Por Riccy Ponce
Cuando ya se alistaban con sus machetes y cumbos de agua para partir a las parcelas de tierra que cultivaban, fueron sorprendidos por un pelotón de militares y policías que irrumpieron los predios donde se ubica la empresa campesina 9 de julio, con el objetivo de realizar un desalojo violento.
Ante la presencia de decenas de militares y policías el miedo se apoderó de los campesinos, de sus compañeras de hogar y por supuesto de los niños, que comenzaron a llorar ante el griterío que hacía los uniformados para sacar por la fuerza de sus viviendas a las personas que habitan la empresa campesina.
Para evitar que los campesinos pusieran resistencia al desalojo, los uniformados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos para que estos salieran de sus viviendas. Al salir despavoridos para evitar que los gases afectaran a sus familias, los militares y policías también iban detrás de ellos, lo que provocó que algunas mujeres y niños tropezaran y salieran lesionados. Los campesinos que eran capturados eran golpeados y luego enchachados para llevárselos detenidos a la posta policial más cercana y posteriormente ser trasladados a los tribunales de justicia.
Durante ocho años así ha sido la vida que han vivido los campesinos de la empresa 9 de julio ubicada en el municipio de San Pedro de Tutule, quienes han sido víctimas de 27 desalojos violentos durante este tiempo, dejándole a toda su dirigencia criminalizada.
Además las pérdidas económicas por la destrucción de sus cultivos y viviendas han sido enormes. Los daños físicos son considerables, debido a los desmayos, golpes y aborto, producto de la fuerza excesiva empleada por los militares y policías.
Durante los violentos desalojos a los uniformados no les ha importado si ha habido niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos, porque han entrado abruptamente lanzando gas lacrimógenos, destruyendo viviendas y cultivos.
La empresa Campesina 9 de julio está integrada actualmente por nueve familias, cuando la misma se constituyó estaba conformada por 30 familias, donde 21 de ellas se vieron obligadas a desistir, debido a las constantes represiones, criminalizaciones y encarcelamientos de lo que han sido víctimas.
Wilman Javier Chávez, quien se desempeña como fiscal de la empresa Asociativa Campesina 9 de julio, expresó que la lucha que han emprendido es justa, porque desde el momento que tomaron posesión de las tierras saben que es una lucha legal y social, porque están defendiendo su territorio.
“Es un derecho que nos da la Constitución de la República y nos sometemos ante estos procesos, que al final sabemos que la justicia nos criminaliza la lucha, pero sabemos que es una lucha legal y social porque estamos defendiendo nuestro territorio”, sostuvo el campesino.
Asimismo expresó que este es un proceso civil y no penal, pero desde el momento que lo penalizan, “nos están criminalizando la lucha, y también nos excluyen de la sociedad, nos apartan y no formamos parte, ni pasamos a tomar ningún beneficio por parte del Estado, debido a la exclusión que hay simplemente por ser campesino organizado”.
Chávez también dijo que la Empresa Asociativa Campesina nace en el mes de junio de 2010, con el interés de tener su pedacito de tierra para auto sostener a sus familias y “nosotros somos consientes de que si los hijos de los ricos tienen derecho a tener una buena educación y una buena salud, pues nosotros también tenemos el derecho de darles una buena educación y una buena salud a nuestros hijos, simplemente que no tenemos los medios y es por eso que buscamos y predio para trabajarlo para el sostenimiento de ellos”.
Añadió que inicialmente se habían constituidos como un grupo campesino, pero el Instituto Nacional Agrario (INA) no los inscribió como grupo sino como empresa campesina, pero ellos querían que fueran reconocidos como comunidad indígena “porque querernos identificarnos como población, pero el mismo INA nos prohíbe y nos quita el derecho que nos constituyamos como comunidad indígena lenca y nos pasa a constituirnos como empresa”.
Por los intereses que ya tiene la empresa privada y el mismo Estado en desaparecer los grupos que pelean los derechos ancestrales y también porque sabemos de que ellos también tienen un interés en cuidar el patrimonio de las grandes empresas, se encargan de privatizar los bienes naturales con fines extractivitas, añadió Chávez.
El dirigente campesino dijo a defensoresenlinea.com que tienen claro que el Estado ha jugado un papel muy importante en criminalizar la lucha, porque aquí es un territorio rico en bosques, en vegetación, en agua y oxígeno, y sabemos que hay un personaje muy grande que tiene interés en todo este territorio que es la señora Gladis Aurora López, que tiene un gran cargo en el Estado y sabemos que el Estado de una manera u otra va proteger los intereses de esta señora que es capitalista.
También asegura que debido a las constantes represiones, que sus hijos observan lo que pasa ahora, “los niños si miran una patrulla o un policía se asustan, están bien atemorizados; ellos han sufrido juntamente con nosotros y han sufrido lo mismo que nosotros.Por su parte el presidente de la empresa Campesina Eduar Esaú Salinas expresó que cada desalojo se siente atemorizados, ya que no pueden salir libremente a la calle porque “después del desalojo tuvimos bastante represión, no podíamos salir a trabajar porque si encontrábamos una patrulla o un policía a nosotros nos tocaba si era posible y tirarnos por un barranco, no importaba si nos quebrábamos una brazo, una pierna o una costilla por temor a ser capturado”:
Salinas agregó que los militares llegan y aseguran que los desalojos son pacíficos, pero no es cierto, porque al ver que viene la represión nosotros lo que hacemos es salir corriendo y dejarlos que entren, no nos podemos oponer porque sabemos que vamos perdidos, ya que ellos andan armas y bombas lacrimógenas.
“En el 2016 mi esposa tuvo un abordo a causa de las bombas lacrimógenas; tenía cuatro meses de gestación, nos tiran bombas lacrimógenas en el cuerpo y nos causa graves heridas y enfermedades”, sostuvo.
Asimismo señaló que debido a tanto gas lacrimógeno que lanzan, provoca desmayos y alergias, y que los desalojos han sido tan violentos que varias compañeras se desmayaron y tuvieron que darles agua y aire, para que recobraran el conocimiento.
También explicó que actualmente tienen siete compañeros criminalizados, que no pueden salir con tranquilidad a la calle por miedo a ser detenidos y llevados a la cárcel por defender la tierra y el territorio.
Nosotros le pedimos respuesta al INA, pero ellos lo que saben decir es que no pueden hacer nada más, que no pueden pagar la tierra, que no hay dinero para eso y no tenemos un apoyo por parte del Gobierno.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se reunió con los integrantes de la empresa asociativa campesina, que además están afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). El COFADEH tiene la representación legal de los campesinos que se encuentran en la lucha por la recuperación de la tierra.
La empresa campesina 9 de julio desde sus inicios en el 2010 ha sufrido un total de 27 desalojos violentos, donde en cada uno de ellos se tienen que levantar de nuevo, ya que destruyen sus casas y cultivos, pero las ganas de trabajar y de darle el sustento a su familia los lleva a mantenerse en la lucha por la recuperación de la tierra.
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