jueves, 1 de agosto de 2013

Servir y Proteger: Patrullas policiales usadas continuamente para llevar a jóvenes a "botaderos"



Este martes, en juicio oral y público, se verán los vídeos que muestran la persecución de las patrullas y los disparos que hicieron los policías en contra de los universitarios asesinados, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, que iban en una camioneta. Asimismo, rendirá su dictamen el perito que revelará la cadena de llamadas a celular que hicieron los policías, entre noche del 21 de octubre y la madrugada del 22 del mismo mes, del año 2011, cuando ejecutaron a Vargas Castellanos y a Pineda Rodríguez.

Con esa pericia culiminaría la evacuación de prueba, propuesta por el Ministerio Público, y continuará la evacuación de pruebas de la defensa. El último peritaje -presentado este lunes ante el Tribunal- es el análisis de los elementos pilosos, cabellos, bellos del cuerpo y vellos del área genital, levantados de ocho patrullas. En tres de los autos policiales se encontró cabello o vello corporal de ambos universitarios.

Las patrullas con cabellos o vello corporal de las víctimas son la M1-92, M1-30 y la M103 del Distrito Policial, número 1-6, popularmente llamada posta de La Granja, situada al sur de la capital. Una vez conocido el peritaje de Medicina Forense, el defensor privado, Marlon Duarte, solicitó análisis de ADN para comprobar que los elementos pilosos son de las víctimas porque a su juicio el peritaje forense, presentado ayer carece de exactitud. Para hacer solicitud de examen de ADN, la defensa se basó en la figura judicial de "auto para mejor proveer". Es decir búsqueda de mayores pruebas.

El Tribunal de Sentencias declaró sin lugar la petición porque la defensa debió solicitar este análisis desde antes, resolvieron los tres jueces del Tribunal y la defensa interpuso el recurso de reposición para la posterior impugnación, que promoverá en casación. La mañana de este lunes la defensa pública protestó porque el Tribunal de Sentencias -consideraron- no les dejaba preguntar, por su parte, la presidenta del Tribunal le reclamó al defensor que no ponía atención y ante un señalamiento de la Fiscalía en el sentido de que uno de los defensores estaba mensajeando con su celular mientras se llevaba a cabo el interrogatorio; el defensor presentó su celular apagado, ante todo el público. La jueza le advirtió que no le vio, pero que si lo hubiese visto con esa actitud, lo saca de la sala de juicios orales.

"Pero sí estoy segura que no está poniendo atención porque hace preguntas que la perito ya respondió", dijo la jueza, el defensor replicó que sí estaba atento y que podía repetir todos los interrogatorios que sus colegas hicieron a la testigo que depuso sobre el dictamen de elementos pilosos.

- "Continuemos con el interrogatorio", dijo la jueza, en tono alterado.
- No, no tengo más preguntas, replicó el defensor de manera enérgica.

El Tribunal dio un momento de receso. Los parientes de los policías acusados, de apariencia sencilla dijeron que sienten que el tribunal le da poca participación a la defensa.

Consecuencias de la ejecución

"Yo vendí hasta mi casa para pagarle a los defensores, yo soy muy pobre, vivo en la San Miguel. Él es mi hijo más pequeño y mi hijo dice que no ha hecho nada y Dios pone la mano", dijo la madre de Gabriel Donatilo García, Teodora Hernández. Expresó que el defensor le está cobrando 75,000 lempiras, por el juicio.

El padre de Wilson Roberto Cordóva, Juan Ramón Cordóva, señaló que ve en la sala del juicio una "desigualdad tremenda porque los defensores preguntan y el Tribunal está para un lado y eso no debe ser así, eso no debe ser así la justicia es pareja tanto para los pobres como para los ricos¨, señaló el padre que viaja desde el oriente para ver el proceso criminal, instruido contra su hijo.

La madre de Pineda Rodríguez, Aurora Pineda, expresó que para ella es doloroso saber todo lo que pasó su hijo y también le conmueve ver entre el público a personas de la tercera edad, familiares de los policías enjuiciados.

"Se les nota que son personas de escasos recursos, me da pesar porque a esa edad de ancianidad y tener un hijo acusado de un delito tan grave como es asesinato sí da lástima", manifestó.

"A nosotros nos causaron este dolor, pero la Policía no se pone a pensar que sus familiares también son víctimas por el dolor que le causan a sus padres, a sus hijos que el día de mañana les van a decir, tu papá fue un asesino".

