En Honduras se encarcelaron y judicializaron a más de 20 personas por haber ejercido, según ellas, su derecho a protestar en contra de lo que consideran fraude electoral. Lourdes Gómez, Melvin Chávez y Francisco Gómez, presos durante 4 meses y 8 días en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, en Ilama y la prisión de Tela, Atlántida. Salieron en libertad condicionada, pero enfrentan un proceso judicial que podría ponerlos nuevamente tras las rejas.
Como todas las mañanas, el domingo 27 de noviembre de 2016, Lourdes abrió resueltamente su negocio de venta de bebidas alcohólicas, ubicada en el municipio de Pimienta, Cortés, en la zona norte de Honduras. Tan pronto abrió la puerta unos clientes conocidos la esperaban para comprar bebidas para una fiesta de cumpleaños. “Comencé con pie derecho el domingo”, pensó entonces Lourdes. Pero no podría saber hasta mucho después que aquel aparente inicio de suerte incubaba angustias y tiempos difíciles para su vida personal y familiar.
Lourdes llevaba para entonces tres años de tener su negocio, ubicado en el centro del poblado, justamente a dos cuadras de la posta policial. No dudó en llamar a su negocio “Los amigos de Hojas”, por dos sencillas razones: una, porque a su compañero de vida, Melvin Gómez, nadie salvo su familia lo conocía por su nombre de pila, sino por el popular apodo de “Hojas”; dos, porque el negocio era del esfuerzo de los dos, él había puesto el dinero para abrirlo, y ella lo sostenía.
Su negocio era muy visitado. Llegaba gente de toda la localidad, el horario de apertura era de nueve de la mañana a diez de la noche, la cantidad de personas que visitaba el lugar llamaba la atención, tanto de los consumidores como de las autoridades, y no es para menos, sólo el estigma de tener un expendio de bebidas ya genera prejuicios en una sociedad en donde el consumo de bebidas alcohólicas suele estar asociada a violencia machista.
Honduras es un país violento, con índices escandalosos, en el 2016 la cifra de homicidios según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, indicaba que a diario eran asesinadas violentamente un aproximado de 19 a 20 personas, con mayor incidencia los fines de semana. Estos datos impulsaron al gobierno a través de la Secretaría de Seguridad a decretar la disposición de prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante horas nocturnas del domingo en varias ciudades del país. Pimienta era parte de esa nómina.
“Hubo una fiesta el domingo 27 de noviembre del 2016, a mi me fueron a dar un producto, eran 32 cajas de cerveza, ese día llegó gente de la Policía a decomisar el producto, el muchacho que me compra la bebida, me pagó la mitad del producto, yo fui a la posta a reclamar las botellas y cuando yo llego allá, el oficial me dice que soy parte de los mareros. Entonces, de ahí para allá el jefe policial empezó a hostigarme y a decirme que yo era parte de la mara”, dijo Lourdes.
Ese día comenzó todo. La Policía Preventiva a cargo del subinspector Praxedes Mejía comenzó una persecución sistemática contra Lourdes y su negocio bajo el argumento de que en ese establecimiento llegaban integrantes de maras y pandillas.
Faltaba un año para las elecciones generales, Lourdes y familia perdían la esperanza en un país sin oportunidades, un país dirigido por políticos que lo hunden día a día. En el 2016 la discusión política era orientada a la aprobación de reformas electorales, la reelección ya estaba vigente, y la polémica alrededor de ella no llegó más allá de una oposición de discurso.
Durante todo ese año la relación entre Lourdes y la Policía se complicó. Durante los 365 días los uniformados hicieron varios allanamientos en el establecimiento. Al argumento de que ahí se juntaban mareros se unió que también era un puesto de venta de drogas. “Nunca pudieron comprobar nada, fueron muchos los allanamientos, la verdad eso se convirtió en persecución”, recordó Lourdes.
“En Pimienta lo que hay es una persecución a pandillas, y como el pueblo es pequeño creen que todos los que vivimos acá o estamos involucrados o cubrimos a quienes sí lo están, y a raíz de eso y como mi negocio era bastante visitado el señor policía (Praxedes Mejía) se fue enfocando a que yo sabía algo de las personas que pertenecen a grupos, y yo le decía a él que no sabía nada, si me encontraba en la calle me decía que le diera información y yo le contestaba que no sabía nada”.
Entre marzo y abril de 2017 hubo cateos en Pimienta, en casa de Lourdes hubo uno: “solo nos dijeron que era un allanamiento de rutina, me rodearon mi casa y como no encontraron nada se fueron, y cuando el policía me miraba me decía que me investigaba y que mi negocio era de los mareros, desde ahí sentí que era algo personal”.
