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Este viernes 27 de julio, un tribunal hondureño celebró una audiencia para decidir qué pruebas se utilizarán en el juicio de los primeros ocho hombres acusados del asesinato de Berta Cáceres. Esta audiencia clave dará forma al ensayo e impactará significativamente en su resultado.
Sin embargo, hasta la fecha, la fiscalía se ha negado reiteradamente a cumplir con las órdenes judiciales de entregar una gran cantidad de pruebas tanto a los abogados de los hijos de Berta como a los abogados defensores. Esto equivale a desacato al tribunal.
Al menos cinco veces en la fase previa al juicio, las audiencias se suspendieron porque el fiscal no había entregado la información necesaria.
Es extremadamente alarmante que la audiencia para determinar qué pruebas se utilizarán en el juicio pueda tener lugar sin que el Ministerio Público haya presentado pruebas importantes.
La evidencia que el Ministerio Público se ha negado a proporcionar incluye:
- Evidencia incautada durante el allanamiento de la oficina de DESA, incluido el requisamiento de computadoras, tablets, y otros dispositivos de almacenamiento electrónico.
- Evidencia incautada durante el allanamiento de la casa del Mayor del Ejército Mariano Díaz, que incluye extracciones de información en una computadora, discos duros y otros dispositivos electrónicos.
- Evidencia incautada durante las redadas de otros lugares asociados con los acusados.
Además, la información de la mayoría de los teléfonos celulares incautados por el Ministerio Público, incluido el teléfono celular del Mayor del Ejército Mariano Díaz, nunca se ha proporcionado en el reclamo de que no se puede extraer.
La retención de información significativa fomenta la impunidad de los autores intelectuales y la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres y viola el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
También viola los derechos de los acusados de preparar y presentar una defensa, creando las bases para que los acusados apelen una condena al reclamar la violación del debido proceso.
Esta táctica se ha utilizado en otros lugares para fomentar la impunidad de crímenes políticamente motivados y de alto perfil.
El tribunal de primera instancia debe decidir este viernes si celebrar la audiencia y proceder al juicio con tanta información negada a las víctimas y los abogados defensores o si declarar al Ministerio Público en desacato al tribunal y suspender la audiencia hasta que se proporcione la información.
Además, existe la preocupación de que el tribunal pueda limitar la evidencia permitida para ser utilizada en el juicio a un examen de los hechos del 2 de marzo de 2016, el día en que Berta fue asesinada.
Es importante que el juicio considere la persecución sistemática que enfrentó Berta Cáceres en su papel de líder del movimiento social y defensora de los derechos humanos.
La violencia sistemática, las amenazas y las agresiones contra los miembros de Berta y COPINH que se oponían a la represa de Agua Zarca apuntan a una estructura criminal en la cual aquellos que enfrentan este juicio son los actores de un nivel más bajo.
Es importante que los abogados de la familia de Berta puedan presentar pruebas, incluido el análisis de testigos expertos del contexto en el que ocurrió el asesinato de Berta y la naturaleza sistemática de las amenazas y agresiones que ella y COPINH enfrentaron.
Según el análisis de un grupo internacional de expertos (GAIPE), la porción de evidencia que se dispone apunta a autores intelectuales que aún no han sido acusados. Por lo mismo, es importante que toda la evidencia se proporcione a los equipos legales y que la investigación del asesinato de Berta no se detenga con los que actualmente enfrentan cargos; todos los autores intelectuales deben ser identificados.
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