Radio Progreso
Desde hace más de un mes la media noche en la frontera de Corinto, entre Honduras y Guatemala, es el escenario donde se puede ver, escuchar y sentir la crisis humanitaria que viven miles de familias hondureñas, que se vieron obligadas a migrar por razones de pobreza o violencia.
Con dolor agudo en el pecho y con más preguntas que respuestas, en su mayoría mujeres, bajan cargando a sus bebés de autobuses que la Secretaria de Gobernación en México, pone a disposición para el traslado de migrantes guatemaltecos y hondureños, como parte de los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos.
Las madres aún abrigan a sus hijos e hijas con algo parecido al papel de aluminio que les dan para protegerse del frío en “Las Hieleras”, legalmente llamados centros de detención de corto plazo en las cercanías de la frontera suroeste entre EE.UU. y México, donde las personas no deben permanecer más de 72 horas, según las directrices del gobierno estadounidense.
Radio Progreso y la Red Jesuita con Migrantes estuvieron la madrugada del 23 y 24 de septiembre del año en curso, en la frontera, y pudieron constatar que los migrantes son retornados sin que las autoridades del gobierno hondureño lleven un registro migratorio, y sin proporcionar ayuda humanitaria porque la gente viene enferma y sin dinero para regresar a sus hogares.
Solo en la madrugada del 24 de septiembre en medio de la oscuridad y la clandestinidad arribaron siete autobuses con más de 400 migrantes a las cercanías de la frontera. La gente es bajada en una gasolinera que se ubica en territorio guatemalteco. Caminan más de cinco minutos hacia la estación fronteriza donde deben decidir si pasar la noche en ese lugar o comenzar a caminar rumbo a San Pedro Sula, con la esperanza de conseguir a alguien que les ofrezca llevarlos de gratis.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, hace unos meses las personas ni siquiera eran llevadas cerca de Honduras, las dejaban varadas en la frontera El Ceibo entre Guatemala y México. Ahí tenían que ingeniárselas para regresar evitando ser extorsionados por las fuerzas de seguridad pública. En algunos casos desde ese sector volvían a tomar impulso para intentarlo nuevamente.
Al bajarse del autobús
Todos lucen desconcertados sin saber a dónde llegaron. La orden del conductor del bus es desocupar la unidad de transporte lo más rápido posible. Como pueden toman a sus hijos adormilados y las pocas pertenencias que sobrevivieron al viaje. También cargan algunos kits de higiene que organizaciones defensoras de migrantes en México les proporcionaron.
Ana es un joven que junto a sus dos pequeñas salió de San Pedro Sula hace casi dos meses con la intención de llegar a Estados Unidos, para reunirse con su compañero de vida. Ella reside en una denominada “zona caliente”, así se conoce a las comunidades disputadas o controladas por las maras o el crimen organizado.
Su pareja había migrado meses antes porque estaba siendo extorsionado. Como se negó a pagar la extorsión le infirieron dos disparos en el abdomen. Al salir del centro médico decidió emprender la ruta migratoria para salvar su vida y la de su familia. Se entregó a migración en la frontera y recibió un permiso de estadía mientras un juez conoce su caso. Sin embargo, ella con sus pequeñas no corrió con la misma suerte.
Cuando llegó a migración le preguntaron si tenía familiares con quienes poder hospedarse, y al decir que si, le pidieron rellenar un formulario con sus datos personales y la de sus familiares. En seguida le manifestaron que la llevarían a una casa refugio en la espera de la reunificación familiar, pero fue llevada a un centro de detención en la frontera de McAllen, Texas.
Permaneció cinco días con dolor de cabeza por el frío que se siente en el centro de detención. Sus hijas de 3 y 7 años de edad se mantuvieron agripadas todo el tiempo. El papel que les dan para cobijarse es un “chiste”, expresó tratando de disimular las lágrimas. Para ella ese centro es una prisión de locura. La comida que les dan es pan con jamón y en algunas ocasiones a los niños les entregan jugos.
Como había proporcionado sus datos en migración, guardaba la esperanza de que su estancia en ese centro se debiera a que las autoridades estaban investigando su caso y llamando a la persona que les recibiría en Estados Unidos. Como ella, se encontraban ciento de familias, esperando una oportunidad para vivir y trabajar en ese país del norte.
Sin dar explicación muy temprano las sacaron del centro y trasladaron a una pista de aterrizaje para abordar un avión. Todavía no imaginaba que estaba siendo deportaba. Lo supo hasta que llegó a Reynosa en el estado de Tamaulipas, México. Ahí se vinieron abajo sus esperanzas de reencontrarse con su compañero y comenzaron a brotar por montones los miedos de regresar a su comunidad gobernada por la violencia.
Mientras contaba su testimonio a Radio Progreso, otros migrantes se acercaban con la necesidad de revelar la pesadilla vivida. “A los migrantes los gringos los tratan mal y aquí este presidente (Juan Orlando Hernández), es mentiroso porque no hay trabajo, no hay nada por eso nos vamos”, dijo un joven de 25 años de edad quien venía deportado junto a su esposa e hijo de apenas un año.
Ellos salieron de San Lorenzo, Valle, para mejorar sus condiciones de vida. Viajaron 15 días por territorio mexicano en el tren de carga conocido como “La Bestia”, un medio de transporte muy usado por los migrantes a pesar de los riesgos. Cuenta que los primeros días pudieron salvarse de migración, no así del crimen organizado que opera con total impunidad en México. Fueron secuestrados y su familia en Honduras tuvo que endeudarse con más de 6 mil dólares para que no fueran asesinados.
Luego de librarse de sus secuestradores llegaron hasta la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo, pero la historia es la misma de Ana y los otros hondureños que esa noche fueron deportados. Regresaron a casa con deudas, sin empleo y enfermos por el frío que pasaron en el centro de detención.
Las personas entrevistadas esa madrugada por Radio Progreso aseguraron que en ningún momento querían dejar sus hogares y país. Sin embargo, producto de la pandemia Covid-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, la situación de pobreza se agudizó y los niveles de violencia incrementaron alarmantemente. Les toca jugarse la vida para garantizar a los suyos al menos comida, salud y educación.
Deportaciones masivas
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en la mira de medios internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos por las deportaciones masivas de haitianos y centroamericanos. Miles de migrantes permanecen en la frontera de México con el estado de Texas, esperando una oportunidad para ingresar a territorio estadounidense.
En las últimas horas, el gobierno montó una operación que incluyó la expulsión inmediata de migrantes haitianos. Las autoridades estadounidenses fueron criticadas por utilizar patrullas a caballo para impedir que la gente entrara en la localidad texana. Unos seis vuelos salen de Estados Unidos a Haití con población deportada.
En Honduras se estima que diariamente unas 400 personas están siendo retornadas a la frontera de Corinto donde no los espera nadie; tampoco hay presencia de las instituciones del Estado. A la gente le toca pasar la noche en la frontera y pedir el favor de una llamada telefónica para avisar a sus familias o esperando la oportunidad de que alguien los lleve a la terminal de transporte en San Pedro Sula.
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