Lourdes Johana Gómez, su esposo Melvin Gómez y su hermano Francisco Miguel Gómez, son una familia de escasos recursos económicos, pero con tendencia política definida. Lourdes y Melvin apoyaron abiertamente la candidatura de la Alianza de Oposición, encabezada por Salvador Nasralla; su hermano Francisco cuenta que Pimienta es un pueblo nacionalista, y eso les generó rechazo de algunas personas.
El ambiente electoral era tenso en Honduras, la mañana del domingo 26 de noviembre de 2017, miles de personas acudieron a los centros de votación a ejercer el sufragio, algunos apostándole a un cambio y otros cumpliendo su parte del trato, luego de recibir una canasta solidaria y una cifra específica de dinero a cuenta de su voto.
Lourdes y Melvin se levantaron temprano, ambos tuvieron que viajar para votar, Lourdes se dirigió a Villanueva y Melvin a San Pedro Sula, ambos abiertamente dicen que votaron por Nasralla. “Queríamos un cambio, Juan Orlando está llevando el país al caos, y nosotros no queríamos seguir en lo mismo”, recordó Lourdes.
“Nosotros incluso nos acostamos hasta la madrugada cuando dieron el resultado, nosotros alegres y no lo podíamos creer que dieran a Nasralla como ganador. También teníamos dudas porque se miraba que había malicia con el conteo, parecía que había algo extraño, pero cuando dieron la noticia que Salvador había ganado, nos acostamos alegres”.
Como decenas de miles de votantes hondureños, Lourdes nunca esperó que la tendencia se modificara. Pero la cosa fue cambiando, las sospechas de Lourdes se hicieron realidad y unos días después el resultado fueron otros, por primera vez en la historia una tendencia de ese tipo cambió, e incluso contra cualquier pronóstico matemático posible. Esto dejaba en evidencia que las elecciones al estilo Honduras se habían desarrollado una vez más.
Pimienta es un pueblo conservador, con una alcaldía dirigida por varios periodos por el nacionalista Raúl Ugarte, tanto Ugarte como la población conservadora de Pimienta, vieron con recelo y preocupación las acciones de protestas desencadenadas por la situación electoral.
El municipio explotó, la gente salió desde sus casas a movilizarse y a tomarse la calle a la altura del sector mejor conocido como “La Champona”. Casi dos semanas duraron las tomas. Como en otras ciudades del país, la gente se organizaba en turnos, unos iban por la mañana, otros por la tarde y noche. Lourdes y familia aseguraban que siempre fueron en el día, a veces les llevaban comida a las personas que les tocaba estar en turno.
Lourdes es muy conocida, incluso por el alcalde, ella cuenta que al momento de las protestas la gente gritaba que quería quemar la posta, ellos intentaban decirle a la gente que el problema no era con la gente de su municipio, sino que con Juan Orlando.
Ante esos rumores, el alcalde llamó por teléfono a Lourdes, tal y como lo habían manifestado, ella y su familia eran tachados como “ñangaras”, y por eso el alcalde se comunicó para preguntarle si era cierto que iban a quemar la posta.
Lourdes comenta que le dijo que creía que sí, que la gente estaba muy molesta y que era lo que decían que harían a pesar que muchos se oponían a eso. La toma se extendió y la noche del 20 de diciembre hubo movimientos extraños, Lourdes relata que esa tarde a eso de las 7pm llegaron personas encapuchadas provenientes del sector de Potrerillos y se bajaron en La Champona. “Tenían armas, estaban encapuchados, nadie en el sector los conocía, al ver eso nos fuimos con mi esposo y hermano para la casa, yo les dije que eso se podía poner feo y que mejor nos fuéramos”.
“Nosotros llegamos a la casa, comimos y luego pasó la bulla que todo mundo gritaba que estaban quemando la posta, esa noche permanecimos juntos cuando la estaban quemando, nosotros estábamos con los vecinos, hay testigos que nosotros no fuimos como se nos acusa.Mi esposo y hermano platicaban con unos vecinos, yo con unas amigas, todos en la esquina sin ser partícipe de eso, a nosotros nos capturan el 26 de diciembre y en esos seis días antes de la captura a nosotros nos querían echar el problema”.
Además de la quema de la posta, el siguiente día, el 21 de diciembre, algunos manifestantes golpearon a varios policías del sector, ambas situaciones profundizaron la persecución contra las personas que participaron en protestas, sin importar que tuvieran responsabilidad o no en ambos delitos.
