Movimiento Nueva Democracia
A tres años del gobierno de Lobo Sosa que emergió de las condiciones creadas por el golpe de Estado del 2009, la situación del país es extremadamente crítica y evoluciona en medio de contradicciones con escenarios inciertos.
En estos tres años del gobierno del humanismo cristiano, no solo se han violentado flagrantemente los derechos humanos y hecho escarnio de las garantías ciudadanas y de las libertades democráticas, sino que, además, se han desmantelado las conquistas sociales del pueblo hondureño, dejando el Código del Trabajo, el Decreto 18-2008 y el Estatuto del Docente vaciados de sus contenidos fundamentales, aprobando con tal objetivo leyes de emergencia que les han permitido actuar impunemente.
El gobierno de Lobo Sosa incumplió totalmente sus promesas de resolver los problemas del empleo y la seguridad, pero además ha agudizado la crisis económica, política y social. Parte de esta situación es la crisis fiscal en que se encuentra por la incapacidad de recaudar los fondos necesarios para financiar el presupuesto. El aumento de la burocracia, el paracaidismo, el clientelismo político y la enorme corrupción manifiesta en estos tres años explican el aumento de la deuda interna y externa, el presupuesto sobregirado y la búsqueda desesperada de fondos, caracterizan el actual régimen de Lobo Sosa.
Los resultados del proceso electoral del 27 de noviembre de 2012, en el que participaron los dos partidos oligárquicos, Liberal y Nacional, y el partido LibRe que emerge como una opción de poder alimentada desde las bases del movimiento nacional de resistencia para elegir los candidatos a los cargo de elección popular, si bien reflejan un significativo capital electoral de este último, también pone de manifiesto la potenciación de los dos partidos tradicionales en los cuales ha descansado la dominación oligárquica.
Este proceso electoral, realizado con el marco legal vigente y el mismo tribunal electoral controlado por las fuerzas retardatarias, fue un proceso fraudulento que permitió abultar los resultados para poner en pie el bipartidismo y descalificar las nuevas fuerzas.
Complemento de este fraude fue la defenestración de la Sala de lo Constitucional que ha puesto una vez más de manifiesto la ausencia de un Estado de Derecho. Se argumenta que uno de los propósitos de esta maniobra fue evitar que progresara el recurso de amparo interpuesto por el precandidato presidencial de la corriente Salvemos Honduras y allanar el camino del precandidato de la corriente Azules Unidos, Abogado Orlando Hernández.
Con una Corte dócil vuelven a intentar, y esta vez supuestamente sin obstáculos constitucionales, la aprobación de las Ciudades Modelos, ahora con otro nombre, pero que igualmente significa la entrega del territorio nacional y sus recursos a las transnacionales y sus aliados hondureños. Doce regiones, las mejor dotadas en recursos e infraestructura, se han seleccionado para ser ofertadas al mejor postor, fraccionando el territorio y rompiendo la unidad del Estado nacional al introducir una nueva división territorial, crear jurisdicciones autónomas con iniciativa de Ley que destruye la institucionalidad legislativa por cuanto el Congreso o el Ejecutivo no resuelven en un tiempo definido los asuntos de interés para estas regiones, los mismos puedan automáticamente declararse aprobados.
En medio de esta crisis es evidente que se está produciendo una concentración del poder en manos de quien ostenta la candidatura oficialista del partido nacional quien desde un Congreso bajo su control, es el responsable principal de la aprobación de leyes nocivas para el pueblo hondureño y para la nación amenazada de un proceso de recolonización por parte del capital transnacional.
Hacer fracasar estas políticas pasa por la derrota de esa candidatura que no solo daría continuidad al desgobierno de Lobo Sosa sino que, además, consolidaría y fortalecería el modelo neoliberal, el proceso de militarización de la sociedad y el Estado, la hegemonía oligárquica y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.
Esta movilización del Frente Nacional de Resistencia Popular debe ser el punto de partida para poner en pie de lucha, esta instancia en la que se articulan las diversas fuerzas sociales y políticas del país obligadas a dar respuesta a la ofensiva neoliberal contra los intereses de la nación y las conquistas de nuestro pueblo.
Los motivos para retomar la calle sobran, dado la crisis actual que agobia al pueblo hondureño, pero prioridad especial de nuestra lucha, en este momento, lo constituye el poner un dique de contención a la entrega del país a través de la aprobación de la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo que atenta contra la soberanía nacional, la existencia de la nación como tal y de Honduras como Estado independiente. Si perdemos la patria perdemos toda opción de cambio refundacional y condición de ciudadanía y por tanto cualquier derecho económico, político, social y cultural conquistado hasta la fecha.
Dirección Nacional del Movimiento Nueva Democracia
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