Por José Luis Magaña Rivera
Ante un sistema capitalista en una fase de profunda inestabilidad, que ha llevado cointegradamente a una crisis de la reproducción de la vida misma (crisis alimentarias, ecológicas, energéticas y de otras aristas), se vuelve necesario analizar la dirección que van tomando las estrategias de desarrollo, especialmente en la región latinoamericana.
América Latina, con bienes naturales abundantes, se ha caracterizado por ser la mayor abastecedora de materias primas mundiales desde sus primeros contactos con las civilizaciones transcontinentales. De tal manera, que las economías latinoamericanas desde su origen estuvieron fundamentadas en la extracción de los bienes proporcionados desde la naturaleza, productos agropecuarios y mineros, para exportarlos al resto del mundo y obtener flujos de ingresos.
Modelos de desarrollo
El proceso de fortalecimiento del modelo minero y agroexportador, fue parte de las condiciones que permitieron el desarrollo del capitalismo mundial, desde su fase primigenia en el orden de la acumulación originaria, entre los siglos XVII y XVIII cuando cae en una debacle el paradigma mercantilista, manteniéndose el modelo agroexportador aún luego de la crisis de finales del siglo XIX, fruto de una caída general de la tasa de ganancia, la primera guerra mundial y la gran depresión de 1929.
Como señalan Duménil y Lévy (2011), es precisamente la Gran Depresión que lleva a reconfigurar el orden social mundial, dado que fue una crisis, no solo de los mecanismos del capitalismo, sino una crisis de un primer tipo de hegemonía financiera, es decir, de las clases superiores capitalistas y sus instituciones financieras. El reacomodo de la nueva configuración de poderes en el orden social, comienza a definirse en la década de 1950, cuando se establece una alianza del poder en las clases de cuadros ejecutivos -que toman protagonismo frente a los sectores capitalistas en el poder político- con las clases populares, construyendo así las bases del Estado de Bienestar en los países del centro, fundamentado en políticas basadas en el desarrollo teórico keynesiano.
Este periodo de transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX llega a América Latina, donde también se comienzan a realizar aportes teóricos propios desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que llevó a los países latinoamericanos a implementar una política económica fundamentada en el desarrollismo, promoviendo así la industria. Sin embargo, el carácter agrominero de la economía no desaparece, sino que se pone en función del desarrollo de una incipiente industria que necesitaba de fuertes inputs de materia prima, de manera que se mantenía una estrategia fundamentada en el extractivismo de los bienes naturales.
A partir de la crisis de la década de 1970 las configuraciones de poder en el orden social vuelven a cambiar, en los países del centro la dirección la vuelven a tomar los sectores capitalistas, conformando una segunda hegemonía financiera de las clases capitalistas con las políticas neoliberales y el Consenso de Washington para América Latina.
Este periodo está caracterizado por las desregulaciones de diversos ámbitos de la economía -tasa de interés, precios, comercio internacional, flujos de capitales- y el abandono del aparato estatal en las intervenciones que tenía a partir de la estrategia desarrollista implementada anteriormente, a través de las privatizaciones de empresas estratégicas de una fuerte dinámica y de servicio público. Cabe destacar que estas políticas económicas mantienen su sustento en la extracción de productos de la naturaleza, ahora generalmente dirigidos por capital extranjero.
La tendencia del modelo neoliberal es la de ir mundializando la valorización del capital, a través de la mundialización del capital mismo. Así, surge en este contexto el auge de las empresas multinacionales y la amplia participación de las empresas en lo referente al desarrollo, dado que en los sectores empobrecidos, existe un potencial nicho de consumidores.
Como se ha explicado anteriormente, la configuración de poder en el orden neoliberal, está ampliamente controlada por los altos sectores capitalistas, no sólo en la dinámica propiamente económica, sino en el poder político, mediático, intelectual y en cierta medida, social. Por tanto, las políticas públicas enfocadas al desarrollo de los pueblos han estado siendo asociadas con el desarrollo de las empresas, como referentes de los procesos que se deben emular para alcanzar los objetivos del desarrollo.
Una vez demostrado el hecho de que las políticas neoliberales tienen un límite y que no son capaces de hacer llegar los beneficios del desarrollo a todos los sectores, concentrando y centralizando la acumulación de capital, se entra en una segunda crisis de la hegemonía financiera, donde una vez más, los cuadros ejecutivos cobran protagonismo en la dirección de la política pública y se comienza a conformar una nueva configuración de poder, y es esta transición en la que América Latina debe definir el rumbo que tomará en cuanto al desarrollo.