Lourdes de inmediato buscó a las autoridades policiales para aclarar el asunto, para decirle que ellos no tenían nada que ver, que incluso había testigos que estuvieron con ellos cuando quemaron la posta, ella intentó aclarar la situación para evitar malos entendidos.
“Yo lo llame a Mejía y él me dijo que sí hablaríamos, pero que afuera de Pimienta, y me dijo váyase a Villanueva y busque un lugar donde nadie la mire, entonces me dijo que fuera sola, cuando estaba atrás de la municipalidad lo llamé y le dije que allí estaba y me fue a recoger”.
Lourdes relata que cuando subió a la patrulla iba llena de militares, ella se subió en la parte de atrás y le pusieron un pasamontaña, la llevaron al sector de La Barca, en la carretera que conduce a Tegucigalpa, luego la interrogó.
“Me dijo usted sabe que está metida en un grave problema, él me dijo que ya sabía quiénes habían quemado la posta, y que yo sabía. Me dijo hablemos al grano, yo lo que quiero es que usted me sirva de testigo protegida, yo le dije yo no sé nada, usted conoce a todo Pimienta, usted debe saber y yo le dije que no. En todo el trayecto me dijo que si usted colabora conmigo la voy a dejar en paz, sacó el teléfono e identificó supuestamente a las personas que quemaron la posta y golpearon a los policías y entones le pregunté que por qué si sabía quiénes fueron porque me buscaba a mí, y me dijo, yo quiero que colabore y la dejo en paz, sino entonces tendrá problemas”.
Lourdes bajó de la patrulla, con el presentimiento que la situación contra ella se complicaría.
El abogado Tomas Andrade, integrante de la Coalición contra la Impunidad, se convirtió en uno de los defensores más activos de la zona norte. Él relató que las autoridades policiales, militares y Ministerio Público se organizan para capturar, contratar o pactar con testigos protegidos falsos y luego presentar requerimientos, Andrade calificó de repudiable este accionar para perseguir a quienes no estén de acuerdo con el fraude.
A nivel nacional, Honduras vivió jornadas tensas de manifestaciones, bloqueos de carreteras en la zona sur, norte, occidente y oriente, la población estaba molesta, la cúpula política y empresarial se imponían por encima de la voluntad popular, una voluntad expresada en las urnas.
La gente se daba cuenta que en el país ellos no ponen presidentes, lo ponen los empresarios, los que tienen poder y el gobierno de Estados Unidos, a pesar de eso, la población se jugó la última carta que le quedaba, la protesta de calle a través de tomas de carreteras.
Hasta ese momento, el gobierno dirigido por Juan Orlando Hernández había ordenado un estado de sitio por el impacto de las protestas, la Policía Militar capturó sólo durante el toque de queda a más de mil personas a nivel nacional, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El principal argumento de las fuerzas policiales y militares es que las capturas eran contra personas que saqueaban o quemaban negocios, y en algunos casos postas policiales. La quema de postas ocurrió en varios municipios: Villanueva, El Progreso, Pimienta, entre otros.
Las detenciones a criterio del abogado Tomás Andrade eran en algunos casos ilegales, recuerda la captura de 33 personas en San Pedro Sula, por suponerlos responsables de saqueo, ellos permanecieron casi una semana recluidos en El Pozo (centro de máxima seguridad, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, en el occidente hondureño), luego de la audiencia inicial lograron ponerlos en libertad bajo medidas por falta de pruebas de la parte acusadora, pero sus procesos continúan todavía.
Ese era el ambiente represivo, Lourdes lo veía en la televisión, los titulares de los medios se llenaban de las capturas de manifestantes y no de la violación a derechos humanos, Lourdes veía en el televisor un escenario que podría sucederle a ella.
Esa semana fue así, con la influencia mediática calentándole el oído, y la preocupación de lo que estaba por ocurrir en su municipio. La navidad llegó, en la semana del 24 de diciembre la Alianza de Oposición convocó a una conferencia de prensa, en la que pidió a los manifestantes que soltaran las tomas para disfrutar en familia de la navidad, ese repliegue fue muy bien aprovechado por las autoridades policiales.
Ni cortos ni perezosos, las capturas y procedimientos judiciales se implementaron con toda la fuerza del Estado, los allanamientos se desarrollaban en todas las regiones donde hubo actividad de protestas.
