Desde hace varias semanas, el diputado del partido de la Democracia Cristiana, Felicito Ávila, presentó al pleno del Congreso Nacional una propuesta para intervenir el Registro Nacional de las Personas, RNP, para buscar mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.
La propuesta ya tiene comisión de dictamen pero avanza a paso lento ya que el Partido Nacional, el más interesado en la intervención, no ha logrado integrar la Comisión Interventora por falta de consensos.
Esta semana informó la Comisión Multipartidaria de Dictamen que por unanimidad de votos determinaron que sí procede la intervención del RNP, como lo propuso el diputado Felicito Ávila.
“Donde nos hemos puesto de acuerdo, y por unanimidad, es que sí procede dicha intervención. Es decir, que en el dictamen que será presentado al pleno, lo antes posible, esta comisión dictaminadora, por unanimidad de los presentes, vamos a informar que sí procede dicha intervención en el Registro Nacional de las Personas”, señaló el presidente de la Comisión Multipartidaria, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas.
Lo que sí dejó claro el diputado Callejas es que todavía no tienen una propuesta para el pleno de diputados que incluya por cuánto tiempo será la intervención y quiénes serán los interventores del Registro Nacional de las Persona.
“En donde tenemos que evacuar algunos aspectos, y vamos a reunirnos con grupo de la sociedad civil, con el propio sindicato y con otros sectores, es por cuánto tiempo será la intervención y quiénes serán los interventores. En lo que si hemos coincidido es que todos los interventores deben tener un perfil técnico, un perfil no partidario, un perfil de capacidad, de experiencia, y que lleguen a hacer una reestructuración, una reingeniería total del RNP”, dijo Callejas.
Respaldo Sociedad Civil
En escena han entrado los que se denominan representantes de la llamada Sociedad Civil que, mediante un comunicado, plantearon su postura ante la iniciativa de intervenir el Registro.
“Los problemas identificados en el Registro Nacional de las Personas, la falta de confianza y credibilidad y otros señalamientos que demeritan y exhiben la vulnerabilidad de esta institución es el resultado del estilo de gestión de la conducción donde se prioriza el tema político electoral, prácticas vigentes desde la creación de esta institución, y no los intereses de la ciudadanía”, dijo la ex rectora de la Unah, y ahora representante de Sociedad Civil, Julieta Castellanos.
Carlos Hernández de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, manifestó que es inaceptable que el Registro Nacional de las Personas haya sido administrado como un botín político y ser repartido entre los partidos que han pactado para cooptar e instrumentalizar. “Esta situación ha afectado a un sinnúmero de ciudadanos hondureños y beneficiado a gran cantidad de grupos criminales que se han aprovechado de esta patética situación para falsificar y hacer uso ilícito del documento registrado”, dijo Hernández.
Insertar audio Sociedad Civil
La ex Rectora, Julieta Castellanos, sostiene que resolver la problemática va más allá de un proceso de tecnificar o de cambiar las personas que dirigen el RNP. “Una intervención debe aspirar a una reforma profunda donde la entidad registral trascienda de una institución capturada por los partidos políticos a una institución del Estado al servicio de la sociedad”, aseguró Castellanos.
La intervención de RNP debe ser un acuerdo que incluya reformas electorales, sostiene el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y líder del Partido Liberal, Enrique Ortéz Sequeira, quien afirma que la propuesta de intervención del Registro puede ser un arma de doble filo ya que está manipulada al ser dirigida por el partido Nacional.
“Todo lo que hace el Partido Nacional se mal interpreta aunque tenga un buen fondo, presume una movida política, entonces si no quieren que haya ese tipo de presunción hay que socializar este tema con las principales fuerzas políticas, y las principales fuerzas son tres: el Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional”, señaló Ortéz Sequeira.
Empresarios a favor
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, Armando Urtecho, manifiesta que ellos apoyarían una intervención siempre y cuando vaya en el camino a la despolitización del Registro.
“Es cierto que el Registro Nacional de las Personas ha seleccionado políticamente sus delegados, pero la constitución de la República establece que debe ser un órgano técnico al servicio de la ciudadanía y del Estado, entonces no debe ser utilizado para dar trabajo a los activistas de los partidos”, dijo Urtecho.
Para lograr ese propósito, los empresarios piden el nombramiento de personas que no sean militantes o activistas de ninguno de los partidos políticos existentes en el país.
“Estamos pidiendo que las personas que sean seleccionadas sean no activistas, personas ligadas a los partidos de manera directa, obviamente todos los hondureños tienen alguna participación o algún sentimiento por algún partido, pero eso no debe ser requisito para el nombramiento de los posibles interventores en el Registro Nacional de las Personas”, señaló el representante de los empresarios hondureños.
“Ojalá que no vaya hacer una simple estrategia política para sacar un beneficio particular porque se le va a “ahumar el ayote” al Partido Nacional”, dijo el dirigente del Partido Liberal, Enrique Ortéz Sequeira.
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