Un nuevo orden social en América Latina
En los países latinoamericanos, la transición hacia un nuevo orden social se ha visto marcado por dos grandes tendencias. En primer lugar, países donde si bien no son los sectores capitalistas directamente los que ejercen la política pública, los responsables de ella están estrechamente vinculados a estos sectores, conformando una alianza de poder entre estas clases y promoviendo desde el aparato estatal la dinámica de acumulación privada, creando un modelo de desarrollo dirigido por el capital transnacional. En relación a esta primera tendencia, se puede decir que existe una fuerte presión de las empresas, en especial las transnacionales, bajo figuras de alianzas público-privadas, de destinar esfuerzos a grupos que se desarrollan fuera de la órbita de acumulación capitalista, de manera que la dinámica de las políticas hacia el desarrollo permiten que estas empresas puedan aumentar los niveles de expoliación hacia estos sectores, contrarrestando contracciones tendenciales de la tasa de ganancia.
Además, en el funcionamiento de los programas de promoción al desarrollo patrocinado por el capital transnacional, se hace referencia a la búsqueda por parte de los gobiernos y de las empresas de ir transformando de la subsunción indirecta a los sujetos económicos identificados como sectores no desarrollados, a relaciones capitalistas de subsunción directa, ampliando de manera inmediata la órbita de acumulación de capital. Lo anterior, se puede ver reflejado en el constante interés de que comunidades campesinas o sectores populares en la informalidad se vuelvan agentes de mercado, para que sean potenciales consumidores con capacidad efectiva de compra, mientras que la pequeña producción que estos grupos realizan queda controlada por las condiciones de mercado establecidas por las multinacionales.
En este sentido, países como El Salvador promueven como solución a las precarias condiciones de comunidades campesinas, la creación de pequeñas empresas que compitan en el mercado, dado que identifican como causa del problema de la exclusión, y la pauperización, la incapacidad de estos sectores de acoplarse a las condiciones de los mercados, lo que invisibiliza que son las empresas multinacionales, como sujeto principal del orden económico mundial neoliberal, quienes controlan dichas condiciones. Lo anterior se manifiesta en el Plan de Desarrollo Quinquenal donde se menciona como ejes de acción “facilitar a productores y a empresarios acceso a capital de inversión, a conocimientos, tecnología, y contribuir a que mejoren su capacidad de gestión para que se integren en forma competitiva a los mercados (…) Se propone además identificar productos emblemáticos en la historia de las economías locales, con el propósito de hacerlos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional” (GOES, 2010: 93-94).
La segunda corriente en cuanto al abordaje del desarrollo en América Latina es la de países donde el poder político está bajo un compromiso más cercano con las clases populares -lo que no excluye su subsunción al capital- y la apuesta estratégica está en la recuperación de su soberanía en la conformación de una política pública y en especial a la positivización de las ideas del desarrollo más vinculadas a una economía popular.
Sin embargo, a pesar del hecho de que los aparatos estatales se vinculen más a una visión de desarrollo alternativa, la mundialización del capital lograda a partir de las políticas neoliberales no permiten que un proyecto político diferente tome su propia definición de manera autónoma. Pero aún, de manea endógena, las nuevas propuestas de parte de este grupo de países siguen estando fundamentadas en los flujos que permiten obtener la explotación de la naturaleza, en especial de recursos minerales a través del intercambio en el mercado mundial. Ecuador presenta como promedio, en el periodo 2000-2010, una renta de los recursos naturales [1] equivalente al 21.2% del PIB, Bolivia del 22.4% y Venezuela del 32.2%, es pues un modelo fundamentado en el consumo de los bienes naturales, lo que mantiene el carácter depredador de recursos y dependiente de la dinámica del resto del mundo.
Así, las propuestas de desarrollo llevadas a cabo en la región latinoamericana no son capaces de ser sustentables bajo los actuales esquemas. Por un lado, el financiamiento al desarrollo proviene de las órbitas del capital transnacional, que buscan promover su expansión, lo que generará la dinámica propia del capitalismo, concentración y centralización del capital en pocas manos y amplios sectores excluidos y empobrecidos, con un conjunto de políticas definidas desde afuera, restando la legítima soberanía autónoma de los pueblos. Mientras la otra propuesta de desarrollo, aún más cercana a los pueblos, se mantiene fundamentada en una estrategia ambientalmente insostenible y dependiente.
De aquí que el papel que tomen países con economías más estables en la región va a ir definiendo las dinámicas del desarrollo a las que pueden ir sumando esfuerzos los países latinoamericanos, en la medida que el apoyo que estos países pueden brindar para fortalecer el tejido social y productivo mediante visiones alternativas o bajo la estrategia del capital y las alianzas público-privados, la apuesta de los países modelo en América Latina tendrán predominancia en las políticas públicas de los otros países.