La noche buena pasó, Lourdes compartió con su familia, el día 25 de diciembre madrugó y abrió como de costumbre su negocio a las nueve de la mañana, vendió durante toda la jornada,en la noche empezaron a verse movimientos extraños en Pimienta, después de las ocho se concentraron en la entrada varios carros con elementos policiales y militares, los vecinos de la zona murmuraban, pero Lourdes mantuvo la calma a pesar que en el fondo el temor se apoderaba de ella.
Se acostaron a dormir; Lourdes, Melvin, sus hijos, Francisco y su esposa vivían todos en la misma casa, en el mismo solar también estaba el negocio. Pasaron la noche, cuando llegó el frío amanecer.
Ese día el allanamiento no contó con una orden de captura, pero durante la acción los policías les decían que Lourdes y familia que eran distribuidores de droga, los uniformados buscaron por toda la casa y no encontraron nada, incluso a Lourdes le hallaron dinero que era de lo recaudado de la venta de la noche anterior, le preguntaron si ese dinero era de la venta de droga, al final el dinero fue incautado y nunca reportado por las autoridades policiales ante los juzgados competentes.
Al capturarlos, los subieron a las patrullas, los trasladaron a las oficinas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en San Pedro Sula, donde les tomaron fotos y los presentaron ante los medios como narcotraficantes, mareros y cabecillas de bandas de crimen organizado, los presentaron, así como Lourdes vio a otras personas en los medios días atrás y luego los acusaron directamente de quemar la posta y golpear a los policías de Pimienta. Junto a Lourdes, se detuvo a 14 personas más, entre ellos su esposo y hermano.
Las estaciones de policías estaban repletas de detenidos, personas que como Lourdes participaron en protestas y que fueron sometidos a procesos criminales, en Villanueva quemaron la posta, también hubo personas detenidas, entre ellos el regidor municipal Javier Rubí, quien estuvo detenido y luego puesto en libertad bajo medidas condicionales.
Lourdes presentía lo peor cuando los trasladaron a la primera estación policial de San Pedro Sula, la audiencia de declaración de imputado fue en horas de la madrugada y las acusaciones eran claras: incendio agravado, y por golpear a los policías de Pimienta, la juez decreta prisión preventiva e inmediato traslado a El Pozo.
Al conocer esa noticia Lourdes dice que el mundo se le vino abajo, pensó en el futuro de sus hijos, sin sus padres. El siguiente día fue difícil para ella, el traslado inició desde horas de la mañana, en la zona norte llovía fuerte, los 15 detenidos de Pimienta fueron subidos a un camión militar, todos iban encadenados de pies y manos, Lourdes iba con ellos.
El viaje fue eterno, así lo describieron ellos, la lluvia no paraba y las agresiones verbales y físicas de los militares eran una realidad, la situación empeoraba en la medida que los kilómetros avanzaban hacia la cárcel. Cuando llegaron a El Pozo, fueron recibidos de inmediato por el director del centro, un militar de alto rango de apellido Murillo.
Melvin dice que cuando el director Murillo los vio, dijo que los esperaba como agua de mayo, los insultó y les dijo que verían al diablo por haberse metido con el gobierno, asimismo Murillo ordenó que les raparan la cabeza y que los fueran a tirar a la celda de los mareros, para que los mataran.
Todo eso lo vio Lourdes, cuando lo cuenta Lourdes una mujer que corporalmente y mentalmente parece fuerte, se quiebra y llora. Con voz titubeante, manos temblorosas y una mirada llena de lágrimas lleva a su mente esos momentos tan difíciles para su vida, momentos que jamás olvidará.
Lourdes no podía ser encarcelada en El Pozo, porque la cárcel no está adaptada para mujeres, al final tuvieron que llevarla a un centro capacitado para eso, por lo tanto la movieron para el centro penal de Tela.
Cuatro meses de tortura e impunidad
Los 15 presos políticos de Pimienta fueron encarcelados en El Pozo, los primeros 16 días fueron más difíciles que el resto de los cuatro meses, el director del centro ordenó encerrarlos en las celdas de segregación, celdas especiales ubicadas en los módulos de máxima seguridad, donde no hay luz, no hay agua y el encierro es total.
Melvin y Francisco relatan que los encerraron en varias celdas de segregación, fueron llevados solo en pantalón, calzoneta y sin camisa, las torturas eran todos los días y noche, a pesar que por la oscuridad ellos no podían distinguir cuando era de día y cuando de noche.
Ellos relatan que los militares pasaban y les gritaban “cuál es la ruta” o les preguntaban si querían una llanta para quitarse el frío, asimismo aseguran que los militares golpeaban la bartolina.
El Pozo es un centro de concentración, así lo define el abogado Tomás Andrade, este recinto fue creado como un centro de máxima seguridad, dirigido a internos de máxima peligrosidad.