Pineda reveló que el lugar donde asesinaron a su hijo ya era un botadero de jóvenes. Llevaban a ejecutar a las víctimas, "unas dos o tres semanas antes mataron a cuatro muchachos en Los Hornitos, ellos mismos los que están enjuciados iban a matar gente ahí", apuntó.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castallenos, -madre de Vargas Castellanos- cuestionó el papel de los defensores.

En patrullas iban a botar cadáveres de ejecutados

Con relación al hallazgo de sangre y de elementos pilosos de otras personas en ocho patrullas, analizadas por Medicina Forense, dijo: "Eso significa que en esas patrullas ahí trasladaban a todos los cadáveres porque es una policía criminal la que hemos tenido. Lo que se debe dar es una investigación fehaciente, respecto a elementos pilosos encontrados implica que esos eran patrullas criminales quienes las manejaban y quienes conducían esas organizaciones".

El juicio se reanudó por la tarde con la lectura del acta de Inspecciones Oculares que describe la escena del crimen y con la Inspección de los Libros de Novedades del Distrito Policial 1-6. En ninguno de los libros aparece que se haya realizado un operativo por la zona donde transitaban las víctimas cuando fueron perseguidos, atacados a balazos, golpeados y ejecutados.

La mayoría de novedades de ese día hablan de operativos en la colonia El Pedregal, al sur de la ciudad. En el libro de novedades de la patrulla M1-92 se describe que a las 12:30 de la noche reciben mensaje de una motocicleta robada en la colonia Suyapa, al oriente de la capital.

La siguiente hora que aparece -según la lectura de la secretaria del tribunal- es a las 4 de la mañana. Los policías se trasladaron a la sub estación de la colonia Nueva Esperanza, al mando del policía Galeas. Según la Fiscalía, en ese lapso de cuatro horas habrían ejecutado a los universitarios.

Al día siguiente, a las 10:30 de la mañana la misma patrulla que sirvió para la ejecución de los jóvenes partió a la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) para darle seguridad al presidente de Guatemala, Álvaro Colom; pero al llegar a la base militar les dijeron que el mandatario viajó en el helicóptero de su homologo hondureño, Porfirio Lobo Sosa.

Según el libro de novedades, la misma patrulla fue "a dar seguridad" unas horas después al estadio Chochi Sosa, por el concierto que ofrecía el cantante Juan Luis Guerra, acreedor de 18 premios Grammy, como parte de su gira "A son de guerra". El juicio continúa este martes a partir de las 10 de la mañana./Composoción fotográfica realizada con fotografías de archivo.


Podredumbre, desaparece evidencia en juicio por asesinato de universitarios

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- "Del folio 153 sigue al folio 154 y en el mismo libro falta el folio 155 y 156, tiene un pedazo de papel desprendido", dijo la secretaria del Tribunal de Sentencias sobre dos folios arrancados del Libro de Novedades de la posta policial de la colonia Las Torres, al sur de la capital.

La posta de Las Torres, depende del Distrito Policial 1-6 o posta policial de La Granja, sitio de asignación de los cuatro policías enjuiciados por la ejecución de dos universitarios, el 21 de octubre de 2011. Según el defensor, Marlon Duarte, es inaudito y debe investigarse cómo es posible que haya pasado esto porque afecta directamente a dos de los policías acusados.

"Es increíble, todos los libros de todas las postas se decomisaron a la semana después que ocurrieron los hechos y es increíble que el Ministerio Público (MP) aparece con que ese lo decomisó hasta en febrero de 2013, arrancaron la página donde dice que mis representados habían dormido en la posta ese día que ocurrieron los hechos, hasta las 4 o 5:00 de la mañana que habían pasado los hechos, que investiguen, ¡hombre!", exclamó el procurador privado.

Todos los libros son almacenados en papel manila y en este caso, el libro al que se le quitaron los folios aparece en una bolsa plástica, deberían ser más serios, calificó el abogado defensor.

Estrategia de la defensa

El fiscal de derechos humanos, Juan Carlos Griffin, anunció una investigación por la sustracción de esta evidencia y explicó que el decomiso de este libro se hizo en febrero de 2013.

"Nos llevamos la sorpresa porque el documento fue embalado casi de inmediato, pero nos causa extrañeza que al terminar novedades del 21 de octubre de 2011, faltan los folios 156 y 157 y comienzan novedades en folio 158. Esta era una prueba de que al Ministerio Público no le interesaba, sólo nos interesaba los elementos pilosos y sangre en las patrullas y los nombres de las personas asignadas a dichas patrullas". "Esta es una estrategia de la defensa", indicó Griffin.

