Se cumplen dos semanas entre paros y las treguas de los transportistas hacia la administración nacionalista. Durante esos días, los dirigentes del Consejo Nacional del Transporte han mantenido la postura, que a muchos sorprende ya que a lo largo de la historia sólo han buscado su beneficio, de rebajar 23 lempiras al precio por el galón de combustible en bomba, es decir para toda la ciudadanía.
Los transportistas, entre ellos el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), Víctor Aguilar, asegura que quieren un “beneficio para el que compra arroz, frijoles y azúcar, estamos firmes, no queremos un aumento al pasaje”.
A través de la dirección del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre –IHTT-, la administración nacionalista ofreció a los conductores de taxis y buses un descuento mensual de 900 y 2,500 lempiras, respectivamente, por consumo de combustible.
Lo anterior equivale a un beneficio anual de 205 millones de lempiras en ahorro para el sector de taxi y un beneficio anual de 315 millones de lempiras para el sector de buses urbanos.
Jorge Lanza, vocero del Consejo Nacional del Transporte, dijo que el “gobierno no tiene ni para pagarnos algo que nos debe hace más de siete años, a los taxistas le deben un bono hace 10 años y no digamos para los conductores”, al conocer la propuesta gubernamental.
Por su parte, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, asegura que de aceptarse la propuesta de bajar 23 lempiras al precio del galón por combustible, retrocedería el crecimiento económico proyectado para este año y el próximo.
Cerrato afirma que la propuesta del Consejo Nacional del Transporte tendría un impacto en las finanzas públicas de unos 8 mil 600 millones de lempiras.
Las propuestas y negociaciones van y vienen. Sin embargo, para el investigador y economista del Foro Social para Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, la administración pública está en la capacidad de poder reducir el impuesto por combustibles, puesto que no es el único gravamen que existe en las finanzas hondureñas.
“Los impuestos no sólo son para recaudar, son herramientas de la política fiscal para ajustar la economía y el objetivo de los impuestos es regular la renta de los hogares, es decir, darle liquidez si usted está en una crisis, entonces esa es la lucha legítima que tiene el sector transporte”, explica Zepeda, asegurando que si se reduce el impuesto al precio de los combustibles los hogares tendrán mayor poder adquisitivo para comprar y consumir.
Zepeda agrega que uno de los pasos para lograr la reducción del impuesto al precio de los combustibles es la eliminación de las exoneraciones fiscales, que según el último informe del Fondo Monetario Internacional –FMI-, ascienden a 36 mil millones de lempiras.
“No sólo es cuestión de ingresos es cuestión de gastos, cómo es posible que en menos de 8 años la Secretaría de Defensa se haya triplicado el presupuesto, andaba en 2,500 millones de lempiras en 2010 y para el 2018 tiene más de 7 mil millones”, critica Zepeda ante la propuesta nacionalista de entregar bonos al sector transporte y crear una mesa de diálogo fiscal.
La administración nacionalista, a cargo del presidente Juan Orlando Hernández, ofrece bonos o compra de voluntades frente a una realidad de país en la que, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, el 57% de hondureños y hondureñas que trabajan por su propia cuenta están en pobreza extrema.
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