Para el presidente de las Juntas de Agua, Don Manuel Amador, si en los próximos 15 días no comienza la temporada intensa de lluvias, los habitantes del Distrito Central, es decir Tegucigalpa y Comayagüela, “brincarán como sardinas en lo seco”.
La expresión de Don Manuel es provocada al referirse a los niveles de las principales represas del Distrito Central. Indica que, la represa La Concepción está en un 18% de su capacidad, mientras que Los Laureles se encuentra en el 29% de su capacidad máxima.
“Aquí estamos en una completa crisis. Las represas están tocando fondo, esto es porque no se ha querido entender que la solución es la construcción de nuevas represas”, reitera Don Manuel Amador, quien además señala que la distribución de agua potable en los barrios y colonias de la capital, ha sido calendarizada una vez cada ocho días.
Manuel Amador denuncia que en los barrios y colonias se sigue haciendo un negocio con la venta de barriles de agua, los que llegan a costar entre 80 y 100 lempiras.
“Como en todo hay personas muy astutas, si usted quiere comprar dos barriles no se los venden, porque ellos solo venden la cisterna, entonces eso lo obliga que entre la cuadra hacer el billete para pagar la cisterna”, detalla Amador.
Nasry Asfura, alcalde del Municipio del Distrito Central, dice que “a la mano de Dios va a llover, y eso es lo que le estamos pidiendo que nos mande agua para el próximo verano”.
Tras sus plegarias, el edil nacionalista asegura que construirá nuevas represas porque Honduras en rica en agua: “llueve, lo que pasa es que no tenemos represas”.
En ese sentido, el ambientalista Pedro Landa, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), apunta que la gravísima escasez de agua que se vive en Tegucigalpa es consecuencia de la falta de visión y de establecimiento de prioridades de los alcaldes de la capital, puesto que desde hace más de 20 años problemas de abastecimiento de agua.
“La actual y anteriores alcaldías se han dado a la tarea de otorgar de manera desordenada e indiscriminada proyectos urbanísticos y construcción de obras públicas que han tenido su impacto directo en la pérdida de capacidad de captación y retención de agua de los acuíferos que abastecen a la ciudad capital”, explica Pedro Landa.
Landa señala y cuestionada el incremento de obras de infraestructura, impulsadas por el alcalde Asfura, ya que consumen grandes cantidades de galones de agua, por lo que la crisis anualmente se incrementa y se vuelve más extrema, y vuelve más vulnerable a la capital ante el cambio climático.
La Tigra amenazada
Las familias Pierrefeu y Midence-Soto, junto a la Constructora Santos y Compañía, propiedad del diputado liberal Elvin Santos, se han convertido en la amenaza de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra del Distrito Central, al comenzar a construir el proyecto habitacional “Bosques de Santa María”, el cual tiene un costo millonario que sobrepasa los mil millones de lempiras.
Ambientalistas, organizaciones de Tegucigalpa y Comayagüela, y pobladores de las comunidades ubicadas en los alrededores del Parque Nacional La Tigra denuncia que el proyecto “Bosques de Santa María”, provocará una masacre ambiental, puesto que dejaría sin agua potable al 30 por ciento de la capital hondureña.
El proyecto residencial “Bosques de Santa María” está levantándose sobre 100 hectáreas de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, denuncia la periodista ambientalista, Dolores Valenzuela: “están construyendo a 4 kilómetros de la carretera a Valle de Ángeles, consta de 1,886 viviendas de lujo, 29 centros comerciales, un hotel y un club ecuestre”.
La construcción del proyecto habitacional “Bosques de Santa María”, el que no fue avalado por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, afectará a 62 comunidades, ubicadas alrededor de la montaña o Parque Nacional La Tigra, declara Jaime Vásquez, integrante la Comisión Pro Defensa de Pobladores del Parque Nacional La Tigra.
Clarisa Vega, ex coordinadora de la Fiscalía Especial del Ambiente, apunta que el ex ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, José Antonino Galdámez y el alcalde capitalino Nasry Asfura, estarían incurriendo en los delitos de abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios por otorgar la licencia ambiental y el permiso de construcción del proyecto “Bosques de Santa María”.
“No puede haber un permiso o una licencia en un área de reserva como es La Tigra, y aunque no hubiera ley que protegiera las fuentes de agua, por una lógica y por un sentido humano, se debe velar por el agua de la capital”, manifiesta la abogada Vega, e instan a investigar los incendios forestales que se han registrado en la zona y alrededores donde se ubica Bosques de Santa María.
Presión popular
Producto de la represión, en la última semana, resultó herido de bala Justin Josué Padilla Zelaya de 21 años.
Producto de la presión popular, el alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, se comprometió a realizar un cabildo abierto, en un tiempo mínimo de 15 días y un máximo de dos meses, para discutir la demanda de las comunidades del Parque Nacional La Tigra, la que consiste en la cancelación del proyecto habitacional Bosques de Santa María.
“Lo único que no puedo decirles es la fecha, porque hay que programarlo, tenemos que prepararnos para hacerlo”, dijo Asfura, en medio de la Asamblea Popular, convocada por la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, realizada en El Hatillo.
Por su parte, el vice ministro del Instituto de Conservación Forestal, Ángel Matute, dijo a las comunidades, durante la Asamblea Popular realizada en El Hatillo, que el proceso de regularización en el Parque Nacional La Tigra será suspendido por dos meses: “las comunidades nos ha pedido el proceso de regularización, estoy hablando en las otras 12 áreas protegidas, lo hemos hecho en Janeth Kawas, en Cuero y Salado, entre otros, y eso está en el marco de la Ley Forestal”.
Bryan Acosta, integrante de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades del Parque Nacional La Tigra, manifestó que, tras la promesa de las autoridades municipales y del Instituto de Conservación Forestal, tomarán nuevas decisiones con las comunidades para evitar caer en la desmovilización, tal como lo pretende el alcalde Azfura.
Los habitantes de las comunidades de El Hatillo, Río Abajo y Cofradía, que se encuentran la zona del Parque Nacional La Tigra, han sido salvajemente reprimidos por elementos de la Policía Nacional y la fuerza TIGRES, durante las manifestaciones en las que defienden el Parque Nacional La Tigra, una de las principales fuentes de agua y único pulmón del Distrito Central.
Producto de la salvaje represión, en la última semana, resultó herido de bala Justin Josué Padilla Zelaya de 21 años, joven que se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta y defiendo el derecho al agua en la comunidad de El Hartillo, que hoy es amenazado por las familias Midence-Soto Pierrefeu.
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