Por Sandra Rodríguez
Tomás García fue liberado en juicio oral y público, Abel Pérez y Santos Hernández condenados.
La Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), ha emitido una alerta ante la criminalización contra pobladores de Puerto Sierra, acusados supuestamente por el delito de daños en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva.
Jacinto Hernández Cruz, María veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores y Yessica Cruz, tienen orden de captura por lo que peligra su integridad, denunció la dirigencia del ADEPZA, en Puerto Grande, Amapala, Valle, ayer 17 de agosto.
El y las campesinas han habitado en las tierras de la comunidad Puerto Sierra, junto a Playa Blanca, las cuales atraviesa un gran muro de piedra construido por orden del terrateniente, que en el 2015 denunció a Tomás García, Abel Pérez y Santos Hernández. Los dos últimos estuvieron 101 días en la granja penal de Nacaome, Valle, en un proceso que al final fueron declarados culpables por los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Cassis, en la comunidad de Playa Blanca donde habían habilitado para la semana santa un parqueo comunal.
A lo largo de 18 años de lucha que se mantiene en Zacate Grande por la defensa del territorio, la ADEPZA registra más de 70 criminalizados y criminalizadas, algunos de ellos mantienen procesos pendientes por la defensa del territorio donde está instalada al radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande” y el Campamento de Observación de Derechos Humanos, en la comunidad de Puerto Grande.
Entre las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por militares, policías y guardias de seguridad privada, hay desalojos violentos y expropiaciones de familias que por generaciones han habitado en las playas, que ahora son privadas.
La persecución contra los y las defensoras ha llegado al límite de retirarse por lapsos de tiempo de la lucha o migrar de la zona y hasta del país, como sucedió con el defensor y comunicador social Miguel Vásquez.
Los desplazamientos forzados son descritos por el líder social Pedro Canales, como momentos difíciles, siendo testigo del despojo de la tierra, casa y playa contra la familia Hernández- Manzanares, de parte de la familia Gutiérrez. Ahora la playa Celso, se llama “Villa Lena”, como la ex vicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez, detalló en entrevistas previas.
ADEPZA puso en funcionamiento en el año 2010 la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, y desde ese momento fueron criminalizados los y las comunicadoras sociales. Ochos años después continúan pendientes de un juicio los defensores de derechos humanos Danilo Osorio, Wilmer Rivera y Pedro Canales, porque se opusieron al arrebato de la tierra en Puerto Grande.
Los y las comunicadoras sociales temen que la continúen las persecuciones y que en algún momento les afecte directamente a ellos y ellas, por lo que están en constantes formaciones en temas de DDHH, parte de los conocimientos ha sido facilitado a través del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFAEDEH) que desde el 2012 tiene presencia con la conformación de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR), que entre sus integrantes hay defensores de ADEPZA como Abel Pérez, Danilo Corrales, Allan Torres, Vivian Corrales y Ethels Corea, además comunicadores de la Radio.
Para dar acompañamiento a los y las compañeras perseguidas judicialmente, pobladores y miembros de ADEPZA se movilizan a diferentes zonas de Valle y Choluteca, y esa facilidad de locomoción se ha facilitado en los últimos meses gracias al apoyo recibido para fortalecimiento de la radio comunitaria y la organización, mediante un fondo en cascada al que optaron en el marco del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para cos y para tu voz” que ejecuta el COFADEH, con el apoyo de la agencia de cooperación internacional Diakonía y la Unión Europea.
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