Al finalizar su visita oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- señaló que recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas en Honduras.
Lo anterior evidencia una visión del Estado sobre las protestas como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad, es decir que se privilegia la represión frente al diálogo, dijo Joel Hernández, relator para Honduras de la CIDH, la referirse a la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017.
“Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, en la represión también participaron las Fuerzas Armadas; la respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 22 personas asesinadas; cientos de personas resultaron heridas y más de mil personas fueron detenidas”, indicó la CIDH en su informe preliminar.
En ese sentido, María Soledad Pazo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras –OACNUDH-, comentó que hasta la fecha “no ha habido ningún tipo de requerimiento fiscal hacia ningún oficial que haya intervenido en el uso excesivo de la fuerza, entendemos que, según la información oficial hay investigaciones, pero no se sabe nada”.
La CIDH advirtió que dará seguimiento a las investigaciones por las muertes ocurridas, los malos tratos durante el arresto y detención de personas por parte de la Policía Militar y de la Policía Nacional en el contexto de la crisis post electoral.
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Libertad de expresión bajo amenazas
Cuando la CIDH desarrollaba su visita oficial, el gobierno de Juan Orlando Hernández mostraba su rostro represivo: el 1 de agosto, la estudiante y periodista del diario digital Conexihon.info, Gissel Grandez, fue agredida por policías quienes se abalanzaron para quitarle su máscara antigás, intentar arrestarla, mientras daba cobertura a una protesta de estudiantes universitarios contra el aumento al transporte público. Los policías rociaron gas en los pies de Grandez y le robaron su teléfono celular.
“La Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema”, se resalta en el informe.
Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, comenta que del proceso post electoral emerge la gran cantidad de “colegas periodistas” que fueron atacados, agredidos por las fuerzas policiales y que las investigaciones no se han hecho; en los días de la elección hubo presiones sobre los directores de medios, para incidir en lo que se estaba informando a la población.
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En relación a la nueva legislación que regirá los procesos penales en Honduras, la que incluye delitos como la apología del terrorismo, Lanza declaró a Radio Progreso que “el Congreso no nos dio demasiadas respuestas y estamos demandando que se haga público el Código Penal que se aprobó, es una parte inherente a la democracia que las leyes se conozcan”.
Para la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, ha sido importante que la CIDH en su informe preliminar haya incluido que la violencia contra la prensa “está entronizada en este gobierno”.
“La Comisión destacó algunos puntos importantes. El Estado va a destacar que vino la Comisión, que tiene apertura a estos organismos, pero en realidad tenemos una dictadura que no respeta derechos humanos y es necesario que vayamos pensando como defensores y defensoras, cómo organizarnos para un juicio internacional contra Juan Orlando Hernández”, analizó Meza.
Discriminación estructural contra las mujeres
El machismo y los estereotipos de género arraigados en la sociedad hondureña incrementan la situación de riesgo de las mujeres y les impide el completo ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia, reiteró la CIDH, tras referirse que los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad.
Yessica Trinidad, feminista y coordinadora de la Red Nacional de Defensoras, considera que las conclusiones de la Comisión no “distan mucho de las denuncias que como organizaciones defensoras de derechos humanos en el país hemos hecho”.
Agrega que es importante que organismos como la Comisión Interamericana puedan recordarle al Estado hondureño los altos niveles de impunidad en los femicidios. Trinidad dice que es “importante que estos organismos vengan al país, que verifiquen las denuncias y que sepan que vivimos en una dictadura, que estamos viviendo en un Estado que se mantiene en el poder a punta de violencia contra la población en general, pero específicamente contra las mujeres que están defendiendo el derechos a defender”.
Sistema penitenciario militarizado
Desde su anuncio de creación y puesta en marcha, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que las cárceles de máxima seguridad, llamadas Pozos, contravienen el derecho a un proceso de reinserción en condiciones dignas de las personas privadas de libertad. El régimen nacionalista no acepta dichos señalamientos y considera que son acciones para desprestigiar a Honduras.
La Comisión dijo “ese tipo de cárceles y aplicación de regímenes de máxima seguridad privilegian el modelo de seguridad sobre uno que se basa en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familias”.
Además, advirtió que “a pesar de que la normativa en la materia prohíbe la presencia militar en el sistema penitenciario, y de que el Estado había informado sobre la transición de la función penitenciaria a una institucionalidad civil, se presenta un notable involucramiento de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario”.
Claudia Ferrari, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, denunció las pésimas condiciones de ese sector de la población “que no cuenta ni con papel higiénico y jabón para uso personal”, apunta que es un error la presencia de militares en los centros penales, ya que no cuentan con formación penitenciaria: “la academia penitenciaria debe ser fortalecida porque en tres meses usted no puede capacitar a un custodio”.
Mecanismo de seguimiento
Dentro de las 25 recomendaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resalta el fortalecimiento de las capacidades de la Policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos; asimismo, asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
En ese sentido, Ana Pineda, ex secretaria de derechos humanos, comenta que al final serán las propias autoridades gubernamentales las que evidenciarán si tienen o no tienen la voluntad política para efectuar el mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH y verificar la implementación de las recomendaciones emitidas.
“Yo esperaría que por el bien de nuestro país exista la debida voluntad política y que nos ocupemos de implementar estas recomendaciones que no es nada difícil poderlas lograr”, agrega Pineda.
La Comisionada Esmeralda Arosemena, presidenta en funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que la liberta de expresión es el aseguramiento de la democracia.
“La fuerza ciudadana determina a los políticos lo que la ciudadanía quiere, pero tiene que ser una sociedad organizada, una sociedad comprometida, una sociedad que tiene conciencia de grupo”, afirmó Arosemena al ser consultada cómo se logrará el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión al Estado hondureño.
La CIDH plasmó en su informe preliminar que el Estado de Honduras debe garantizar una auténtica separación de poderes y fortalecimiento del Estado de Derecho, para exista un pleno disfrute de los derechos humanos.
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