Por Wendy Funes
Gina Hernández, directora general de Trabajo, tiene sobre su espalda la responsabilidad de demostrar si la Secretaría de Trabajo hará prevalecer el fuero sindical o la influencia del patrono sobre sus subalternos. Varios empleados de Canal 10 y de Abriendo Brecha- marcas que funcionan con el mismo equipo y en el mismo edificio, llamado Torre Libertad - han pedido desautorización de firmas. Si Trabajo accede a la petición presentada por los abogados del patrono, la organización sindical en formación quedará debilitada. Los directivos del sindicato en formación solicitaron a la Dirección General del Trabajo copia de la resolución relativa a las firmas de sus compañeros, desde el jueves pasado, pero este martes una servidora pública señaló que Hernández no ha tomado una decisión al respecto y que estaba fuera de la oficina, agregó que no sabe cuándo responderá a la solicitud de los directivos. También, los directivos despedidos solicitaron a la Inspectoría General del Trabajo una investigación especial y la sanción correspondiente para el empresario, Rodrigo Wong Arévalo, porque tres días después de presentar la notificación para formar un sindicato fueron despedidos aunque el Código Laboral establece que no pueden ser despedidas las personas con fuero sindical.
A la OIT
El caso está también en manos de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) que inició trámites para denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las tácticas utilizadas por el patrono para pisotear el derecho a la sindicalización y el débil papel desempeñado por el Estado. La fragilidad del sistema gubernamental empezó a hacerse evidente desde el 13 de octubre que dos inspectoras de trabajo, llegaron junto a la presidenta del sindicato, Wendy Funes, a las instalaciones de Torre Libertad, donde funciona Canal 10. Las inspectoras y Funes notificarían al patrono sobre la intención de dos empleados más de ingresar a la organización sindical, pero la jefa de personal, Jimena García, se escondió y dijo que hasta el día siguiente Wong Arévalo las atendería. Pero la tarde del 14 de octubre cuando las inspectoras llegaron, por segunda vez, para constatar la notificación que entregaría Funes, encontraron los portones cerrados les dijeron que volvieran otro día que el patrono no las iba a atender. Ante la negativa del patrono para ser notificado, los directivos despedidos pretendieron que la Dirección General del Trabajo ampliará de oficio la notificación, pero la respuesta de esta dependencia fue que había que buscar como fuera al empresario para notificarlo.
El 14 de octubre fue un día tenso en Torre Libertad porque a las 8 de la mañana, García le había notificado el despido a seis directivos del sindicato y a dos empleados más, que ellos presumían que ingresarían a la organización. Lejos de hacer una investigación de oficio para conocer que estaba pasando, la Secretaría de Trabajo esperó la denuncia por parte de los empleados, la denuncia fue puesta desde el jueves de la semana pasada, pero este martes aún no había ninguna respuesta. La notificación formal de la intención de formar un sindicato fue presentada el 11 de octubre de 2011, con las firmas originales de 30 trabajadores, la notificación fue recibida por Wong Arévalo. Después de recibir la noticia, Wong Arévalo manifestó que no le teme a los sindicatos y que iba a entrar en un proceso de diálogo con los trabajadores. Preguntó si la decisión de formar el sindicato fue motivada porque quitó el decimoquinto salario –un derecho adquirido, llamado por él: bono o gratificación ocasional.
¿Quiebra?
Wong Arévalo justificó que es difícil hacerle frente a los problemas cuando las empresas operan con sobregiro y advirtió que cuando una empresa se declara en quiebra los primeros beneficiados son los bancos y no los empleados. “Pero déjenme consultar con mis abogados”, dijo antes de iniciar la estrategia para impedir el derecho universal a la sindicalización. La primera táctica fue convencer a uno de los empleados para que dijera que firmó, pero que nunca le informaron que formaría parte del sindicato de Canal 10. Después orillaron a otro de los integrantes a negociar sus prestaciones imputándole delitos que nunca fueron comprobados ante un Tribunal de Sentencia del país. Siguieron los despidos de los directivos y de personas que sospechaban podían formar parte del sindicato en un futuro y la petición para la desautorización de firmas de varios empleados que primero fueron consultados ¿usted está con el sindicato o con la empresa? De esta forma se pretende destruir toda la intención de un grupo de 30 empleados de hacer uso de su derecho.
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