Quien tiene acceso a ese documento es la Secretaría de Seguridad, si hubo una sustracción, la investigación debe ser en torno a los funcionarios de esa dependencia, indicó el fiscal.

La tarde de este martes, terminó la evacuación de toda la prueba y el Tribunal de Sentencias citó a las partes para el lunes a las 10 de la mañana, a fin de dar sus conclusiones. Los tres jueces darán su fallo el martes 30 de julio.

Últimas pericias

En la última audiencia de evacuación de pruebas, realizada ayer (martes 23) un perito del MP describió las antenas que se abrieron cada vez que los cuatro imputados hacían una llamada y en la matriz telefónica aparecen llamadas para el sub inspector Carlos Galeas y para varios desconocidos. Según la Fiscalía, las llamadas relacionan a los cuatro imputados.

Después se apagaron las luces de la Sala de Juicios Orales y la Fiscalía presentó dos vídeos de las cámaras de seguridad de una gasolinera y de una empresa de venta de pollos en los que se ve la persecución que hace una patrulla. Aparece primero la camioneta de las víctimas, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, luego pasa velozmente la patrulla.

Mientras presentaban los vídeos de la persecución, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, escondía el rostro detrás del retrato de su hijo Vargas Castellanos.

Así permaneció con la cabeza agachada por unos 10 minutos aferrada al retrato, escondiendo el rostro sin percibir que del lado contrario, dos de los policías imputados: Santos Arnulfo Padilla Rodríguez y José Rubén Pozo López permanecían con los brazos cruzados, con la nuca pegada a la pared casi tan aferrados a la pared como la rectora al retrato de su hijo.

Entretanto, los policías Gabriel Donatilo García y Wilson Córdova Rodríguez, aprovechaban la oscuridad de la sala para hablar con sus defensores. Tras salir de la audiencia, Castellanos se refirió a la brutalidad policial, al salvajismo, a la falta de humanidad de los policías asesinos. Sostuvo que los cuatro acusados son los criminales que asesinaron a su hijo.

Cadena de mando de la policía en ejecuciones

"No hemos terminado nuestro trabajo con el juzgamiento de estos cuatro criminales, faltan dos que están prófugos y también la cadena de mando. Tenemos que saber qué pasó esa noche con la cadena de mando. Hay un oficial que fue protegido, el sub inspector Galeas, las armas no fueron entregadas, hubo amenazas a fiscales, a los técnicos".

Sobre los números desconocidos a los que llamaron los policías, según el dictamen del perito, se le consultó a Castellanos si habrán llamado a la cadena de mando desde la escena donde ejecutaron a los universitarios, "no puedo especular nada, disculpe", respondió y su guardaespalda empujó a la periodista de Conexihon, cerró la puerta del vehículo de la funcionaria y se marcharon.

Aurora Pineda, madre de Pineda Rodríguez, declaró que se investiga a la cadena de mando, hay cosas adelantadas, pero no se puede revelar. "Vamos por la cadena de mando", aseguró.

Sobre la declaración de Pozo -que dio hace dos años- donde se menciona al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo "bueno es que desde que nosotros andábamos queriendo saber quiénes eran los responsables, ya Palma había pedido protección para Galeas, había pedido recurso en el Ministerio Público, pero se le negó, luego en la forma en que se iban generando los hechos los fiscales pedían los informes policiales para poder hacer el requerimiento y orden de captura, pero la Policía se negó y hasta que se fugan los policías, que fue el viernes; hasta el sábado entregan el informe policial". Los prófugos son Wilfredo Velásquez y Carlos Galeas.

"Esto inicia, queremos saber qué pasaba con los altos mando en esos momentos". "Buscando pruebas para implicar a los de la patrulla 92 y 30 se revisaron nueve patrullas, en esas patrullas se encontró sangre de otras personas, no sabemos quiénes son y elementos pilosos de otras personas probablemente anteriores víctimas", señaló Pineda.

Sobre la práctica de ejecuciones desde el más alto nivel por parte de la Policía Nacional, Pineda respondió "digamos lo del narcotráfico y la extorsión y todas esas cosas, creemos que eran bandas que usaban policías como sicarios en este caso y bueno las investigaciones son las que van a arrojar los resultados de qué estaba pasando en esos días y lo que está pasando todavía dentro de la institución policial". Este juicio oral y público inició el martes de la semana anterior, la evacuación de pruebas duró ocho días.

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