“El gran problema son las leyes que violentan la propia Constitución de la República”

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce 

Un nuevo ataque al pueblo hondureño que reclama y que exige la salida del narco dictadura que actualmente gobierna a Honduras, se registró en el Congreso Nacional esta semana, donde se realizaron varias reformas al Código Penal, siendo el centro de la misma la ampliación de la pena al delito de usurpación, esto para evitar que el pueblo hondureño realice cualquier tipo de protestas en contra de un régimen que poco a poco está  acabado con el país.

El delito de usurpación en el Código Penal contemplaba una pena de dos a cuatro años de cárcel, en la nueva reforma es de cuatro a seis años, es sin duda un nuevo atentado contra la ciudadanía que reclama sus derechos.

Para la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos En Honduras (COFADEH), Berta Oliva, el gran problema son las leyes que violentan la propia Constitución de la República y que la rebeldía debería focalizarse en el Código Penal de la impunidad.

“Ese es el gran problema y lo fundamental es saber admitir y puesto en marcha y ponerlo como instrumento válido de legalidad, ese código  penal, el código de la impunidad”, la rebeldía debería focalizarse por allí porque ese código es el que abrió la puerta para que la dictadura haga reforma y apruebe leyes bajo el nuevo código penal, que no solo es que dan pena si no que escandalizan a la opinión pública nacional e internacional”.

Además señaló que se debe iniciar una gesta desde el Colegio de Abogados, que aunque no es un problema de ellos, si no de la ciudadanía en general,  “es el órgano idóneo para dar a conocer la brutalidad con que la dictadura está arreciando contra la población, entes que conocen, que entienden el derecho como tal, que saben lo que significa un Código Penal prostituido o elaborado  por mafia y aprobado  por mafiosos, a eso se le debería cerrar el paso y ponerle un alto en instancias como el propio Colegio de Abogados”.

“Si hubiera un poder judicial independiente desde la Sala de lo Constitucional estuviera deteniendo la barbarie de legalidad, que es injusta y no es legal, porque se aprobó en el marco que no debió haberse aprobado, estábamos en suspensión de garantías,” agregó.

La reconocida defensora de derechos humanos es del criterio que las dictaduras funcionan así, “se vio, se leyó e interpretó  que se estaba dando una utilización de las diferentes organizaciones de sociedad civil y que se si fueran involucradas y como aportantes en el proceso del nuevo código, pero era una utilización para decir que había sido consultado ellos, ya tenían diseñado que era lo que pretendían para afianzar la dictadura, para afianzar su control y someter a su población a través de la legalidad de las leyes nocivas para la democracia y para los derechos humanos”.

Para la Coordinadora General del Cofadeh el Código es el paraguas para ir aprobando y reformando otras leyes, que el mismo, desde sus orígenes nació ilegal, porque se aprobó en tiempo de suspensión de garantías en el país.

“Realmente estamos ante una situación complicada, se le debería de apostar, inclusive, a lo que dije antes, por qué no se debe poner como válida en ningún momento y en ir viendo todo lo que se ha hecho en el marco del nuevo Código Penal, que es ilegal, que es arbitrario, que es inconstitucional, porque se aprueba cuando hay suspensión de garantías, fue lo primero que hicieron como al mes o mes y  medio de la suspensión de garantías, cuando más crisis tenía el país lo aprobaron, y desde allí uno tiene que estar claro que todo lo que viene, que todo lo que tenemos ahorita no es más que acciones que ellos definieron dentro de su estrategia de dictadura”.

Además agregó que el riesgo no solo es de los campesinos, es de la ciudadanía de toda la población porque Honduras está en manos de criminales, de vende patrias, “Honduras está en subasta, lo tienen en subasta y desde allí uno ve que si subastan el país, si lo están vendiendo  y entregando en retazos al mejor postor, desde allí miramos qué esas leyes que se aprueban es para justificar que están  haciendo  o que todo lo que están haciendo lo hacen en el marco de y bajo las leyes aprobadas en el soberano Congreso Nacional”.

Entre 2014 y 2018 las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), representadas por la entonces rectora Julieta Castellanos y el actual rector Francisco Herrera, protagonizaron una cacería humana contra defensores de la Educación Pública, Gratuita e Inclusiva a nivel superior.

Los casos iniciaron con expulsiones temporales, hasta persecución judicial y encarcelamiento; además del estigma emitido por Castellano  contra los estudiantes que realizaban protestas sociales, tildándolos de encapuchados, delincuentes, vándalos,  etc.

Por estos hechos, la UNAH, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público (MP), acusaron a unos 200 estudiantes universitarios incluyendo a tres defensores de derechos  humanos en 2017, por el delito de usurpación y atentado contra elementos policiales, entre otros.

En el trayecto del tiempo, algunos estudiantes fueron sobreseídos temporal o definitivamente, otros absueltos de los cargos imputados, y en casos diversos los jóvenes debieron conciliar para seguir su carrera académica. Consecuencia de esta criminalización es que algunas víctimas se encuentran en el exilio.

Actualmente el COFADEH representa casos de campesinos juzgados por el delito de Usurpación, negándoseles el derecho a la protesta pacífica y acceso a la tierra.

Sobre las espaldas de líderes de la Empresa Asociativa Campesina “11 de marzo” en Siguatepeque, Comayagua; y “8 de febrero” en Tutule, La Paz, pesa una condena por el supuesto delito de usurpación. Y en otros casos, al no haber criminalización impera las armas militares y policiales contra quienes protestan por un derecho humano violentado.

Víctor Vásquez, representante del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, La Paz, (CILSIM), fue impactado por una bala militar cuando acompañaba una protesta pacífica en 2017, actualmente está privado de libertad en La Paz, junto a José Vijil. Hasta hace dos semanas que se les inició el juicio Oral y Público volvieron a ver a sus parientes.