A Melvin, Francisco y 12 personas más los encerraron allí, los primeros 16 días finalizaron con el traslado a la audiencia inicial. Francisco recuerda que el día de la audiencia un militar dijo: “que apestan estos perros, hay que echarles agua al menos”.
La policía penitenciaria, que es minoría en este centro penal, los trasladó a los juzgados de San Pedro Sula, Melvin dice que los tiraron por la parte de atrás para que sus familiares no los miraran, la defensa legal de los presos políticos está a cargo del abogado y diputado de Libertad y Refundación, Libre, Samuel Madrid.
Francisco relata que cuando Samuel los vio les preguntó que por qué les habían cortado el pelo, ellos contestaron que los obligaron, Samuel sacó su teléfono y les tomó una foto, se peleó con los policías penitenciarios y lo denunció a las autoridades competentes.
La denuncia también fue tomada por las autoridades del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Conadeh, Wilfredo Castellanos, representante regional, dijo que esa es una grave violación a los derechos humanos, de inmediato, según Castellanos envió la denuncia y solicitó a las autoridades de El Pozo y del Instituto Nacional Penitenciario (INP), explicaciones de la acción.
“Nosotros tenemos una queja que levantamos porque nuestros investigadores estaban presentes cuando a los detenidos se les trajo de El Pozo a San Pedro Sula, y estas personas venían rapadas y es una cuestión que va contra los derechos humanos de las personas, no había razón por la cual se les podía rapar su cabello hicimos la investigación y vimos que solamente a ellos les raparon el cabello y se entrevistó al jefe del centro penal de Ilama, y dio una explicación que no nos convence”, dijo Castallanos.
Murillo, responsable de esa violación a los derechos de los presos políticos, dijo al Conadeh que le sorprendía que eso hubiera pasado, además manifestó que harían una investigación interna, la respuesta fue cínica al ver que él fue que ordenó tal procedimiento.
Wilfredo Castellanos, aseguró que el Conadeh documentó todas las denuncias de los acusados, ellos han trasladado los datos a las autoridades del INP, quienes hasta la fecha no han brindado una respuesta concreta al respecto.
Mientras esas denuncias están en papel en manos de las autoridades, el INP dice que la vida en estos centros penitenciarios es un paraíso, un paraíso marcado por buena alimentación, y respeto a los derechos humanos.
En teoría las cárceles de máxima seguridad deben ser administradas por policías penitenciarios y no por militares, la directora del INP, Rosa Irene Gudiel, dijo que estas cárceles están en manos de penitenciarios.
Gudiel lo dijo como lo hace a los demás medios, medios que no le cuestionan esa verdad, su verdad poco sostenible. Al consultarle a Gudiel sobre quién administra los centros, dijo que los penitenciarios, luego al preguntarle sobre cómo puede ser posible que estos centros estén en manos de penitenciarios si los dirigen los militares, ella manifestó que es un simple apoyo de los militares, pero que no son ellos quienes toman las decisiones.
Asimismo la directora del INP, aseguró que si tenía conocimiento de esa denuncia, que a lo interno del INP se está haciendo la investigación, en la entrevista no dio detalles de la misma, Rosa Irene estaba nerviosa, respondía con duda y poca certeza, se contradecía con sus declaraciones, y al final sostuvo su postura de compromiso con el respeto a derechos humanos en los centros penales.
La investigación parece ser de nombre, no hay nadie judicializado por violar los derechos humanos de los internos, ni por la precariedad a lo interno de este centro penal.
Mery Agurcia, integrante del Comité por la liberación de los presos políticos, dijo que este asunto de violaciones a derechos humanos dentro de los centros y sobre todo en este caso contra los presos políticos es muy común, ella citó el caso de Edwin Espinal, otro preso político de Tegucigalpa y quien está preso en el centro de máxima seguridad La Tolva, en El Paraíso.
Mery hace una definición importante del concepto de preso político, ella afirma que el Estado usa delitos comunes para acusar, encarcelar a personas por motivos políticos, pues las personas afectadas son encarceladas por esta en las protestas, y bajo esa lógica el Ministerio Público usa delitos comunes para judicializarlos.
Agurcia asegura que esto fue una estrategia del gobierno para desmovilizar las protestas, para sembrar miedo y mostrarle a quienes no coincidan con ellos que la mano del Estado puede ser dura contra ellos.
