Trece organizaciones internacionales y nacionales, expertas en la defensa del estado de derecho, el debido proceso y los derechos humanos, enviaron una carta a Oscar Chinchilla, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Honduras, denunciando las numerosas irregularidades en el proceso por el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016.
Desde las primeras capturas de cuatro hombres el 2 de mayo de 2016 en relación con los ataques contra la Sra. Cáceres y el Sr. Castro, el Ministerio Público hondureño ha tenido pruebas incautadas en los registros de los domicilios de los acusados y las oficinas de la empresa DESA. Aunque han habido cuatro órdenes judiciales y más de 35 ocasiones en las que se le ha pedido la información y la evidencia, esta se le ha negado a la familia de la Sra. Cáceres por parte de los fiscales del caso. Además, el 16 de agosto, la familia de la Sra. Cáceres fue informada de que las pruebas en poder del Ministerio Público no han sido debidamente analizadas y valoradas, a pesar de que la audiencia de proposición de prueba comenzará hoy.
“Esta situación genera una desigualdad para la familia de Berta Cáceres que buscan justicia, y prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales,” afirman las organizaciones firmantes en la carta adjunto.
Cáceres fue una lideresa indígena Lenca reconocida mundialmente. Como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), feminista, líder social y activista ambiental, ella trabajó para defender los derechos de los Pueblos Indígenas. El 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a la casa de la Sra. Cáceres y la asesinaron a tiros. Dejaron a su colega y amigo, el activista ambientalista mexicano Gustavo Castro, herido en el mismo ataque.
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