Para la Fiscal Especial de Defensa de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, la reducción de la criminalidad no pasa por cambios en el Código Procesal Penal o menoscabando los derechos ciudadanos, sino en el fortalecimiento de los entes investigativos.
Ponce no apoya la propuesta que harán al Congreso Nacional los operadores de justicia para prolongar de seis a doce días la audiencia inicial para los procesados por delitos del crimen organizado, la ampliación de 24 a 72 horas el tiempo para investigación de los detenidos y que los allanamientos legales de morada se hagan de noche y de día.
Esas iniciativas surgieron de una reunión el lunes anterior entre operadores de justicia y autoridades de Seguridad.
Tiempo entrevistó a Ponce ayer en su oficina del Ministerio Público (MP) en esta capital.
¿Cuáles son sus primeras consideraciones a estas medidas que se pretenden legalizar?
Es urgente que exista una política de seguridad integral porque se ha cuestionado que las actividades están más encaminadas en el endurecimiento de penas o militarización de la actividad policial, y eso lo cuestionan los organismos de derechos humanos.
Si está proponiendo una política de seguridad integral, ¿qué sugiere?
Entre otras cosas, la prevención y adoptar políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de las personas que están siendo víctimas de los delitos, que son los más pobres. Invertir en educación y crear espacios públicos más amigables a los jóvenes. Se debe cambiar la mano dura por una mano más inteligente.
¿Qué efectos tendría ampliar de 24 a 72 horas el tiempo para investigar a los detenidos?
Creemos que es una falacia tratar de explicar la ineficacia de los cuerpos de la Policía y la impunidad que se deriva de ellos, reduciendo o menoscabando las libertades de los ciudadanos. El obstáculo para la eficacia de la Policía y el sistema judicial en el momento en que se va a la escena -del crimen- es que el policía no tiene ni la capacidad ni los recursos para realizar de manera eficiente su trabajo.
¿De qué más adolece la Policía?
No tiene efectivos que recolecten información y la analicen, siguen trabajando de manera improvisada y no se apoya la parte de la investigación criminal. Recientemente se anuncio que se asignarán 150 personas a la Policía de Investigación y eso es aceptar que la investigación criminal ha estado descuidada y se debe dotar de los recursos logísticos necesarios.
¿Y qué piensa de la intención de habilitar las 24 horas del día para hacer allanamientos?
De antemano sabemos que no contribuirá a reducir la criminalidad y solo dejará un saldo de violaciones a los derechos humanos y hacer más crítica la imagen de violaciones que ya tiene Honduras.
¿El Ministerio Público también tiene sus deficiencias?
Tenemos una responsabilidad enorme en lo que tiene que ver con la dirección técnico jurídica de los servicios de investigación. Los fiscales tampoco tenemos las suficientes capacidades para cumplir cabalmente con la función de la investigación. Estamos físicamente separados, y el Ministerio Público no tiene una policía de investigación. Debemos hacer que la dirección técnico jurídica por parte de los fiscales sea efectiva y cuando una víctima pregunte por qué no se investiga su caso, hable directamente con el fiscal que dirige la investigación de su causa, pero eso actualmente no ocurre.
Opiniones
“Hay que educar a las autoridades nacionales que investigan y los operadores de justicia en todos los compromisos –de derechos humanos- que Honduras ha ratificado. Cualquier política en el ámbito de seguridad ciudadana debe respetar los derechos humanos y lo deben tener presentes las autoridades nacionales”, Antonio Maldonado Paredes, Asesor Internacional en Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas.
“Ninguna de esas acciones ha sido sometida a consideración, son comentarios aislados que presentó la Asociación de Jueces en el marco de lo que será el plan interinstitucional en materia de seguridad para mejorar la investigación del delito y revertir la impunidad. Esperare que salga el plan y cuando llegue el momento me pronunciaré” Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos.
“Para qué quieren tener una persona detenida 72 horas con una capacidad de investigación criminal que es mediocre. Pretenden disminuir garantías individuales. Las acciones como un allanamiento general esta en contra de principios universales de derechos humanos. Estamos ante un Estado irrespetuoso de los derechos humanos con enfoques absurdos de sacar los militares a las calles cuando sabemos que no están formados como la policía”: Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.
La frase
“Se debe cambiar la mano dura, por una mano más inteligente. El problema está en la investigación criminal y no en las garantías judiciales”: Sandra Ponce.
Anuncian reformas penales y constitucionales por ola criminal
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández anunció ayer reformas constitucionales y penales en atención a las propuestas de limitar garantías judiciales hechas el lunes por los operadores de justicia.
Hernández hizo el anuncio anoche durante la sesión del Congreso Nacional, en la que informó de la visita del viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, que se reunió ayer en privado con diputados para dar cuenta de las ejecutorias del Ministerio de Seguridad en la lucha contra el crimen.
El diputado presidente dijo que se avecinan reformas legislativas profundas relacionadas con el Código Penal y adelantó que incluso tendrán que reformar la Constitución de la República, en consonancia con la propuesta de endurecimiento del proceso penal que propone Seguridad, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía.
Además adelantó que harán ajustes de orden presupuestario, aunque no dijo en beneficio de qué instituciones, y añadió que tomarán medidas de orden tecnológico para contribuir al descenso de los índices de criminalidad.
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