Pero las contradicciones no sólo se dieron en las propias declaraciones de Gudiel, sino también el subdirector del INP, German Mcniel, un hombre que tiene más seguridad que Gudiel, habla con mayor propiedad y sabe manejar sus posturas, sean estas verdaderas o falsas.
“No vamos a proteger a personas que puedan realizar cualquier tipo de acciones. Tenemos la autoridad moral para decirle que no vamos estar apañando situaciones. Yo estoy cien por ciento seguro que este tipo de situaciones no se han dado. Sin embargo, es necesario establecer las denuncias ante los entes correspondientes del Estado y es allí donde se determinará que han sucedió este tipo de acciones que hasta el momento no contamos con ningún tipo de denuncia formales del caso” – expresó el subdirector.
Mientras Gudiel afirmó tener conocimiento de la denuncia de los presos políticos, a los que ella no se atrevió a calificar así, tampoco lo hizo Mcniel, Germán dijo que no tienen denuncias de violaciones a derechos humanos dentro de los centros de máxima seguridad, e incluso se atrevió a apostar su cargo si la realidad se comprobara e indicara lo contrario.
“Inicialmente hacerles saber a esas personas que estuvieron en esta condición que bajo ningún precepto ellos fueron detenidos por ser presos o delitos políticos, ellos fueron detenidos por realizar actos vandálicos en diferentes zonas del país. Sin embargo, a las denuncias que hace mención es algo completamente falso en ningún momento a una persona se le niega la alimentación en el sistema nacional penitenciario. Y cuando se realiza el uso de la fuerza por parte de las autoridades del sistema penitenciario, es de una forma racional y proporcional a la situación que se presente, entonces otras personas podrán decir otro tipo de situaciones, pero las realidades son completamente distintas”, dijo Mcniel.
En realidad, alguno de los dos miente, uno dice que si hay investigaciones abiertas por ese caso y otro dice que no, las autoridades tratan de sostener una postura que garantice impunidad a quienes violentan la ley.
Mery Agurcia calificó esto como lamentable, ella cree que algún día se podrá hacer justicia, no pierde la esperanza aunque ésta sea tardía y aplicada por entes internacionales.
Pero mientras las autoridades desmentían las violaciones a derechos humanos, las víctimas seguían recordando el trauma generado durante esos cuatro meses de reclusión.
“Allí todo el mundo decía que éramos de la mara 18, también querían vincularnos con que éramos mareros, y cosas que no son así. Lo que me daba fuerza era pensar en Lourdes, mi mamá, mis hijos y mi familia; incluso los mismos internos nos daban ánimo y nos decían que la cárcel no comía gente, ellos nos decían miren que a ustedes se les echa de ver que no hicieron nada, ya van a salir sólo tengan paciencia”, contaba Melvin, mientras sus manos temblaban al intentar abrir una lata de vicks.
Melvin dijo que por suerte nunca tuvieron problemas con los demás internos, dijo que dentro de lo que cabe los trataban bien, asimismo aseguró que tenían que apartarse de cualquier conflicto y esperar que el tiempo pasara para que los sacaran de ese lugar.
Melvin y Francisco junto a sus demás compañeros dicen que en El Pozo era difícil obtener atención médica, y cuando los llevaban al doctor, eran militares que los trasladaban, en la clínica del centro les ponían una inyección para que se tranquilizaran, era Diazepam, y a ese medicamento le llamaban los internos como la amansa locos.
Los días pasaron, la rutina de ellos era levantarse esperar desayuno, tomar café, lavar ropa y luego ir a culto, el trato mejoró gradualmente luego que fueron trasladados de la celda de segregación a los módulos comunes.
A más de 200 kilómetros de distancia de Melvin se encontraba Lourdes, ella estaba en el centro penal de Tela, Atlántida, allá Lourdes también pagaba una pena de un delito que no cometió, del cual asegura tener pruebas de eso.
Lourdes contó que ella lloraba todas las noches, en el centro penal de Tela relató que el trato no era malo, la comida no era tan buena, pero al menos a diferencia de lo que cuenta su esposo, si les permitían visitas.
“A visitarme llegaron representantes de derechos humanos, organizaciones de mujeres, ellos entraban a la hora que fuera porque eran organizaciones, a veces llegaban dos veces a la semana y las demás internas me decían que yo iba a salir pronto porque era inocente, otras le decían que nunca iba a salir porque era el presidente quien nos perseguía y nos quería tener presos”, manifestó Lourdes.
La principal preocupación de Lourdes era sus hijos, ella no sabía cómo se estaban sosteniendo financieramente, hasta que le comentaban cuando la iban a visitar que varias organizaciones estaban dando donaciones a sus hijos para cubrir los gastos de ellos.
