La bancada del partido Libertad y Refundación (LibRe) presentó un proyecto de decreto para otorgar amnistía a las personas detenidas y procesadas por protestar contra el fraude electoral de noviembre pasado y contra el régimen de Juan Orlando Hernández.
Después del 27 de noviembre de 2017 miles de ciudadanos en todo el territorio nacional se movilizaron pacíficamente en protesta por el fraude electoral denunciado ante las autoridades competentes y reconocidas por varias organizaciones a nivel nacional e internacionales.
Durante las acciones de protestas decenas de ciudadanos fueron detenidos o retenidas por la fuerza de seguridad del estado, principalmente por la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) y llevados a centros de detención y posteriormente puesta a las órdenes de los juzgados competente.
Las acciones de protesta fueron producto de las múltiples irregularidades, inconsistencias y fallas sistémicas ocurridas antes, durante y después del proceso electoral, detonando así una crisis política-electoral.
En Honduras 22 personas fueron privadas de libertad por participar en las protestas post electoral del pasado 26 de noviembre, las cuales fueron recluidas en cuatro cárceles del país, dos de máxima seguridad como son La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Así como en el centro penal de Tela y en el de El Progreso.
Además un compatriota tuvo que abandonar el país por la persecución penal en su contra, teniendo que exiliarse en Costa Rica, después de permanecer cerca de un mes privado de libertad.
De acuerdo a la documentación el compatriota Eduardo Urbina abandonó el país el 10 de diciembre, luego que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) realizara las gestiones para que se pudiera marchar porque su vida estaba en peligro, pero el Gobierno, pese a tener toda la información de su salida, lo acusa de haber incendiado un camión militar el día 15 de diciembre.
De las 22 personas, 17 cobraron su libertad para defenderse en esa condición luego que se realizara audiencia de revisión de medidas, pero cinco aún permanecen privados de libertad. Dos están recluidos en La Tolva; uno en El Pozo y dos en el Centro Penal de El Progreso.
El proyecto de decreto presentado el jueves por el diputado por Francisco Morazán, Juan Barahona, establece que se le “conceda amplia e incondicional amnistía a todas las personas procesadas, con auto de formal procesamiento, en investigación sin judicialización o en cualquier etapa de la misma, en cualquier Juzgado o Tribunal de la Republica, por Delitos Políticos y Comunes”.
Los delitos que señala el proyecto están comprendidos en Título VII, Capítulo I, IV, IX y X; Título X; Título XII, Capítulo I, II, III, V, VI y VII del Código Penal vigente, siempre que sean conexos con Delitos Políticos, cometidos con anterioridad a la vigencia del presente Decreto y cuyas causas se encuentren en cualquiera de las etapas del proceso penal.
Asimismo señala el proyecto de decreto en otro de sus artículos que “los Jueces y Tribunales decretaran de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes, la inmediata libertad de todas las personas procesadas por los delitos a que se refieren el artículo precedente y declararan los sobreseimientos definitivos en los casos que procedan, de conformidad con este Decreto”.
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