Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
En el marco del 143º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones internacionales denunciaron la grave situación de violación a los derechos humanos de miles de familias campesinas organizadas del Bajo Aguán. Ante la contundencia de la denuncia, la delegación del Estado de Honduras no supo hacer nada más que pintar un escenario irreal que desconcertó a la audiencia.
La grave situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán volvió a trascender a nivel internacional. Durante la audiencia concedida este 24 de octubre por la CIDH en Washington, las organizaciones que integraron la Misión Internacional, entre ellas la Rel-UITA, presentaron y actualizaron las conclusiones y recomendaciones incluidas en su Informe Final, sobre la situación de los derechos humanos en esta zona.
42 campesinos organizados asesinados en los últimos dos años, varios heridos, desaparecidos, torturados, así como un sinnúmero de desalojos forzosos en contravención con los estándares internacionales, amenazas, hostigamiento en medio de una total impunidad, fueron parte del dramático escenario presentado ante los comisionados de la CIDH.
La creciente militarización del Bajo Aguán y el poder absoluto del que gozan los terratenientes y productores palmeros de la zona, fueron otros de los factores señalados como generadores de violencia en contra de las organizaciones y familias campesinas que lucha por el acceso a la tierra y una vida digna.
“Logramos visibilizar a nivel internacional la gravedad de lo que está aconteciendo en el Bajo Aguán. Sin lugar a dudas se trata de la agresión y represión más fuerte contra comunidades campesinas durante los últimos 15 años en Centroamérica”, dijo a Sirel, Martín Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
Una situación que fue sorprendentemente desconocida por los representantes del Estado. Según el defensor de derechos humanos radicado en el Bajo Aguán, Rudy Hernández, prefirieron pintar un escenario irreal de respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las familias campesinas, así como de investigación y persecución de los delitos.
“Una vez más quedó claramente demostrado que los representantes del Estado desconocen o quieren desconocer la grave situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán. Todo eso favorece la impunidad”, subrayó Wolpold-Bosien.
Finalizando la audiencia fueron presentadas las principales peticiones, entre las cuales destacan que la CIDH recomiende al Estado investigar y sancionar todos los crímenes, cesar la represión y la violencia contra el movimiento campesino, así como regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles respetar los derechos humanos, y respetar los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, entre otros.
También se solicitó una visita in loco de la CIDH, un monitoreo constante de la situación de los derechos humanos, atender las solicitudes de medidas cautelares, así como expresar su preocupación por la situación en el Bajo Aguán en su Informe anual y en el comunicado de prensa que la CIDH emitirá al concluir el periodo de sesiones.
Fuente: Rel-UITA
Notas:
(1) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias (APRODEV), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN Internacional), Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), Vía Campesina Internacional y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
© Fotos Giorgio Trucchi - Rel-UITA
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