Pasaron cuatro meses bajo esa dinámica, la tristeza, el miedo, el trauma quedó sembrado en la mente y conducta de todos los detenidos, esa experiencia no la olvidarán y el daño psicológico es evidente, según las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los denominados presos políticos.
El día de la buena noticia por fin llegó, Melvin recuerda que un día apareció el abogado Tomás Andrade en El Pozo, y le preguntó por él y por los demás, les dijo que se cambiaran que ya iban para afuera, él no lo creía, pero al final resultó ser cierto.
Melvin dice que ese fue el momento más feliz, lágrimas rodaron por sus ojos y la desesperación de salir aumentó significativamente. La hora cero llegó, Melvin cumplió el chequeo de salida y por fin junto a sus demás compañeros de celda salieron al portón principal, en ese momento el abogado Samuel Madrid llegó a recibirlos, Madrid les comentó que sus familiares estaban a un par de cuadras del sector, en ese momento también el diputado Edgardo Castro llegó y los comunicó con Manuel Zelaya, quien les dio ánimo para que siguieran adelante.
“Mientras hablaba con Mel vi a mi mamá y solté el teléfono y salí corriendo a abrazarla, después llegó Lourdes, estábamos muy felices y lo único que yo deseaba era volver a mi casa, a mi pueblo y alejarme de la cárcel cuanto antes fuera posible”, recordó Melvin mientras seguía con la lata de vicks.
Lourdes, Melvin, Francisco y los detenidos de Pimienta, salieron en libertad provisional, el juicio en su contra continúa, el día que fueron liberados hubo fiesta en su municipio, fueron recibidos por la población, hubo caravana y alegría porque la gente estaba segura que se estaba cometiendo una injusticia.
Dos semanas habían pasado desde su liberación, Lourdes, Melvin y Francisco habían vuelto a su vida, a su rutina, a su familia. Las cosas ya no eran como antes, todo había cambiado.
Lourdes, Melvin y Francisco contaban sus testimonios en el patio de la casa donde ahora residen, una vivienda compartida, con poco espacio para ellos, sus parejas y sus hijos. Ellos recuerdan su negocio, el solar donde además tenían su casa, la única señal que quedó fue el rótulo con el nombre del establecimiento.
Lourdes y familia se sostienen por donaciones de organizaciones, personas solidarias y hasta políticos, algunos lo hacen cuando pueden, Lourdes dijo que agradecía públicamente a diputados como Sherly Arriaga, Edgardo Castro, Luis Redondo, Samuel Madrid y Eva Fernández, también a organizaciones canadienses, estadounidenses y europeas, porque en algún momento han llegado y les han entregado ayudas.
Melvin y Francisco tampoco tienen trabajo, Francisco quien trabajaba en mototaxi salió muy afectado anímicamente de la cárcel, ahora el principal problema que tiene es el miedo de salir a la calle y retomar su rutina.
“Miedo hay, miedo a la policía a que nos vuelvan a involucrar en algo que no hicimos, por ejemplo desde que salimos en estas dos semanas la persecución y hostigamiento continúa y por ahora hay que tener cuidado y esperar que nuestro proceso termine”, expresó Francisco.
Lourdes tampoco sale, y no lo hace por miedo, teme que le quiten su vida o la involucren en otro delito que no ha cometido, Lourdes asegura que cambiaron a Praxedes Mejía de la dirección policial, según información que ella posee a él lo ascendieron por capturarlos a ellos. –Él (Mejía) todavía viene a esta posta, él tiene poder de decisión en el sector, así como antes cuando estaba al frente no sólo de Pimienta, sino de Villanueva y otros municipios de este sector.
Ahora la posta policial de Pimienta, Villanueva y toda la zona está en manos del subcomisionado Johnson Flores, un hombre delgado, de estatura promedio y atento con los medios de comunicación. Flores habló sobre la realidad que vivió Pimienta durante las protestas.
Las visiones son distintas desde el punto de vista de quien la cuenta, para Mejía ellos como institución hicieron su trabajo, la vieron difícil y también enfrentaron situaciones peligrosas. – Para nosotros no era fácil enfrentarnos a tomas violentas, a personas armadas y que estaban dispuestas a hacer daño, relató sobre las tomas en La Champona.
