En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Honduras, las organizaciones firmantes reiteramos que en este país existe una grave crisis de derechos humanos que afecta a la mayoría de la población, en particular a los sectores históricamente excluidos como las mujeres, las niñas y niños, los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas, migrantes, personas LGBTI, y privados de libertad.
En los últimos años, el Poder Ejecutivo hondureño, presidido por Juan Orlando Hernández ha promovido decisiones para aumentar la concentración de poder en su persona y así controlar instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
Recordamos que una de las mayores apuestas del gobierno actual ha sido la militarización de la seguridad ciudadana, lo que ha tenido graves consecuencias en el ejercicio del derecho a la manifestación y reunión, haciéndolo prácticamente nulo. A la vez, se ha militarizado el sistema penitenciario, e inclusive se ha fomentado la influencia militar en las escuelas, por ejemplo, a través del programa “Guardianes de la Patria”.
La militarización fue evidente en el marco de la crisis post electoral, cuando el gobierno desplegó una estrategia de represión que ocasionó 38 asesinatos, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas. Como es usual, el Poder Judicial actuó rápidamente para castigar a los manifestantes, pero no así para investigar las muertes violentas y las centenas de personas heridas.
Más recientemente, resulta preocupante la reelección del fiscal general Oscar Chinchilla sin haber respetado estándares mínimos para este tipo de procesos. Durante su anterior gestión, el señor Chinchilla se caracterizó por mantener la impunidad respecto de las violaciones de derechos humanos.
Respecto de los y las defensoras de derechos humanos, Honduras no cuenta con una política pública que les proteja integralmente, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mecanismo actual es un avance, pero tiene debilidades que deben ser superadas.
En resumen, la CIDH encuentra un país que no cuenta con una institucionalidad capaz de proteger a su población en medio de un contexto de violencia y represión.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana lo siguiente:
+ Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones que fueran dadas a Honduras en el informe de país del año 2015, y las que brinde la Comisión en futuros informes.
+ Exhortar al Estado a cumplir con las recomendaciones que han sido dadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe sobre la crisis así como facilitar las condiciones para que esta oficina pueda cumplir con su mandato.
+ Recomendar la creación de un equipo de investigación independiente que coadyuve al Ministerio Público en la investigación de las violaciones de derechos humanos producto de la crisis post electoral, particularmente la desaparición forzada, los asesinatos y los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
+ Solicitar la creación una mesa de trabajo con el Ministerio Público que permita analizar la situación de las personas que han sido criminalizadas en el contexto de la crisis postelectoral, y avanzar hacia la liberación de los presos políticos.
+ Recomendar la elaboración de un plan de prevención de las violaciones de derechos humanos, con la participación de la sociedad civil, de manera que se obligue a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y la Policía Nacional Civil, a acatar las recomendaciones que ahí se establezcan relacionadas con la prohibición del uso excesivo de la fuerza.
En general, las organizaciones solicitamos que se pida a Honduras acatar las recomendaciones que han sido dadas por la OACNUDH y por la CIDH en diversos informes, por ejemplo, evitar que los militares participen en labores de seguridad ciudadana; derogar la ley de secretos oficiales; modificar la tipificación del delito de terrorismo y de asociación ilícita; despenalizar el aborto terapéutico; prevenir, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres así como los crímenes de odio contra personas LGBTI; garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada; garantizar la independencia judicial, y cualquier otra reforma que sea necesaria para asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación alguna.
Sin derechos humanos respetados y garantizados sin discriminación alguna, no es posible tener una democracia.
Organizaciones firmantes:
Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza de Honduras
Cáritas San Pedro Sula
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Front Line Defenders
Grupo de Información sobre América Latina (IGLA)
Grupo Sociedad Civil (GSC)
Guatemala Human Rights Commission USA (GHRC-USA)
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos
Just Associates (JASS)
Kindernothilfe
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Plataforma Internacional contra la Impunidad
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