A pesar que las relaciones laborales en Honduras se rigen por la Constitución de la República, los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado y el Código de Trabajo, ante de debilidad institucional país, la violación al derecho de los trabajadores se encuentra a la orden del día.
“Declárase de interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, sean sindicatos o cooperativas, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo económico del país, de la cultura popular y de la democracia hondureña”, reza el artículo 460 del Código del Trabajo. Sin embargo, es común que los patronos procedan al despido masivo de trabajadores, cuando éstos tratan de organizarse.
De esta situación no se escapan los periodistas y demás empleados de los medios de comunicación, empresas señaladas por el establecimiento de largas jornadas laborales y donde los trabajadores en muchas ocasiones no gozan ni del derecho al día descanso que semanalmente les otorga la Ley. Aunque son los llamados a generar opinión pública, su accionar se encuentra limitado a interés de su patrono.
En los últimos meses al asesinato de comunicadores sociales también se une la represión de los empresarios que no permiten que los periodistas se pronuncien a favor de la sindicalización de los trabajadores y mucho menos que busquen organizarse para mejorar sus relaciones obrero-patronales.
Un claro ejemplo lo encontramos en el reciente despido de más de una decena de empleados de Canal 10, denominado “Televisión Educativa Nacional”, del programa de noticias Abriendo Brecha y de las revistas Hablemos Claro y As deportiva, entre otras, que se agrupan en la compañía Inversiones, Mercadeo y Publicidad, propiedad del Rodrigo Wong Arévalo.
Aunque públicamente el empresario se autodenomina respetuoso de la ley y se manifiesta en defensa de Constitución de la República, su accionar demuestra lo contrario, pues el único motivo que Wong Arévalo tuvo para despedir a los trabajadores, fue la notificación del sindicato.
El 11 de octubre recién pasado, treinta y tres empleados entre periodistas, camarógrafos y técnicos, de la empresa inversiones, Mercadeo y Publicidad, propiedad de Rodrigo Wong Arévalo, acompaños de un inspector de la Secretaría del Trabajo, notificaron a su patrono, la organización del sindicato. Aunque frente a la autoridad el empresario manifestó estar de acuerdo, evidenciando irrespeto a la ley, un día después procedió al despido de los 8 miembros de la junta directiva provisional.
Wendy Fúnez, periodista despedida de Abriendo Brecha por liderar el movimiento, informó que el martes 18 de octubre continuaron los despidos contra el personal sindicalizado. En esta ocasión fueron cesanteados 4 comunicadores más.
Los comunicadores sociales despedidos, permanecieron éste martes en las afueras edificio Torre Libertad, donde se encuentran instalados el programa de noticias Abriendo Brecha, Canal 10 y otros medios de comunicación propiedad de Wong Arévalo. Wendy Fúnez, quien junto a uno de sus compañeros permanecía descalza, vestía una camiseta blanca con la leyenda “Abriendo Brecha violenta el derecho laboral”.
Tras denunciar el atropello de su patrón, la periodista dijo estar dispuesta a luchar para conseguir su reintegro y el de sus compañeros despedidos y aseguró que con el sindicato lo único que buscan es mejorar las relaciones de trabajo. En la actualidad a través del representante legal siguen los trámites legales a fin de que la Secretaría del Trabajo realice las inspecciones para constatar el despido del personal sindicalizado.
¨Nosotros iniciamos la lucha porque se nos estaban violentando nuestros derechos y nos redujeron los beneficios laborales, todo inició cuando contrataron a Jimena García como jefa de personal, con el propósito de hacer una restructuración. Ella dijo que nos quitaría el decimo quinto mes de salario que por muchos años se nos ha pagado”, expresó Fúnez.
En la primera quincena de agosto Wong Arévalo fue acusado por los trabajadores de haberle comprado a René Zepeda, los activos de Radio X. Esta empresa fue traspasada sin haber pagado las prestaciones de al menos cinco empleados. Un locutor, un vigilante, una aseadora y dos operadores. Uno de los afectados, Delmer Valladares Fajardo trabajó durante casi dos décadas como operador y locutor de Radio X.