El agente dijo que la Policía siempre tuvo un amplio compromiso por el respeto de derechos humanos, él se refirió también al papel de los militares en los operativos. – Ellos tienen autonomía, entre ambas instituciones nos colaborábamos cuando era necesario-
Y es que en Honduras es claro el poder militar, este grupo armado es la apuesta gubernamental, así lo ratifica el presupuesto general 2018, que prioriza la Seguridad y Defensa, que en los últimos cuatro años ha sido el de mayor crecimiento presupuestario y dentro de estos rubros, el gasto militar se impone, dice un informe elaborado a inicio de año por Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Durante las protestas los militares asesinaron, lesionaron, torturaron y detuvieron a manifestantes ilegalmente, así lo dice el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Johnson Mejía dijo que ellos nunca vieron una acción fuera del orden o del respeto a la vida por parte de los militares. Mientras Johnson lo decía, su lenguaje corporal denotaba duda y nervios, se notaba que algo de lo que decía no estaba bien fundamentado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron que en Pimienta y Villanueva, se dieron múltiples violaciones y detenciones ilegales, todo actualmente en la impunidad.
Johnson fue consultado sobre los detenidos, él aseguró que los acusados solo están siendo acusados por golpear a los policías, y quemar la posta, aseguró que hay pruebas. Asimismo, relató que durante las manifestaciones había integrantes de maras y pandillas en las tomas.
Y esa es una realidad que nadie puede negar en Honduras, las tomas de carretera concentraron una composición heterogénea de manifestantes, desde estudiantes, trabajadores, maestros, hasta pandilleros.
Pero Johnson mete en el costal a todos, a Lourdes y familia, él no se refiere directamente a ellos en específico, pero si los engloba al mencionarlos en este caso como los procesados o detenidos, el agente fue consultado por el negocio y la supuesta sospecha del jefe anterior de la zona de que allí se vendía droga o era propiedad de pandilleros.
Él afirmó que no tiene conocimiento de ello, que por primera vez escuchaba del negocio “Los amigos de Hojas”, por supuesto que también aseguró desconocer la reunión que Lourdes denunció tener con Praxedes. Flores negó cualquier tipo de persecución a los presos políticos, dijo que en la zona lo que hay son patrullajes de rutina para mantener la paz y seguridad.
Luego de la quema, la posta sigue en remodelación. Johnson asegura que se debe a un esfuerzo de la institución, institución que desde su óptica es benemérita y respetuosa de la ciudadanía.
En la cara de Melvin se nota su desilusión, su temor y desesperanza, Melvin por fin logró abrir su lata de vicks y dijo que ya no tiene esperanza en este país, aseguró que se quiere ir, también lo desea Lourdes y Francisco, el único obstáculo para hacerlo es terminar su proceso, ellos dicen que son inocentes y quieren demostrarlo.
Ellos afirman que ya no hay esperanzas en este país, las esperanzas y sueños acabaron con su encarcelamiento, ahora saben que no conseguirán trabajo, nadie les dará trabajo porque su expediente judicial está manchado, tampoco pueden tener acceso a un crédito, ellos no ven su futuro en Honduras, lo ven afuera de ella.
El abogado Tomás Andrade dice que el caso de ellos continúa, actualmente presentaron un recurso de apelación y están a la espera del mismo, mientras eso sucede la causa puede incluso llegar a juicio oral y público a cierre de año.
Andrade lamenta lo que han vivido todos los presos políticos, dice que el Estado además de encarcelar, criminalizar injustamente, violentó los derechos humanos de estas personas, les causó sufrimiento físico y mental, los daños psicológicos son irreversibles, por tal razón dijo que no hay una política para devolver a las víctimas lo que se les ha quitado, y no la hay porque es el mismo Estado el que los persigue.
Tomás aseguró que es importante la labor que hacen estas organizaciones de acompañamiento a las víctimas, para en primer lugar defenderlos ante la persecución y segundo iniciar los protocolos de una denuncia internacional para castigar a los responsables y aplicar justicia.
El abogado y defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez, aseguró que el papel de los órganos de investigación en el país es lamentable, criticó el papel de la propia Secretaría de Derechos Humanos, también el de la Fiscalía de Derechos Humanos, entes que lejos de defender la integridad de personas como Lourdes, Melvin y Francisco las criminaliza.
Flores dice que el Estado se une no para defender sino para acusar y procesar, y es un problema que viene desde hace varios años, Wilfredo citó el ejemplo de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos por acompañar la lucha estudiantil contra la privatización de la educación en el 2016.
Al finalizar su testimonio, Lourdes se sentó al lado de su esposo, ambos limpiaban sus lágrimas y pedían a la vida una nueva oportunidad, una oportunidad para salir libres del proceso y una oportunidad para irse de un país en el que su gobierno les arrebató su opción de elegir, su libertad y sus sueños.
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