Por Dick y Miriam Emanuelsson
Los y las trabajadores del Canal 10 formaron su sindicato para poder defenderse ante los abusos del patrón. Dos días después que habían inscripto el sindicato, en el Ministerio de Trabajo, fueron despedidos nueve de los 30 miembros del sindicato, entre ellos toda la junta directiva. Esta es la historia de la “libertad” del empresario mediático Rodrigo Wong Arévalo, que nombró al dictador Roberto Micheletti “Hombre del Año” el mismo año cuando se ejecutó el golpe de estado en Honduras.
Vídeo, 28 min.: http://vimeo.com/30650033
Audio: http://www.box.net/shared/nvi8bzj4ixxhh10xdnne
La noticia cayó realmente como una bomba entre los periodistas y comunicadores sociales en Honduras. ¿Un sindicato en el Canal 10, y las revistas de la empresa del señor Rodrigo Wong Arévalo, es posible? No solamente era posible sino que se convirtió en un hecho, el miércoles de la semana pasada.
Al “Chino Cochino”, como lo bautizó la Resistencia al director del Canal 10, no quedó sin respuesta. Treinta trabajadores de “La Torre de Libertad” (“Torres de Maldad” dice la Resistencia), habían ido al Ministerio de Trabajo después que el encargado de recibir la notificación de la empresa se hizo invisible en la entrega de la decisión. Un inspector del ministerio llegó a la empresa para avisar al patrón sobre el antecedente sensacional en Honduras.
La decisión del ´Chino´ no se hizo esperar, entregó nueve avisos de despidos de los 30 que luego llegarían, bajo el pretexto que la empresa estaba en crisis y se vio obligada a hacer una “reestructuración”. Por ello, argumentaron, hubo necesidad de despedir a los nueve. Quedarían sólo 21 de los 30, lo cual significa que el sindicato no cumpliría el requisito que exige la ley, es decir, tener 30 afiliados como mínimo para formar un sindicato. Ese requisito era normal el 1954, cuando la clase obrera hondureña en la Gran Huelga General, que comenzó en las bananeras de Standard Fruit Co (hoy Dole), gano una gran victoria que transformó toda la legislación laborla hondureña. Hoy, solo hay 15-20 por ciento de las empresas que posee de una cantidad de más de 30 trabajadores en sus planillas. Es por eso que la noticia que decia que los trabajadores en el Canal 10 y las demás revistas de la empresa del “Chino”, habian formado un sindicato, era sensacional.
Nelson Ordóñez, Wendy Funes y Jorge Galindo. En el fondo "Torres de Libertad",
bautizado por la Resistencia a "Torres de Malvad". Foto: Mirian Emanuelsson.
Hablamos con tres de los nueve despedidos; Wendy Funes, presidenta, Jorge Galindo, secretario del sindicato y Nelson Ordóñez, tesorero del sindicato. Rodrigo Wong Arévalo bautizó a su edificio a “Torre de Libertad” pero libertad para organizarse en un sindicato, no existe.
– Es un hecho que no tenemos derecho a sindicalizarnos. Nos ha despedido, nos ha dicho que es una reestructuración administrativa. El Código laboral establece que debemos notificar al patrono cuando tenemos la intención de formar un sindicato y entrar en la protección estatal. Pese a la protección estatal, se nos ha dejado cartas de despedido este 14 de octubre. Nosotros habíamos presentado la notificación que queremos conformarnos como una organización sindical desde el 11 de octubre, relata Wendy.
Nelson Ordóñez, tesorero del sindicato con 18 años de trabajo en la empresa, agrega que los inspectores de la secretaria de Trabajo y protección social llegaron a Canal 10 el 11 de octubre, con la notificación.
Todo indica que no le pareció acertado a él (Wong) Posteriormente no recibieron a los inspectores en dos ocasiones.
– Significa que no ha tenido la voluntad de aceptar nuestra organización, dicen los tres. Ni siquiera ha tenido la voluntad de atendernos o recibir la adhesión de otros dos compañeros que se habían unido a la organización.
Se escondió la jefa del personal, para evadir la notificación. Cuando vinieron los inspectores del Ministerio no les dieron permiso para entrar a la empresa aunque la ley es muy clara en ese sentido.
– Inicialmente el patrón nos dijo que nos iba a apoyar, que iba a entablar un proceso de diálogo con los trabajadores, que todo iba a marchar bien. Nosotros confiamos en su palabra. Pero sorpresivamente la palabra de él ha sido botada por una decisión de la jefa del personal que firmaba las cartas de despido del directivo del sindicato.