Al ser adquirida por Wong Arévalo Radio X pasó a denominarse Radio ABC, el vendedor y el comprador ahora trabajan juntos y ninguno de ellos se responsabilizó por el pasivo laboral de los cinco empleados.
Cabe mencionar que aunque muchos periodistas de diversos medios de comunicación han manifestado solidaridad con los trabajadores despedidos, hasta hoy, nadie se atreve a divulgar la información por temor a ser despedidos de la empresa para la cual trabajan.
A pesar que ninguno de los comunicadores despedidos pertenece a la organización, el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, llegó a la manifestación para solidarizarse y ofrecer su respaldo, no así, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que sigue siendo indolente ante la amenaza contra sus afiliados.
De acuerdo a la Ley, los empleados de la empresa Inversiones, Mercadeo y Publicidad, afiliados a la organización sindical, se encuentran protegidos por el Estado y serán las autoridades de la Secretaría del Trabajo quienes obliguen al empresario a reintegrar a los despedidos y a reconocer el sindicato. Los trabajadores informaron que en dos ocasiones se impidió la entrada de los inspectores que llegaron para levantar el acta y confirmar la destitución de la junta directiva.
El despido de los trabajadores afiliados al sindicato de la empresa inversiones, Mercadeo y Publicidad se convierte en una flagrante violación de los convenios internacionales en materia laboral, del Código del Trabajo y de la Constitución de la República, que el mismo empresario dice defender.
Hacer prevalecer el derecho a la organización, sería la prueba de fuego para la Secretaría del Trabajo, que aunque en este momento se encuentra dirigida por un “ex sindicalista”, debe poner su mayor empeño para demostrar que lo preceptuado en la legislación debe cumplirse, a fin de lograr el reintegro y el reconocimiento del sindicato.
Cabe mencionar que hasta hoy solo en tres medios comunicación los trabajadores lograron sindicalizarse y donde lo consiguieron, las organizaciones perdieron beligerancia. Tal es el caso de Diario Tiempo, propiedad del empresario Jaime Rosenthal Oliva, donde la organización es víctima de señalamientos, persecución y amenazas. El sindicato de Diario la Tribuna, es otra de las organizaciones sindicales que pasa desapercibida por su poco accionar a favor de sus afiliados.
Empresas como Radio Globo y Globo TV, también se han visto salpicadas por las denuncias por violaciones laborales, situaciones que han llevado a su propietario Alejandro Villatoro a enfrentar demandas en los tribunales de justicia.
Lennys Fajardo, periodista de Radio Globo y Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo de Globo Tv, fueron despedidos a inicios de agosto pasado de forma ilegal por el propietario de la empresa, tras reintegrarse a su trabajo luego de unas vacaciones forzadas que maliciosamente les ordenaron tomar.
A los comunicadores les notificaron que sus contratos habían terminado y que sería necesaria una nueva contratación que interrumpía su antigüedad laboral. El tres de agosto le notificaron su separación a Lennys Fajardo y la misma que fue constatada en un acta que horas después levantó la inspectora del trabajo, Verónica Majano.
En días posteriores de la misma forma también despidieron al camarógrafo Rodríguez. Ambos comunicadores presentaron demandas en los tribunales del Trabajo donde esperan un fallo favorable.
El Código de Trabajo vigente, data de julio de mil novecientos cincuenta y nueve y está orientado en buena medida a la protección de los derechos de los trabajadores. No obstante, la Constitución, ordena que las leyes laborales deben estar inspiradas en la armonía entre capital y trabajo, como factores fundamentales de la producción. Es el Estado mismo, quien desempeña la doble función tutelar los derechos de los trabajadores, por un lado, y proteger al capital y al empleador por el otro.
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