones son claramente políticas. La explicación más creíble es la posibilidad que la Sala Constitucional aprobara algún amparo en el pleito interno que se tienen Juan Orlando y Ricardo por la candidatura del partido Nacional.

Lo impresionante es como se acrecienta la debilidad institucionalidad del país  y como la sociedad hondureña permanece mayoritariamente callada ante lo sucedido. Es cierto que la Corte misma es parte del rompimiento institucional del 2009, pero permitir un error sobre otro error no hace justicia a nadie, sino que acrecienta la concentración de poder y la violación a las leyes.

El presidente Lobo ha llamado a un diálogo entre los tres poderes del Estado. Aunque extemporáneo en función que fue el mismo poder Ejecutivo quien comenzó a atacar a la Corte, habría que considerar las restitución de los magistrados removidos. Pero da la impresión que esa no es el objetivo. Pareciera, como muchas veces se ha acostumbrado en el país, que una propuesta de negociación podría ser: “ni, los tuyos, ni los míos, sino que los nuestros”. Es decir una tercería de nuevos magistrados, con lo cual se consensuaría con la misma Corte, alcanzándose  el objetivo inicial de remover a los se considera que se han desviado del camino de la incondicionalidad. El efecto sería el mismo, el Congreso se salió con la suya.

En el fondo lo que estamos en presencia es de un profundo deterioro de nuestro sistema político en el cual en vez de buscar resolver los problemas principales de la sociedad, como son los temas económicos, sociales, ambientales y de seguridad, se crean crisis por los ánimos desmedidos de llegar al poder. De ahí la necesidad de un profundo cambio, porque esta democracia no le sirve a la mayoría, sino que aquellos que se enriquecen con los fondos del Estado y a una parte del sector empresarial que siempre ha crecido a expensas del gobierno.