La decisión de “reestructurar” la empresa, que fue el pretexto para despedir a los nueve sindicalistas, también llegó como una total sorpresa. Durante dos días la gerencia de la empresa cocinaba la nueva “fórmula” para quitar el piso del nuevo sindicato. La “reestructuración” fue la receta y la decisión de despedir nueve compañeros del sindicato tiene también doble filo; amedrantar a los demás trabajadores con perder el trabajo y retirarse del sindicato para así, con la ley en la mano, decir que no cumplen el requisito legal que dice que cada sindicato que quiere inscribirse tiene que tener como mínimo 30 miembros. Detrás de esta maniobra está también la organización vertical y “amarilla”, la llamada “asociación de trabajadores” cuyo modelo viene de la España Franquista, que no es otra cosa que un “Club entre el Patrón y los trabajadores” en donde los trabajadores son subordinados de la gerencia.
Los trabajadores hondureños en los medios de comunicación como periodistas, camarógrafos, fotógrafos, gráficos, motoristas y otros, no solamente son puestos ante el peligro de ser asesinados, gaseados, apaleados en su cubrimiento de los acontecimientos en “el país más violento del mundo en paz”, sino son objetos de una explotación laboral total, donde no hay jornada laboral establecida, pese a que la ley lo dice. Los compañeros pueden llegar a trabajar 6-7 días de la semana en jornadas de entre 10-16 horas.
Un colega en su último descanso
Cuando quieren organizarse en un sindicato son blancos vulnerables de los patronos. Quienes crean que el Colegio de Periodistas es un respaldo a los comunicadores sociales se equivocan también. El mencionado colegio es calificado por ser más golpista que el mismo ex dictador.
Los tres colegas se ríen en forma resignada cuando les preguntamos sobre el Colegio que caracterizan como un organismo subordinado a los dueños de los medios hondureños, que en un 90 por ciento son piezas del Poder Fáctico que ejecutó el golpe de estado militar, el 28 de junio de 2009. Los trabajadores en los medios reciben salarios miserables, muchas veces sólo el salario mínimo, que en Honduras es de 6000 lempiras, o aproximadamente 300 dólares. Y en este país pobre, un litro de leche cuesta 19 lempiras, es decir un (1) dólar.
El caso de Nelson Ordóñez, que con 18 años en la empresa fue despedido, gana 13.400 lempiras, es decir 670 dólares. El aumento de los últimos cuatro años fue de 500 lempiras, 25 dólares. La Canasta Básica es equivalente a 9500 lempiras y ha aumentado dramáticamente después del golpe de estado.
– El Colegio de Periodistas ni siquiera un pronunciamiento ha hecho acerca de lo que ha pasado. Somos afiliados al Colegio de Periodistas de Honduras. Pero no se han tomado la molestia de sacar un comunicado para referirse a lo que nos está pasando. El Colegio siempre ha estado en poder de los dueños o directores de los medios de comunicación. Por ello es imposible que ellos se pronuncien a favor de periodistas o empleados, en este caso particular, a favor nuestro.
En Honduras sólo hay dos sindicatos en los medios y se encuentran en los diarios El Tiempo y La Tribuna. La intención de formar un sindicato hace unos años en Radio Globo terminó con el despido de los colegas que se habían inscrito en el Ministerio del Trabajo. Tampoco se ha cambiado la situación pese a que Globo es caracterizado como un medio antigolpista. Hace unos meses fueron despedidos la periodista Lenis Fajardo y el camarógrafo Uriel Rodríguez, que daban testimonio de una explotación laboral sin precedentes. Sólo percibían el salario mínimo pero sin derecho de seguro social, vacaciones, y los demás beneficios que estipula la ley. Actualmente sus casos están en el Ministerio de Trabajo. El dueño de Globo, Alejandro Villatoro, negaba a sus ex trabajadores las prestaciones laborales, pese que en el caso de Lenis Fajardo, con tres años de antigüedad, tendría, según la legislación hondureña, derecho a más de 5.000 dólares.
Cuando llamamos al señor Arévalo, éste se sorprende por la llamada y dice que la inscripción del sindicato no ha sido formalmente correcta y por eso tiene que ser rechazada. Además sostiene que no tiene “por que responder a una persona que no es de Honduras, y que no tiene nada que ver con los problemas de Honduras, ya que ese es un problema de una empresa hondureña”. Y agrega, “y yo le doy nada más mi versión por cortesía. Pero por lo demás, no tengo porque dar declaraciones a Usted”, y corta la llamada telefónica antes de poder formularle la pregunta sobre por que su empresa, “Torre de Libertad”, despidió a los nueve sindicalistas que reclamaban justamente la libertad y el derecho de organizarse en un sindicato.
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