La Sociedad Solidaria: un paradigma alternativo
Ante la situación actual, hay que tener en cuenta que es necesario recurrir a un paradigma alternativo, crear las condiciones suficientes para alcanzar el adecuado despliegue de las potencialidades humanas, mediante encadenamientos en el proceso de producción, distribución de recursos, circulación de mercancías y consumo, vinculados a relaciones de solidaridad, mediante la organización social, bajo procesos que aseguren la preservación de la naturaleza.
La construcción de un nuevo orden social debe partir de un modelo alternativo, fundamentado en la solidaridad y la organización que de dicha solidaridad nace en los sectores populares. Más que una propuesta de reformas bajo una ola neodesarrollista e institucionalista, es necesario plantearse como un proceso de transformación que permita ir sentando las bases de una nueva sociedad, antítesis de la sociedad capitalista depredadora y excluyente, una Sociedad Solidaria.
Este proceso de transformación debe comenzar desde las estructuras que originan las causas de la continua pauperización social y ambiental, el sistema capitalista, a lo cual surge la Economía Solidaria que, como contraposición de la economía capitalista, parte desde abajo y busca asegurar las condiciones de una vida digna de los pueblos, “por tal razón su racionalidad económica está fundamentada en la reproducción de la vida, ya se trate de la vida humana, animal o vegetal, y en tal sentido, no promueve el consumismo, sino la austeridad, no busca el crecimiento económico como el fin de la actividad económica, en todo caso sería un medio, de carácter temporal en los países del submundo, pero que en los desarrollados debería de ser el decrecimiento. Comprende que para sobrevivir como especie tenemos que preservar la naturaleza y ello, no es compatible con el crecimiento sin límites del capitalismo o con cualquiera otra sociedad urbana agroindustrial” (Montoya, 2011a).
Un nuevo paradigma, la Economía Solidaria, como explica Aquiles Montoya (2011b) debe tener como elementos constitutivos la asociatividad entre personas y comunidades a nivel horizontal y vertical; la autogestión de las trabajadoras y trabajadores organizados sobre las decisiones de las iniciativas económicas solidarias; la solidaridad en la producción, distribución, circulación y consumo, tanto con los pueblos como con la naturaleza; la propiedad no capitalista de los medios de producción, fundamentada en el trabajo y la justicia; y una racionalidad que busque la reproducción material y espiritual de las personas.
Este proceso debe comenzar desde las bases de la sociedad, desde el trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores mismos, porque en la medida que “las personas van transformando las condiciones de su existencia social, se van transformando a sí mismas” (Montoya, 2012). Sustituir la racionalidad de la acumulación capitalista, por una racionalidad sustentable, basada en la solidaridad se ha vuelto, más que en una virtud, una necesidad para asegurar la sobrevivencia humana. Se trata pues, de vínculos de cooperación solidaria, sin hegemonías en la sociedad, esto es, sin grupos privilegiados de poder, tanto de manera política, económica, de género o del control de los bienes naturales.
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* José Luis Magaña Rivera pertenece a la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Centroamericana en El Salvador.
El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.
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Referencias bibliográficas utilizadas:
Anthony Bebbington, “Nuevas políticas extractivas en América Latina: La paradoja de la riqueza: ¿cómo traducir rentas extractivas en desarrollo territorial” en Fundación Tierra, Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y autonomías indígenas, La Paz, Memoria Seminario Internacional, 26-28 octubre de 2009.
G. Duménil y D. Lévy, “Salida de crisis y nuevo capitalismo” en F. Chesnais, G. Duménil, D. Lévy, e I. Wallerstein, La globalización y sus crisis. Interpretaciones desde la economía crítica (págs. 13-41). Madrid: Viento Sur, Los libros de la catarata, 2002.
G. Duménil y D. Lévy, The crisis of neoliberalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011.
Gobierno de El Salvador, GOES, Plan Quinquenal de Desarrollo. San Salvador, 2010.
A. Montoya, Economía Crítica. San Salvador, El Salvador: Editores Críticos, 1998.
A. Montoya, “Lo que es y lo que no es la economía solidaria”, Diario Digital Contrapunto, 2 de diciembre de 2011.
A. Montoya, Manual de Economía Solidaria, San Salvador: Maestría en Desarrollo Local UCA, 2011.
A. Montoya, “El Manifiesto Solidario”, Diario Digital Contrapunto, 17 de Enero de 2012.
P. Ramiro y J. Hernández Zubizarreta, “¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?”, Viento Sur, 2010.
Notas
[1] La renta total de los recursos naturales es la suma de la renta del petróleo, la renta del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta forestal. Datos obtenidos de WDI del Banco Mundial
